España es el segundo país europeo más restrictivo para pedir asilo

El número de peticiones de asilo en España alcanzó en 2012 su mayor declive en 25 años. La Oficina de Asilo y Refugio recibió un total de 2.580 peticiones, de las que solo 220 se convirtieron finalmente en estatutos de refugiados. Así lo confirman los datos del informe anual que ha elaborado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear), en vísperas del día internacional del refugiado, una organización que se encarga de examinar el nivel de protección internacional que ofrece España a las personas que están forzadas a abandonar su país de origen.

“Es un dato preocupante porque demuestra una tendencia que se está agudizando desde que se aprobó en 2009 la Ley de Asilo”, ha apuntado el portavoz de CEAR José Antonio Rubio.

El informe sitúa a las estadísticas españolas por debajo de las cifras europeas. En España se registran 55 peticiones de asilo por cada millón de habitantes frente a los 660 millones de la media europea, lo que coloca a nuestro país en el penúltimo puesto de los países comunitarios, solo por encima de Portugal. Mientras el número de solicitudes de protección internacional creció en un 10% la mayor parte del territorio comunitario, por el contrario en España e Italia, el resultado fue una reducción del 25% y el 53,94% respectivamente, lo que demuestra una "gran falta de compromiso de asistencia a este colectivo", según denuncia Cear

Los gendarmes de Europa

No es casual que España, Italia y Grecia, que son los países comunitarios que lindan con regiones vulnerables a conflictos como África y Oriente Próximo hayan sufrido el mayor descenso de peticiones de asilo. “Hemos adoptado el rol de gendarmes europeos en cuanto al control de los flujos migratorios”, asevera José Antonio Rubio.

Los hechos hablan por sí solos. El férreo control fronterizo en los países más meridionales de la zona comunitaria junto al levantamiento de muros, vallas y otros dispositivos de control y vigilancia y el reforzamiento del papel del Frontex (la Agencia Europea de Fronteras Exteriores), son algunas de las restricciones que se encuentran personas que huyen de situaciones extremas en sus países en busca de un futuro más seguro en Europa. La falta de información y la carencia de intérpretes y de asistencia jurídica especializada dificulta a muchos refugiados la presentación de solicitudes de asilo en las fronteras. A esto se suma el endurecimiento de las sanciones a transportistas, lo que explica, según José Antonio Rubio, que "cada vez se elijan rutas más peligrosas para acceder a Europa" y aceleran "la proliferación de las redes de tráfico de personas".

En este sentido, el informe denuncia la ausencia de protección a víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual. El pasado año, la Oficina de Asilo y Refugio denegó la posibilidad de asilo a mujeres procedentes de Nigeria, República Democrática del Congo y Mali entre otros países, alegando que no cumplían los requisitos de protección internacional. Cear denuncia que las instituciones gubernamentales pasan por alto que la Ley de Asilo regula, entre otros casos, la persecución por género.

Para la organización es preocupante la "inactividad de la Oficina de Asilo" ante las solicitudes de apatridia, que en su inmensa mayoría proceden de ciudadanos saharauis. Rubio ha explicado que esta postura "desoye a la Audiencia Nacional", que ha dictado cerca de 30 sentencias favorables a reconocer la apatridia de estas personas, y al Tribunal Supremo, que se ha pronunciado dos veces en este sentido.

Las ciudades-cárceles

Solo en Ceuta el número de extranjeros que consiguió llegar hasta la frontera registró "un alarmante descenso" del 15% en el año 2012. Las vallas de separación en ambas ciudades autónomas y la colaboración de Marruecos y Argelia en el control fronterizo dificultan cada vez más la llegada de personas refugiadas a lo que la organización define como "ciudades-cárceles". Una vez superan la frontera, muchos inmigrantes son obligados a permanecer en grandes centros de internamiento donde se les prohíbe trasladarse a la península, mientras se tramitan sus expedientes o se formalizan sus expulsiones.

Junto al blindaje fronterizo en España, la disminución de asilo a refugiados se explica, por otra parte, por la práctica sistemática de repatriaciones que en 2012 dieron un balance total de 26.457 personas expulsadas. 

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La desigualdad en el procedimiento 

La desigualdad en el procedimiento dependiendo de si se lleva a cabo en puntos fronterizos o en el interior del territorio, también queda patente según los datos que aporta Cear. El informe detalla que el 95% de las personas que solicitaron protección internacional en territorio tuvieron más opciones de ser admitidas a trámite que aquellas que lo hicieron en Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), donde solo el 44% fueron admitidas. La responsable del área jurídica de CEAR, Paloma Favieres, destaca que "la ley permite denegar directamente la petición en estos lugares". De hecho, ha añadido, conseguir la admisión en un CIE "es misión imposible" hoy día.

La asociación denuncia que el acceso a la protección "viene determinado por el lugar de petición, más que por lo que se alegue cómo se alegue y la documentación que se aporte".