La imputación de un expresidente del Gobierno exige una arquitectura jurídica sólida. No obstante, no hay que olvidar que se trata de una garantía procesal para el investigado. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, ha construido su instrucción sobre informes policiales que trazan un exhaustivo mapa de relaciones y flujos de dinero. El sumario del ‘caso Plus Ultra’ dibuja una estructura jerarquizada en la que José Luis Rodríguez Zapatero ocuparía, según los investigadores, el vértice, secundado por su amigo el empresario Julio Martínez Martínez.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha documentado transferencias millonarias y ha reconstruido la cronología del rescate a la aerolínea, pero la vinculación directa del expresidente se sostiene, hasta el momento, sobre referencias de terceros y secuencias temporales que los investigadores interpretan como instrucciones tácitas cuyo contenido y canal no ha sido demostrado.
La búsqueda de la orden directa
La propia UDEF aborda esta particularidad en el informe remitido al juez el 14 de mayo, apenas cinco días antes de registrar la oficina del expresidente en la calle Ferraz. Los agentes solicitaron la entrada y registro argumentando la necesidad de determinar “los canales de comunicación a través de los cuales José Luis Rodríguez Zapatero transmite sus órdenes”, ya que en el material intervenido hasta esa fecha no existían conversaciones directas en las que el expresidente impartiera directrices a la trama.
Lo que los informes recogen son diálogos entre terceras personas donde su figura opera como un aval en la sombra. “Nuestro pana Zapatero detrás” o “Camilo estuvo hoy con Zp” son algunos de los mensajes intercambiados por los accionistas de Plus Ultra, Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola, mientras esperaban los 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
El elemento documental que más se aproxima a una comunicación directa es un mensaje recibido por Julio Martínez el 31 de julio de 2021, tras lograr que el jefe de la aviación civil venezolana autorizara dos vuelos de la aerolínea. Un contacto guardado en su agenda como “Z” le escribió: “En tiempo y forma. Exitosa gestión…”. En varios de sus informes, la UDEF atribuye el mensaje a Zapatero, pero en otro documento remitido al juez expone que el registro de su oficina es crucial para confirmar su identidad en esta conversación. El auto del magistrado incorpora el mensaje sin asignarle explícitamente la autoría.
El rastro financiero y las facturas cruzadas
Si las comunicaciones directas son esquivas, el rastro del dinero documentado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) en febrero de 2026 ofrece una radiografía milimétrica. Hacienda cifra en 4.079.799 euros los ingresos familiares del matrimonio Zapatero-Espinosa entre 2020 y 2025, calculando que el 61% procede de mercantiles ahora bajo la lupa del instructor.
La consultora Análisis Relevante, administrada por Julio Martínez y proveedora de Plus Ultra, transfirió 490.780 euros a las cuentas del expresidente y 239.755 euros a Whathefav, la agencia gestionada por sus hijas. A esto se suman los 352.980 euros enviados al exjefe del Ejecutivo y los 171.727 euros a Whathefav desde Gate Center, el think tank cuyo consejo asesor preside él mismo. El grupo Thinking Heads — ligado a Gate Center a través de su CEO, Daniel Romero Abreu— abonó 681.318 euros a Zapatero y 12.297 euros a sus hijas.
El magistrado sitúa estos pagos como el posible retorno económico de las gestiones de influencia. La hipótesis policial se apoya también en el papel de Inteligencia Prospectiva, una sociedad sin actividad real conocida que, bajo la administración de los hermanos venezolanos Amaro Chacón, movió más de 2,6 millones de euros en cinco años. Esta mercantil inyectó 561.440 euros en Whathefav y 266.200 euros en Gate Center. La UDEF cuestiona la naturaleza de los trabajos realizados por la empresa de las hijas de Zapatero —en cuyas cuentas bancarias aparece como autorizado—, argumentando que sus labores de maquetación de informes poseían una “escasa entidad técnica” y podrían enmascarar una contraprestación.
Zapatero ha defendido ante la comisión del Senado que los cobros de Análisis Relevante correspondían respondían a servicios reales de consultoría, y Talking Heads ha hecho lo mismo en un comunicado en el que afirma que los pagos al expresidente corresponden a una “prestación de servicios efectiva y acreditable”. La propia unidad policial aísla 1.569.502 euros recibidos por la familia Zapatero desde firmas como Kreab, Focus Social Research o ChinaLink Asia Holdings, vinculando estos ingresos concretos a actividades profesionales.
Un Excel y una sociedad en Dubái
En una entrevista con Carlos Alsina, Zapatero aseguró el pasado marzo desconocer quiénes eran los clientes de Análisis Relevante “al no formar parte de la estructura de la empresa”. El sumario documenta que el 6 de julio de 2021 envió a Julio Martínez dos archivos con nombres y contactos de personas físicas y jurídicas. La UDEF emplea este envío para justificar la posición directiva del expresidente en el entramado, si bien el propio informe policial matiza que, con la información disponible, solo tres de las sociedades citadas mantienen vínculos contractuales probados con la sociedad.
La constitución de una sociedad offshore en Dubái, Landside Middle East FZCO, tensa aún más las inferencias de la investigación. La cronología que maneja el juez arranca el 19 de enero de 2021, cuando la sociedad alicantina Idella Consulenza Strategica firmó un contrato con Plus Ultra que le garantizaba una comisión del 1% del rescate público en caso de aprobarse, lo que equivale a 530.000 euros. Una semana después, la secretaria de Zapatero y uno de sus escoltas gestionaron una reserva a nombre de Julio en el restaurante madrileño Portonovo. Al día siguiente, el empresario recibió un correo de su interlocutor con instrucciones para abrir una empresa en Emiratos Árabes Unidos, que comenzaba así: "Siguiendo con lo conversado en el día de ayer…". No se señala que Zapatero o su secretaria estuvieran presentes en esa conversación. Pero, tal y como reveló infoLibre, ocho días después de que el Consejo de Ministros aprobara la inyección a la aerolínea, la sociedad quedó formalmente registrada en Dubái.
El magistrado Calama infiere de esta secuencia que las instrucciones para crear la sociedad instrumental “parten necesariamente” de Zapatero. Es una deducción fundamentada en la proximidad temporal de los hechos y en correos de terceros, no en un documento firmado o un audio intervenido al expresidente, ni en la titularidad o accionariado de la empresa de Dubái, que se desconoce.
Los favores paralelos: el comisario y Venezuela
La arquitectura de influencias que describe el juez Calama no se limitaba a buscar los 53 millones de euros para la aerolínea. El descubrimiento fortuito del chat denominado “Danilo-España”, intervenido en octubre de 2024 en el despacho del abogado Miguel Palomero, abrió una vía paralela en la investigación. Las conversaciones exponen la presunta relación económica entre el empresario venezolano Danilo Díazgranados y un contacto identificado como “Zorro”, “Z” o “ZZZ”, que los investigadores asignan a Zapatero.
Según la Fiscalía Anticorrupción, tras la detención por falsedad documental de un hijo de Díazgranados en el aeropuerto de Barajas en mayo de 2019, la trama activó sus engranajes para limpiar el expediente policial y las bases de datos de la embajada estadounidense. El rastro documental incluye un pago de 7.000 euros en marzo de 2020 al entonces comisario jefe del aeropuerto, Jesús María Gómez Martín, quien fuera el máximo responsable policial en Barajas durante el conocido como ‘Delcygate’. Un mes después de ese pago, Díazgranados ordenó transferir 20.000 euros a Whathefav en concepto de “asesoría de mercadeo”. Para el Ministerio Público, estas transferencias hacia el entorno de Zapatero coinciden cronológicamente con la consecución de favores en España, incluyendo una supuesta intermediación ante ejecutivos de Repsol para lograr contratos de distribución en Venezuela, que la compañía niega.
Calama ha abierto dos piezas separadas de la investigación en las que ha incluido los informes policiales que se centran en estos hechos. Las nuevas piezas son secretas y no se conoce su contenido —tampoco el de los informes— pero la secuencia, así como el hecho de que esta variante no se desarrolle en el auto del juez en el que imputa a Zapatero, apunta a que estos hechos se investigan en paralelo.
El “maquillaje” contable frente a los auditores
El encaje penal de estos hechos recae sobre la figura del tráfico de influencias, un delito de mera actividad. El juez Calama recuerda que la infracción se consuma con el simple acto de intentar influir sobre un funcionario o autoridad para obtener un beneficio. No es necesario que la presión tenga éxito, ni que la resolución administrativa buscada sea injusta o ilegal.
Pese a ello, la legalidad del rescate es uno de los campos de batalla de la instrucción. El Tribunal de Cuentas auditó en septiembre de 2024 el expediente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y concluyó, basándose en informes externos, que el organismo cumplió las normas procedimentales.
Qué se sabe y qué no del rescate a Plus Ultra que persigue al expresidente Zapatero
Sin embargo, un perito judicial independiente convocado en los compases iniciales de la causa apuntó a que la aerolínea ya se encontraba en situación de insolvencia antes de la pandemia, lo que la inhabilitaría para recibir la inyección. Para ocultar esas pérdidas, la compañía habría utilizado un préstamo de 6,3 millones de euros de la firma panameña Panacorp. La sospecha toma forma en un audio de diciembre de 2020 intervenido a Roberto Roselli, consejero delegado de Plus Ultra. Al comentar las dudas de la SEPI sobre esos fondos inmovilizados. El directivo aseguraba a sus socios que redactarían unos documentos para aplicar “un poco más de maquillaje” y que luego ya verían cómo lo hacían para mover el dinero.
La “lógica alerta” del investigado
Para la Audiencia Nacional, la legalidad de los 53 millones acaba siendo secundaria frente a la intencionalidad de las gestiones. La instrucción pasa en los próximos meses por el análisis de los correos y las agendas físicas incautadas en Ferraz 35, buscando mensajes o reuniones que transformen las deducciones en una prueba directa.
Esta búsqueda choca con un obstáculo que la propia Fiscalía Anticorrupción reconoció en su informe del 18 de mayo. Al oponerse al registro del domicilio particular de Zapatero —medida que la UDEF sí solicitaba—, el Ministerio Público argumentó que los meses de intensa cobertura mediática y la comparecencia del expresidente en el Senado habían destruido el factor sorpresa. Los investigadores asumen que ese ruido prolongado ha generado “la lógica alerta en su entorno más íntimo”, un aviso previo que, según los investigadores y la Fiscalía, podría haber dado a la presunta trama un margen temporal crucial para blindar sus comunicaciones antes de la llegada de los agentes.
La imputación de un expresidente del Gobierno exige una arquitectura jurídica sólida. No obstante, no hay que olvidar que se trata de una garantía procesal para el investigado. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, ha construido su instrucción sobre informes policiales que trazan un exhaustivo mapa de relaciones y flujos de dinero. El sumario del ‘caso Plus Ultra’ dibuja una estructura jerarquizada en la que José Luis Rodríguez Zapatero ocuparía, según los investigadores, el vértice, secundado por su amigo el empresario Julio Martínez Martínez.