El Gobierno achaca ahora la ausencia de un nuevo modelo de financiación autonómica a la situación en Cataluña

No habrá reforma del sistema de financiación autonómica en 2017, tal y como Mariano Rajoy se comprometió el pasado enero en la Conferencia de Presidentes celebrada en el Senado. El Gobierno lo admite ya abiertamente. Y si en las semanas pasadas los conservadores apelaban al PSOE en su condición de principal fuerza de la oposición

en el Congreso de los Diputados –sin el concurso de los socialistas iba a ser imposible que un nuevo modelo viese la luz, esgrimían–, ahora ponen también sobre la mesa la situación en Cataluña.

Las fuentes del Ejecutivo consultadas por infoLibre insisten en que pese a que en las próximas semanas habrá negociaciones sobre la materia, bajo ningún concepto quieren que estas se vean "contaminadas" por la situación en Cataluña. Es decir, borrar cualquier posibilidad de que los diferentes presidentes autonómicos alberguen dudas de que se está intentando buscar un trato de favor a Cataluña.

Así las cosas, en el Palacio de la Moncloa creen que, si se dan los elementos necesarios, el nuevo modelo de financiación autonómica llegará el año próximo. Para ello, consideran, es necesario que el artículo 155 de la Constitución ya no esté en vigor y que, en virtud de la aplicación del mismo, empiece a ejercer un nuevo Govern con unos nuevos interlocutores.

Dos escenarios

Las mismas fuentes creen que el debate que conduzca a la renovación del modelo de financiación autonómica debe canalizarse de forma paralela en dos escenarios complementarios: en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y en el Congreso de los Diputados, concretamente en la Comisión sobre la reforma del modelo territorial que fue constituida la semana pasada. Este órgano parlamentario, nacido a propuesta del Partido Socialista en el marco de las negociaciones entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy que condujeron a que el principal partido de la oposición respaldara al Partido Popular en la aplicación del 155, tenía como misión originaria preparar los trabajos para, en seis meses, abrir un debate sobre la reforma de la Carta Magna.

Hasta la fecha, la Generalitat de Cataluña se ha negado a participar en las reuniones de la Conferencia de Presidentes. Y, en el caso de la Comisión Territorial las ausencias son mayores si se tiene en cuenta que ni el Grupo de Unidos Podemos ni los nacionalistas han inscrito a diputados por sus discrepancias con la forma en la que se ha gestionado la aplicación del artículo 155.

Tampoco pasa inadvertido que, en las últimas semanas, destacados miembros del PP y del Gobierno han desinflado el alcance del citado órgano parlamentario pactado entre Sánchez y Rajoy al señalar que no existe ningún compromiso previo de sentar las bases para, en un plazo de seis meses, abrir el debate sobre la reforma de la Constitución.

Divisiones en el PSOE

En el último Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular el presidente del Gobierno hizo un balance del primer año de la XII Legislatura y de los retos de cara el segundo año. En lo relacionado con la financiación autonómica, dio a entender a los suyos que el sistema no va a poder reformarse si no se cuenta con los apoyos del Partido Socialista. Les vino a decir que no es ningún secreto que al PP no le gusta este sistema, pero que con sus 137 escaños no tienen capacidad de cambiarlo. Máxime cuando los conservadores son partidarios de que este tipo de cuestiones se saquen adelante con una amplia mayoría. 

Las fuentes consultadas no se muestran muy optimistas respecto a las negociaciones. No obstante, confían en que la presión de los barones socialistas a Pedro Sánchez permita algunos avances. Dirigentes socialistas han expresado su malestar en los últimos días por el hecho de que no se haya aprovechado la negociación del Cupo vasco –saldrá adelante este jueves en el Congreso– para negociar un nuevo modelo de financiación. El PSOE, que apoya al PNV en el Gobierno de Euskadi, dará sus votos a favor, al igual que el PP.

En este contexto, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no reunirá antes de Navidad al Consejo de Política Fiscal por la financiación autonómica y prefiere sondear antes a cada uno de los gobiernos autonómicos sobre sus planes y prioridades. Así lo aseguró este miércoles en el Congreso.

Otro aspecto a tener en cuenta para el desbloqueo de las negociaciones sobre el modelo de financiación autonómica tiene que ver con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Hacienda tiene elaborado el texto pero renunció a llevarlo al Consejo de Ministros en los plazos previstos por la ley para evitar una prórroga, al no contar con el mismo equilibrio de fuerzas que le permitió sacar adelante las cuentas públicas para 2017. Creen en el departamento de Montoro que, una vez celebradas las autonómicas catalanas del 21D, será posible sentarse a hablar con el PNV. Los nacionalistas vascos dejaron en suspenso cualquier contacto al respecto en los días previos al 1-O.

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Nuevos roces con Ciudadanos

Por otra parte, el debate sobre un nuevo modelo de financiación autonómica ha generado nuevas tensiones entre el PP y Ciudadanos, su socio de investidura. Los conservadores ven "oportunista" que la formación liderada por Albert Rivera se sumara a la gran manifestación del 18N en Valencia para reivindicar una mejor financiación autonómica. "Van a marchar con miembros de la CUP y banderas esteladas al grito de 'España nos roba'", criticó en los días previos a la marcha el vicesecretario de Sectorial del PP, Javier Maroto.

El PP critica que mientras Rivera se opone al cupo vasco, su formación se manifieste con independentistas en Valencia para reclamar al Gobierno una mejor financiación autonómica. Creen que se trata de una postura "irresponsable".