Día Internacional contra la Explotación Sexual

Explotación sexual: un problema de "muy difícil" persecución y una legislación "confusa y problemática"

Cartel contra la violencia machista.

Hace 18 años que la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres marcaba el 23 de septiembre como el Día Internacional contra la Explotación Sexual. Un fenómeno que no entiende de fronteras y que se ceba diariamente con miles de mujeres, niños y niñas. Una realidad que pese a su evidente gravedad las autoridades se ven incapaces de combatir. "En efecto, la lucha contra la prostitución abusiva es de muy difícil persecución en España, principalmente por ser atípico el denominado proxenetismo consentido que constituye el escudo protector de tratantes de mujeres de extrema vulnerabilidad para ser explotadas sexualmente", así se expresa la Fiscalía General del Estado en su última memoria anual. No es la única crítica por parte de organismos oficiales. El 70% de los jueces y magistrados demandan mayores esfuerzos policiales y judiciales para perseguir y atender los delitos de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, según un estudio realizado por los investigadores de la Universidad Pontífica Comillas ICAI-ICADE.

En su documento, el Ministerio Público contabiliza un total de 366 mujeres y un hombre transexual víctimas de trata con fines de explotación sexual a lo largo del año 2016. De entre ellas, 28 eran menores de edad, aunque al cierre de la memoria "quedan pendientes de reseñar un número superior todavía indeterminado". Una última víctima fue identificada, finalmente, como mayor de edad y con discapacidad intelectual. Las víctimas, que provienen de 16 países distintos, son en su mayoría de origen nigeriano (212), rumano (43), chino (38), brasileño y boliviano (15 ambos).

Según datos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente del Ministerio del Interior, España acumula un total de 4.430 víctimas de explotación sexual entre los años 2012 y 2016, tal y como recoge el diario El País.

Por otro lado, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) recuerda en su último informe, publicado en marzo de 2017, que "España está en el punto de mira del comercio de explotación sexual de mujeres, y se sitúa como uno de los países con más hombres que pagan por sexo: el tercero del mundo". Además, la ONU estima que hoy los niños y niñas representan un tercio de las víctimas detectadas y de cada tres menores víctimas, dos son niñas y uno es niño. De hecho, subraya la asociación, el 62% de las mujeres fueron iniciadas en la prostitución siendo menores de edad.

El silencio de las víctimas

El principal problema que detecta la Fiscalía en la investigación de este tipo de delitos es la situación de vulnerabilidad que padecen las víctimas, de la que se deriva una habitual negativa a declarar contra sus proxenetas.

"La mayoría de las mujeres –desde su primera declaración o retractándose en momento posterior– apoya las versiones de los proxenetas bien por miedo a sufrir cualquier tipo de represalias en su persona o en sus familiares en los países de donde proceden, bien por temor a ser deportadas", señala el Ministerio Público en su memoria. La principal consecuencia es que "un buen número de los procedimientos incoados fenece apenas se recibe declaración a la víctima o tras breve tramitación, sin poderse acreditar las verdaderas condiciones en que ejerce su actividad".

Rocío Nieto, directora de APRAMP, afirma coincidir con el diagnóstico de la Fiscalía. Que la víctima denuncie su experiencia "es exigir demasiado a la mujer", relata Nieto en conversación con infoLibre. Por ello, su asociación apuesta por que "no solamente las que denuncian sean contempladas, sino las que no denuncian y también quieren salir". Hay que tener en cuenta, reitera, en que muchas veces estas mujeres es a sus parejas o familiares a quien tienen que señalar. La situación "está tan sumamente bien organizada, que es muy fácil entrar pero muy difícil salir", expone Nieto. Por ello, la labor de APRAMP se basa en "conectar con ellas" mediante el trabajo de doce mujeres, que actúan como intermediarias, y que son supervivientes de la trata. "Van, las buscan, se acercan, las mantienen informadas y les explican cuáles son sus recursos y qué pueden hacer", para lo que disponen de un piso de protección al que pueden acceder estas víctimas y toda una serie de talleres y actividad formativa para caminar hacia su integración.

Buscar la trata en la prostitución

Para detectar el foco del problema, resulta fundamental saber dónde buscarlo. Así al menos lo entiende Laura Nuño, directora del Observatorio de Igualdad de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. "Si voy a buscar víctimas de trata con fines de explotación sexual, tendré que ir a los lugares donde se produce la explotación sexual", explica la experta, "porque el delito hay que perseguirlo allí donde se produce". Por ello, continúa, la explotación con fines sexuales "tiene que ver con donde están, y ese lugar es el mercado prostitucional".

Ana Rebollar, directora adjunta de Amnistía Internacional España, insiste en la necesidad de diferenciar entre "trabajo sexual y explotación". En un contexto en el que "las trabajadoras sexuales" están siendo "un colectivo marginado, discriminado y vulnerable", se hace necesaria "la protección frente al abuso de derechos humanos". Rebollar explica en conversación con infoLibre que estas mujeres se encuentran "obligadas a vivir al margen de la ley" y a padecer todo tipo de "violencia física y sexual a manos de sus clientes, policía, familiares y miembros de sus comunidades", además de no poder disfrutar "de los derechos económicos, sociales y culturales" que les corresponden.

La protección frente al abuso, señala Rebollar, "es escasa o inexistente" por lo que "este colectivo no tiene protección por vía judicial y mucho menos medios de resarcimiento". Los gobiernos, considera, "tienen que asumir un papel". Este papel debe basarse, explica la activista, en "eliminar todas las regulaciones penales y de carácter punitivo del trabajo cuando es consentido entre personas adultas y no hay explotación".

Rocío Nieto reconoce no estar del todo de acuerdo: "El llamado trabajo sexual no es trabajo". En todo caso, Nieto se inclina por no avivar el debate para zanjar que "las que son libres, que lo sean, pero las que no lo son están en una situación de miseria". Una "actividad al margen" del ámbito laboral, por tanto, deja muy pocas opciones para las mujeres que la ejercen, y en APRAMP lo saben bien. Con un contacto diario de entre 200 y 250 mujeres, Nieto puede afirmar que "la mayoría dice no, yo no quiero estar pero no me queda más remedio". 

Marco legal

En España, denuncia Ana Rebollar, "el marco jurídico es confuso y problemático". "Hay un vacío legal que ha sido sustituido por un desarrollo de diversas ordenanzas municipales", que no consiguen cubrir "la falta de legislación" a nivel estatal. El principal problema, añade, es que toda la legislación persigue "controlar el trabajo sexual en la calle a través de normas de convivencia que no velan por el bienestar de las trabajadoras ni protegen a un grupo vulnerable". La consecuencia, subraya, es que se está "empujando a las trabajadoras sexuales a polígonos, en un contexto muy vulnerable, donde están siendo constantemente multadas y hostigadas por la policía". Por contra, critica la activista, "es totalmente opaco" lo que está ocurriendo en los clubes o pisos, y se desconoce "qué situación de explotación pueden estar ocurriendo" en ellos porque "no hay voluntad política para ir un poco más allá".

En el año 2015, España llevó a cabo una reforma del actual artículo 187.1 párrafo segundo del Código Penal, según la cual "se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma". El artículo establece como explotación todo acto en el que "la víctima se encuentra en una situación de vulnerabilidad personal o económica" y en el que "se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas".

Sin embargo, el informe del Ministerio Público reconoce que la reforma operada "ha sido patentemente ineficaz" ya que "durante todo el año 2016 no ha prosperado un solo procedimiento" por delito del citado artículo.

La reciente modificación del marco legislativo español no parte de una situación de vacío normativo, sino que a ella le preceden una serie de reglamentos internacionales. El Convenio de Naciones Unidas para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, fechado en el año 1948, contempla la existencia de explotación sexual aunque exista consentimiento de la víctima. También lo hace la resolución aprobada por el Parlamento Europeo en el año 2006, que insta a luchar contra la idea de que la prostitución es equiparable a un empleo, o el Convenio sobre Lucha contra la Trata de seres humanos del Consejo de Europa de mayo de 2005 y la Resolución de Naciones Unidas sobre trata de mujeres y niñas de 2007.

Asimismo, el Protocolo de Palermo del año 2000 establece que el consentimiento dado por la víctima no se tendrá en cuenta cuando se haya demostrado el recurso de medios ilícitos, tales como el uso de la fuerza, el engaño o el abuso de poder. La vulnerabilidad es también un factor importante, de forma que se entiende que un niño no puede consentir en ser objeto, quedando excluida toda posibilidad de consentimiento cuando la víctima es menor de 18 años. 

Laura Nuño no se muestra en absoluto sorprendida de los nulos resultados de la reforma. "El problema es que se junta trata y tráfico", de modo que "a la hora de perseguir el delito se prioriza el tráfico, que es un problema de fronteras, sobre el de trata, que es un problema de derechos humanos", explica. La realidad demuestra que el tráfico sirve para traer a las mujeres de forma ilegal al país, y una vez en él lo usan para practicar la trata, así que "cuando se detecta, se interviene y lo primero que se ve es que esa mujer ha entrado ilegalmente". Llegadas a este punto, gran parte de las víctimas de trata y tráfico "tienen que demostrar una situación de trata para que no se las deporte", por lo que "las instituciones desconfían". Muchas mujeres, lamenta Nuño, acaban siendo finalmente deportadas y una vez en sus países de origen entran de nuevo en la red. Por ello, considera, "cuando se interviene hay que partir de que es una situación de trata y dejar el tráfico en un segundo plano".

Trata, explotación sexual y prostitución: algunas respuestas sobre un debate enquistado

Trata, explotación sexual y prostitución: algunas respuestas sobre un debate enquistado

Más sobre este tema
stats