crisis del coronavirus

El Gobierno apuesta por la mascarilla al aire libre sin el aval de los epidemiólogos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece una rueda de prensa tras la Conferencia de presidentes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado a las comunidades autónomas en la Conferencia de Presidentes celebrada este miércoles que se volverá a la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores, con "algunas salvedades", mediante un decreto ley que se aprobará este jueves en un Consejo de Ministros extraordinario. Sin embargo, aún no está claro cómo se aplicará exactamente la decisión, es decir, hasta dónde alcanzarán esas mismas excepciones. La confusión se ha instalado, incluso, en el seno del Ministerio de Sanidad. "Tendremos que esperar a ver la redacción del BOE", asegura un alto cargo del departamento de Carolina Darias.

El presidente ha explicado que, por norma general, la mascarilla al aire libre vuelve a ser obligatoria, pero con "salvedades". Estas son: la práctica de deporte, la presencia en espacios naturales "como el monte o la playa", y si estamos "con una unidad familiar o alguien que no sea de la unidad familiar, pero a 1,5 metros". Cuestionado posteriormente, el líder del Ejecutivo ha explicado que estas excepciones se dirigen a los espacios abiertos, por lo que no queda claro –ni aclaran desde Sanidad– si la salvedad de la distancia con un no conviviente es generalizada o solo aplica, exclusivamente, en estas zonas.

En el caso de que se pueda prescindir de la mascarilla al guardar la distancia interpersonal con no convivientes, fuera del núcleo familiar, la medida es muy parecida a la ya vigente, el decreto del 24 de junio de 2021. Regulaba "la eliminación del uso obligatorio de mascarillas en la vía pública y en espacios al aire libre". Reza así: "Se mantiene, no obstante, la obligatoriedad del uso de la mascarilla al aire libre, cuando se produzcan aglomeraciones y no se pueda mantener una distancia mínima de 1,5 metros de distancia entre personas, salvo grupos de convivientes". Como indica Sanidad, habrá que esperar al Boletín Oficial del Estado para distinguir las diferencias, si es que existen.

Castilla y León, Navarra, Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, Galicia y Euskadi pedían esta medida, que ha sido defendida por Sánchez en base a "la experiencia", que "nos ha demostrado que las mascarillas son fundamentales para contener la pandemia", y a las incertidumbres en cuanto a la variante ómicron. "Es una variante que va a ser prevalente en cuestión de días en toda Europa y es de alta contagiosidad". El presidente ha hecho referencia a que sus decisiones se sustentan en el "conocimiento que la ciencia ha adquirido sobre este virus". Es el mismo argumento que utilizó en junio la ministra Darias para tomar la decisión contraria: "nadie puede dudar" del menor riesgo de transmisión al aire libre, dijo, en una modificación "acorde a la evidencia científica".

La inmensa mayoría de los epidemiólogos, expertos en Salud Pública y asociaciones médicas consideran que la obligación de las mascarillas al aire libre es poco eficaz, inútil o incluso contraproducente en la lucha contra el covid-19, a la vista (también) del conocimiento científico adquirido durante más de un año y medio de pandemia.

Tampoco lo ha pedido nunca la Ponencia de Alertas, que reúne a los expertos en Epidemiología y Salud Pública de cada comunidad autónoma en el seno del Consejo Interterritorial, y que ha elaborado varios informes con posibles medidas para frenar una sexta ola que aún no ha desbordado los hospitales, pero que amenaza con hacerlo si el aumento de los contagios continúa en una escalada prácticamente vertical. Sugirieron volver al cierre de interiores como medida extrema y a la limitación de aforos, y autonomías como Cataluña lo están barajando; otras lamentan que carecen del respaldo jurídico suficiente, exponiéndose a un nuevo freno por parte de los tribunales. "Cada comunidad puede tomar esas decisiones si quiere", ha insistido Sánchez este miércoles.

"Es muy difícil de justificar. Antes podía tener sentido para normalizar su uso, pero ahora", considera para este artículo el epidemiólogo Pedro Gullón, "el uso de la mascarilla correctamente es generalizado. "Las medidas no pueden descansar en lo individual", aseguraba el portavoz de la Asociación Madrileña de Salud Pública (Amasap), Fernando García. La sensación compartida es que la petición permite vender que "estás haciendo algo" sin cambiar realmente el curso de la pandemia.

Gullón alertaba, en conversación con infoLibre, de la "reacción muy mala" y el "carácter muy peligroso" que conlleva tomar restricciones incómodas para el día a día de la ciudadanía, al menos sin tomar otras decisiones también útiles pero de menor impacto en los hábitos poblacionales, como la vuelta al teletrabajo o la actuación por vía de urgencia en la Atención Primaria. Ante el anuncio, este miércoles las redes se llenaban de rechazo a la decisión del Gobierno central, amparada por siete autonomías.

Los organismos sanitarios internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) han insistido durante meses en que el riesgo de contagio se produce principalmente en interiores, por la influencia de los aerosoles (los virus que podemos expulsar al hablar y que pueden permanecer horas en el ambiente) o por la falta de distancia interpersonal (menos de un metro y medio) durante más de los escasos segundos en los que tardan dos personas en cruzarse por la calle. El único riesgo en exteriores aún reconocido es el de las aglomeraciones, donde los tapabocas seguían siendo de uso obligatorio en la norma estatal. La llegada de la variante ómicron, más contagiosa, no ha cambiado este escenario. No lo ha indicado ningún estudio científico hasta la fecha.

Otras medidas: 65% más de dinero a la Primaria

No ha sido, en todo caso, la única decisión que ha anunciado Sánchez a las autonomías. El Plan de Acción en Atención Primaria y Comunitaria, presentado la semana pasada y acordado por el Consejo Interterritorial, disfrutará de 292 millones de euros procedentes de los Presupuestos Generales del Estado (PGE): un 65% más que los 176 millones con los que contaba la Estrategia a la que sucede el documento. La hoja de ruta fue criticada por asociaciones de defensa de la sanidad pública por no contar con cifras concretas de dinero –ahora sí las tiene– y por no especificar el objetivo final del aumento de profesionales.

Además, el Ejecutivo se ha marcado nuevas metas en la inoculación de dosis de refuerzo. El conjunto de las regiones deberá llegar a un 80% de personas entre 60 y 69 años con el también conocido como booster antes de 2022. Queda poco más de una semana y la media se sitúa actualmente en un 61%, pero no es inalcanzable: el pasado 13 de diciembre el porcentaje estaba en algo más de un 30%. Seguimos vacunando muy rápido. El 80% de la población entre 50-59 años deberá tener la tercera dosis a finales de enero, y los de entre 40 y 49 años, para la primera semana de marzo. En cuanto a la vacuna pediátrica, la meta se establece más baja, en el 70%, para completar la pauta el 19 de abril.

El presidente ha confirmado que toda la población terminará recibiendo la tercera dosis y ha estimado cuándo será, más allá de los tramos etarios que por el momento el Ministerio de Sanidad está priorizando: seis meses para los que recibieron una vacuna de Pfizer o Moderna, y dos para los que recibieron las soluciones de AstraZeneca o Janssen.

Tal y como habían pedido las farmacéuticas, se permitirá la venta de test de antígenos de uso profesional, ante el desabastecimiento en casi todo el país. Estas pruebas se han convertido en prácticamente imprescindibles para el diagnóstico rápido, por la saturación de los centros de salud y las precauciones que muchos ciudadanos desean tomar ante la llegada de las fiestas navideñas.

El Ejecutivo también habilitará la "contratación de personal sanitario jubilado y prejubilado y la habilitación para contratación de profesionales con título de especialista obtenido en Estados no miembro de la UE", reforzará los equipos de vacunación con personal de las Fuerzas Armadas y se pondrán a disposición hospitales de la Red Sanitaria Militar. El certificado digital de la UE, también conocido como pasaporte covid, no valdrá a los nueve meses tras la última dosis, exigiéndose tanto para viajar como para entrar a determinados espacios en muchas comunidades la tercera dosis (o posteriores, si se aprueban).

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