Por qué no entendemos que tanto una familia rica como una pobre cobren la nueva prestación por crianza

Doscientos euros al mes por hijo hasta los 18 años. Es el objetivo que se han marcado desde Sumar para negociar con el ala socialista del Gobierno en el mes de junio, con el objetivo de que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) incluyan esta prestación universal a la crianza. Así lo anunció la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el pasado martes, una idea que refrendó tan sólo 24 horas después el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. "Creo que es una deuda democrática con las familias, el poder facilitar y favorecer las condiciones para que los niños y las niñas en España crezcan con igualdad de oportunidades y con derecho al bienestar", señaló. Las organizaciones de infancia aplaudieron rápidamente la medida —propuesta por Ione Belarra (Podemos) en 2021 para los menores de 3 años—, recordando de hecho que es una prestación que llevan años exigiendo. Y además, tal y como se plantea: con carácter universal.

Todavía falta tiempo para que el anuncio sea efectivo. Y dependerá de que haya acuerdo entre las dos patas del Gobierno. Por eso Bustinduy anunció este miércoles que la prestación tendrá un antecedente en la Ley de Familias, actualmente en tramitación parlamentaria. En concreto, consistirá en una renta de 100 euros al mes por hijo durante sus tres primeros años de vida. "Pero esto es sólo un primer paso", aclaró el ministro. Desde su departamento explican a infoLibre que esta primera medida consistirá en unificar la deducción del IRPF a la que tienen derecho las madres trabajadoras o que cobran una prestación por desempleo —que es de 100 euros— con el complemento de infancia del Ingreso Mínimo Vital que reciben las madres en situación de vulnerabilidad económica. Es, en síntesis, unificar lo ya existente. Por eso es importante, recalcan también las mismas fuentes, seguir trabajando hasta la aprobación de esa prestación universal.

Sobre todo en nuestro contexto. Según el último informe de Unicef, presentado el pasado mes de febrero, España continúa siendo el país con los peores datos de pobreza infantil de toda la Unión Europea. En concreto, uno de cada cuatro niños y niñas de los países de nuestro entorno —unos 20 millones— está en riesgo de pobreza o exclusión social. De ellos, más de dos millones (el 28% de toda la población infantil y adolescente) viven en España. Save the Children, tras un análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, calculó por su parte que un 28,9% de los menores de 18 años se encuentra en esta situación. La pobreza en general, detalló la organización, se sitúa en cambio en el 20,2%.

"El desempleo desciende y la economía funciona e incluso crece, pero aun teniendo ese contexto la pobreza infantil no deja de empeorar", lamenta Gabriel González-Bueno, especialista en políticas de infancia de Unicef España. "Los datos reflejan que las medidas que se han ido implementando hasta ahora no han sido eficaces", añade Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política de Save the Children.

Por eso celebran el anuncio de Bustinduy. "Todas las organizaciones de infancia lo veníamos diciendo desde hace años. La manera de avanzar en el apoyo a la crianza en nuestro país es a través de una renta universal que permita que las familias puedan criar a sus hijos en condiciones adecuadas", continúa la experta de Save The Children. Según los datos de su organización, el coste de tener un hijo en España actualmente asciende, de media, a 672 euros al mes, una cifra que en 2018 era un 14,5% más baja.

Universal o progresiva

Ninguno de los expertos consultados pone un pero al anuncio. Aplauden, de hecho, que se ejecute como una prestación universal y no como una ayuda focalizada exclusivamente a las familias de rentas más bajas. El debate ha surgido otras veces. Por ejemplo, cuando infoLibre destapó que el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, percibía un bono de calefacción para "consumidores vulnerables" únicamente por el hecho de que su familia es numerosa, la misma razón que permitió que Mónica García, ahora ministra de Sanidad, recibiera la misma ayuda. Tras conocerse, la vicepresidenta Teresa Ribera anunció un cambio legal para que la condición de familia numerosa no diera per se derecho a la ayuda, sino que esta estuviera sujeta a la renta.

Pero este caso es diferente, según defienden los expertos y el propio Ministerio de Derechos Sociales. A preguntas de infoLibre, desde el departamento de Bustinduy argumentan que "una prestación universal es un derecho social" y que "la política social debe ser universal". En otras palabras, concretan, el ministro de Derechos Sociales "defiende que lo público debe garantizar condiciones de bienestar para toda la sociedad, independientemente de la coyuntura que haya".

Marga León, catedrática de Ciencia Política en la Universitat Autònoma de Barcelona, coincide. "El bono térmico reconoce que hay una subida de las facturas eléctricas que no todo el mundo puede pagar. Se trata de una prestación focalizada. La prestación por crianza, en cambio, reconoce que tener hijos tiene unos costes que son para todos. La lógica es diferente", sostiene. Y lo compara con la sanidad, la educación o las pensiones públicas. "Acceder a ello no es algo que necesiten unas familias sí y otras no", continúa. Que sea universal, incide, asegura que recibe la ayuda quien más la necesita. En este caso además, señala el experto de Unicef, llega a los niños y niñas.

Y luego para que funcione de manera adecuada deben adoptarse otras medidas en paralelo. Según explican desde Derechos Sociales, el objetivo es "que los que más tienen paguen más impuestos y usar esos impuestos para financiar esta prestación". "Se puede dar a todo el mundo, pero luego hay que redistribuir la ayuda vía impositiva", coincide León. Una cosa debe ir de la mano de la otra, sobre todo porque hasta ahora esa redistribución no ha funcionado.

Lo admite el propio Plan 2050 del Gobierno: la desigualdad se alimenta de la "insuficiente capacidad recaudatoria y redistributiva" de un país en el que el sistema de protección concede "un menor peso relativo a las transferencias que más benefician a los colectivos más pobres, como ayudas a la vivienda, infancia o inclusión social". El quintil más rico recibe más transferencias (30%) que el más pobre (el 12%).

Pasa también con las becas educativas. Así lo denunció un estudio de EsadeEcPol que reveló que tan sólo cuatro de cada diez del 20% de hogares con menos recursos recibe alguna beca. Dicho de otro modo: seis de cada diez familias con menos recursos no tiene ningún tipo de ayuda educativa. Un 60%. Del lado contrario, del 20% de familias con mayor capacidad económica, el 13% recibe alguna.

El difícil acceso de los más vulnerables

El estudio de Esade buscaba motivos por los que eso ocurría. Y citaba la falta de información y el difícil acceso como las principales barreras. Y este es, precisamente, otro argumento que utilizan los defensores del carácter universal de la prestación de la crianza.

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La Plataforma de Infancia, en este sentido, defiende este tipo de ayudas porque "eliminan la barrera de acceso que supone la burocracia a la que se enfrentan las personas que quieren solicitarla". Y pone como "ejemplo claro" el Ingreso Mínimo Vital. Según los últimos datos de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, sólo el 20,8% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado de esta prestación, un dato que achacaban al "laberinto burocrático" para solicitar la ayuda.

González-Bueno alude a algo más: así no sólo se combate la pobreza infantil, sino que se prevé. Porque según lamenta, nunca ha habido políticas destinadas a los más pequeños.

Otros países ya nos llevan la delantera. En concreto, y según un informe publicado por Save The Children en 2021, diez países de nuestro entorno tienen una prestación universal por crianza que no tiene en cuenta la renta de las familias: Alemania, Austria, Holanda, Suiza, Reino Unido, Irlanda, Noruega, Suecia, Finlandia y Polonia. Y allí, según los datos, las tasas de pobreza infantil no son tan elevadas.