Ciudadanos se aparta del consenso andaluz para pedir al Gobierno mejor financiación

El Pleno del Parlamento andaluz ha fijado este jueves la posición de Andalucía de cara al debate sobre el nuevo sistema de financiación autonómica, tras aprobar, con los votos de PSOE-A, PP-A, Podemos e IULV-CA, el dictamen elaborado en el seno del grupo de trabajo que se constituyó para tratar de fijar una posición común en defensa de los intereses de esta comunidad y que ha contado con el rechazo de Ciudadanos, informa Europa Press.

Aunque el debate de este informe se sustanció en el Pleno de la Cámara este miércoles en virtud de una alteración en el orden del día de la sesión plenaria, finalmente ha sido sometido a votación este jueves, de modo que, como era previsible, ha salido adelante gracias a los tres partidos que negociaron el documento y al PP-A que, a pesar de que se han rechazado sus 23 votos particulares al dictamen, lo ha apoyado, como ya hizo en la Comisión de Hacienda. Del mismo modo, han sido rechazados los votos particulares que han mantenido vivos Cs e IULV-CA.

Buscar una postura común desde Andalucía entre los partidos políticos al objeto de elevarla al debate estatal para negociar un nuevo modelo de financiación fue una iniciativa que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, impulsó en el mes de septiembre del pasado año, y que terminó deparando en la creación de un grupo de trabajo en el Parlamento andaluz en el que intervinieron más de una veintena de expertos y agentes sociales, varios de ellos catedráticos de las universidades andaluzas.

En el seno de ese grupo de trabajo, finalmente el PSOE-A, Podemos e IULV-CA lograron cerrar un texto común, que fue sometido a votación en ese marco y al que se sumó también el PP-A in extremis. Cs, desde un primer momento, expresó su malestar por cómo se había abordado la negociación del documento y anunció que lo rechazaría argumentando que conllevaba una subida de impuestos a la clase media y trabajadora.

Referencia para el Estado

Así, para posicionar al PSOE-A en el Pleno, el portavoz parlamentario, Mario Jiménez, resaltó que la financiación es un debate "trascendental" y que estamos ante un momento "definitorio del presente y del futuro de la autonomía andaluza". Destacó que la igualdad ha marcado la elaboración del documento, que representa las aspiraciones estatales que queremos desde Andalucía, desde donde "marcamos una forma de hacer las cosas que podría ser referencia para el conjunto del Estado".

Afirmó que el documento es "mil veces mejor" que los votos particulares que han mantenido el PP-A, Cs e IULV-CA. Sobre las enmiendas del PP-A, ha dicho que "rezuman su pensamiento político más primario"; mientras que el de Cs "no está escrito con acento andaluz". Sobre los votos particulares de IU, lamentó que defiendan "una subida de impuestos vinculada a la financiación" algo que el PSOE-A no respalda.

Por el PP-A, la portavoz parlamentaria Carmen Crespo aclaró que su formación no está conforme con todo el contenido del documento, afirmó que el mismo es "una enmienda a la totalidad al modelo del PSOE", dado que el actual "fue aprobado en el 2009 por Zapatero y ERC, y aplaudido por el expresidente de la Junta José Antonio Griñán". Tras aplaudir que el PSOE-A "haya cambiado de postura" en ese sentido, ha advertido que ahora tiene que afanarse en convencer a miembros de su propio partido sobre este documento.

"El PP-A ha hecho un gran esfuerzo y ha puesto el interés general por encima del interés partidista con una altura de miras que ningún partido ha tenido en esta Cámara", agregó Crespo antes de criticar que el PSOE-A "ha intentado arrinconar al PP-A, subestimando la vocación de servicio público de este partido".

La portavoz de Hacienda y portavoz adjunta de Podemos, Carmen Lizárraga, celebró que Andalucía tenga "voz propia" en este debate y una "posición fuerte", mientras consideró "inexplicable" que Cs "no defienda una financiación justa y suficiente para Andalucía".

Tras incidir en que el documento acordado recoge todas las propuestas que ha planteado Podemos en este asunto, Lizárraga destacó que pone fin a la infrafinanciación que sufre Andalucíainfrafinanciación, cuando ha subrayado que la obligación de los partidos políticos debe ser "dar soluciones para que nadie se quede fuera", como cree que ocurre con este documento.

En nombre de Cs, el presidente y portavoz, Juan Marín, tras lamentar que "no se hayan tenido en cuenta" las aportaciones de los expertos que han participado en el grupo de trabajo, insistió en que la única fórmula que se contempla para terminar con la falta de recursos del sistema es "la subida de impuestos" de modo que quienes respaldan el documento "pretenden que el esfuerzo lo vuelvan a soportar la clase media trabajadora".

Además, afeó al PP-A que tenga "fe ciega" en el PSOE-A por respaldar el dictamen a pesar de que "no se le cambia ni una coma", mientras que defendió que Andalucía "no puede resignarse" y animó al resto de partidos a mantener en todos los territorios la misma postura, cosa que duda que ocurra en virtud de este documento. Con todo, justificó el rechazo de Cs porque el texto "renuncia a la igualdad entre los ciudadanos", en alusión al cupo vasco y la aportación navarra.

Por último, el coordinador general y portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha afirmado que Andalucía está de "enhorabuena" por este consenso, lo que supone "el inicio de un camino muy importante" para acabar con un modelo que "se ha constatado insuficiente, con un funcionamiento centralista del CPFF y que no ha satisfecho en cuanto a la distribución de recursos".

Tras incidir en que la financiación está relacionada con el modelo territorial, el líder de la coalición de izquierdas destacó que el documento acordado tiene una visión federal "que abraza a otros territorios y no alienta el frentismo".

Contenido del informe

Entre otras cuestiones, el documento aprobado considera "adecuado un mecanismo de reestructuración de la deuda autonómica en manos del Estado, tomando como criterio la insuficiencia financiera sufrida por aquellas comunidades cuyos recursos del sistema actual se situasen por debajo de la media", aunque dejan claro que esta fórmula nunca puede "sustituir el necesario refuerzo de los recursos ordinarios del sistema".

Además, propone "redefinir las variables y ponderaciones que determinan la población ajustada" sobre la que se basa el modelo de financiación, incorporando un concepto de población ajustada que amplíe el tramo desde los 16 años actuales a los 18 e incorpore nuevas variables como el número de universitarios matriculados en centros públicos, incluidos los de posgrado; la tasa de paro; la población en riesgo de pobreza y exclusión social y el número de atendidos por el sistema de atención a la dependencia.

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En este sentido, defienden una "nivelación total" del sistema mediante la inclusión de todos los servicios públicos derivados de competencias autonómicas homogéneas, de forma que se cumpla "un criterio de equidad tan razonable como justo: igual financiación por habitante (ajustado) para cualquier ciudadano español, con independencia de su lugar de residencia y dado un mismo esfuerzo fiscal".

En el plano fiscal, se propone mantener la cesión del 50 por ciento del IRPF y elevar los porcentajes de cesión del IVA y el de los Impuestos Especiales al 70 por ciento para cubrir la suficiencia financiera en servicios públicos fundamentales "dejando abierta la posibilidad de que la Administración General del Estado complemente recursos a través de una transferencia vertical".

En la misma línea, también defienden la "eliminación del status quo" status quodel actual modelo de financiación autonómica, al tiempo que reclaman una "mayor transparencia en el cálculo del cupo vasco y la aportación navarra sobre la base de una mayor coordinación entre el régimen común y el foral".