El gasto social en España favorece a clases medias y jubilados: ¿deberían vincularse todas las ayudas a la renta?

En España las familias de clase alta que tienen tres o más hijos pueden beneficiarse de ayudas y subsidios a los que no tienen acceso hogares vulnerables con menor descendencia. Las familias numerosas acceden a descuentos en el transporte público, exención o reducción de tasas, deducciones fiscales, prestaciones económicas y bonificaciones a la Seguridad Social, sin atender a que la renta familiar sea de 25.000 euros anuales o de 100.000. Todas ellas, sin excepción, tienen derecho a beneficiarse de esas ayudas. 

En plena escalada de los precios de la luz, estas familias también pueden acceder al bono social eléctrico, lo que ha puesto en alerta a FACUA, la asociación de consumidores. "Hay millonarios que pueden beneficiarse del bono social eléctrico por ser familias numerosas y gente con pocos recursos que quedan fuera. El Gobierno debe acometer una reforma de calado para que millones de consumidores accedan a descuentos de al menos el 50% en sus facturas", denunciaba recientemente su portavoz, Rubén Sánchez.

El informe del Centro de Política Económica de Esade, elaborado por Elisenda Jové, María Teresa Costa y Elisa Trujillo, titulado 'Cómo abordar la pobreza energética en España', recomienda que este bono social incluya "factores correctores" en función del nivel de renta, el número de miembros del hogar, las condiciones de la vivienda y la zona climática en la que se reside, además de la simplificación de los trámites y requerimientos de documentación para su acceso.

En este contexto, el debate que se plantea es si debería fijarse un tope máximo de renta para evitar que familias en buena situación económica se beneficien de estas ayudas. En opinión de Juan Luis Jiménez, doctor en Economía y Profesor Titular en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el ejemplo del bono de electricidad es un caso "de manual" de cómo no establecer un descuento. A su juicio, el sistema de ayudas debería ser "progresivo", al igual que sucede con los impuestos. "Quien más lo necesite, que reciba más (y viceversa)", sostiene en declaraciones a infoLibre.

Pero las familias numerosas no son el único grupo que se puede beneficiar del gasto social sin importar su nivel de renta. Otros colectivos como los mayores de 65 años (a veces de 60) también cuentan con importantes rebajas en el transporte público, gastos farmacéuticos, viajes, actividades culturales e incluso en los planes de vivienda y cotizaciones sociales. La renta, en este caso, también vuelve a quedarse fuera de la ecuación. "Que el transporte siga siendo prácticamente gratuito no tiene sentido, solamente se puede justificar desde la perspectiva más electoral", opina, por su parte, Marga León, profesora de Ciencia Política y coordinadora de proyectos del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) de la Universidad Autónoma de Barcelona.

La tasa de pobreza en la tercera edad es baja, según el FMI

León hace hincapié en que, en el pasado, el colectivo que pertenecía a la tercera edad estaba "vinculado a la pobreza", una circunstancia que actualmente no sucede. Para Jiménez  los planes renove o los abono transporte que incluyen descuentos a jubilados evidencian la desigualdad que hay respecto a la población joven, pese a que estadísticamente "los primeros disponen de más renta que los segundos". El economista cree que "si no hay un fallo de mercado que justifique la intervención, la ayuda no debe existir" y, en el caso de aplicarse, "deben ser por criterios objetivos que permitan determinar quién las necesita".

Organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) ponen de manifiesto que la tasa de pobreza entre la tercera edad en España es relativamente baja y aseguran que los pensionistas han estado bien protegidos frente a la crisis financiera. En la UE, el gasto en estas partidas en 2018 alcanza los 3.251,9 euros por habitante al año, un 10,7% del Producto Interior Bruto (PIB). España dedica 2.518,9 euros, un 9,8% del PIB.

Sin embargo, según apunta el Fondo, se trata de rentas más altas si se mira cuál es la prestación sobre el salario medio o cuánto se mantiene del último salario. Las de viudedad también están por encima. En España el gasto en protección social de la tercera edad, que incluye pensiones, viene determinado no sólo por la cuantía de estas, sino también por la cantidad de población jubilada.

Con todo, León también alude a la parte "redistributiva" que tiene el actual sistema de pensiones. "No hay que recortar en pensiones, sino introducir otro tipo de prestaciones dedicadas a los más vulnerables", sintetiza la experta en políticas públicas.

El sistema de protección social en España es escaso e insuficiente

España gastó en 2018, último año actualizado con datos de todos los países, 5.948 euros por habitante en lo que Eurostat llama "protección social", el paraguas que cubre las principales políticas del Estado del bienestar, excluyendo la educación. El gasto social supuso un 23,1% del PIB. ¿Es mucho o es poco? El conjunto de la UE-27 estuvo en 8.076,4, un 26,7% del PIB. Francia (31,4% del PIB), Alemania (28,4%), Italia (27,9%) y Holanda (27,1%), entre otros, quedan por delante de España.

Lo cierto es que el sistema de protección social falla en España y diversos organismos, tanto nacionales como internacionales, advierten de que el gasto social en nuestro país es escaso e ineficiente. Es decir, los recursos que se destinan están por debajo de la media europea y favorecen, principalmente, a clases medias-altas y a jubilados. La regla sólo se rompe en el caso del gasto en desempleo.

Una problemática de la que es consciente el Gobierno, que reconoce que el quintil más rico de la población española recibe más transferencias públicas (30%) que el quintil más pobre (el 12%). En la Unión Europea tan solo Portugal, Italia y Grecia tienen sistemas más regresivos en este sentido, según desgrana la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Esos datos aparecen en el estudio 'Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo', elaborado por más de 100 expertos de distintas disciplinas, y presentado por Pedro Sánchez en mayo del pasado año. En el informe se destaca que el diseño del sistema de protección social concede un menor peso relativo a aquellas transferencias que más directamente benefician a los colectivos más pobres, como las ayudas a la vivienda, infancia o inclusión social, y a las prestaciones no contributivas (sólo un 20% del total) “algo especialmente problemático dados los elevados niveles de subempleo y desempleo que registra nuestro país”, reza el texto.

Estas conclusiones van en consonancia con las del FMI, cuyo informe subraya que en España se produce un menor nivel de redistribución de ingresos, en comparación con la media de la UE, destaca que "los hogares de clase media tienden a beneficiarse en la misma proporción o incluso más de la redistribución que los hogares de bajos ingresos".

"Los programas de asistencia social no cumplen plenamente sus objetivos. Hay lagunas en la adecuación y la cobertura, debido principalmente a ineficiencias en los sistemas administrativos, los umbrales de bajos ingresos y la comprobación de recursos, y la falta de coordinación", asegura el organismo, para quien esto obstaculiza la reducción de los niveles de riesgo de pobreza, desigualdad de ingresos y exclusión.

España, a la cabeza de la desigualdad en Europa

España se sitúa como uno de los países que menos reduce las desigualdades en la Unión Europea después de impuestos y transferencias, según el coeficiente de Gini. Es el indicador de desigualdad salarial que más se utiliza internacionalmente para radiografiar las desigualdades sociales de los países. Antes de impuestos y transferencias sociales, nuestro país se sitúa en torno a la media europea de desigualdad, pero cuando se pone en marcha el sistema redistributivo del Estado, la desigualdad apenas se reduce.

En España este índice alcanza los 0,34 puntos sobre 1. ¿Eso es mucho o es poco? Mucho, a tenor de los datos disponibles. Y va a más. Según la Standardized World Income Inequality Database, el índice de Gini pasó de 0,3 en 2002 a 0,34 en 2016, "el mayor aumento de la desigualdad en Europa" en ese periodo. España muestra, después de Bulgaria (0,35) la mayor desigualdad en la renta disponible en la UE. 

El informe Radiografía de medio siglo de desigualdad en España, publicado hace escasos días, también pone el foco en esta cuestión. Según las conclusiones de Olga Cantó, economista de la Universidad de Alcalá, y Luis Alaya, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense, España es uno de los países de la UE con menor capacidad redistributiva del sistema de prestaciones e impuestos.

"Para reducir ese diferencial es necesario aumentar el tamaño y la progresividad del sistema fiscal y extender la protección no contributiva, especialmente la dirigida a los jóvenes y a los hogares con menores", zanjan.