crisis del coronavirus

Las medidas europeas contra la sexta ola que España no baraja: teletrabajo obligado y test en la calle

Farmacia en un barrio de Barcelona.

España sigue sin tomar medidas contundentes y coordinadas contra el avance de la sexta ola de covid-19, por ahora menos grave pero masiva. La Comisión de Salud Pública, que reúne a los directores de Salud Pública de cada comunidad y al Ministerio de Sanidad, no ha tomado ninguna decisión en cuanto a restricciones, pero ha eximido de la cuarentena, tal y como pedía Madrid, a todos los contactos estrechos de un positivo siempre que estén vacunados con la pauta completa, a pesar de que puedan contagiarse y contagiar dadas las características de la variante ómicron.

Todo queda para la Conferencia de Presidentes de este miércoles. Sanidad llevaba este martes, como han confirmado varios medios, un nuevo documento de la Ponencia de Alertas –los expertos del Interterritorial– para, por enésima vez, tomar acciones coordinadas que impliquen restringir libertades. Ya nos la sabemos de memoria: control de aforos, prohibición de eventos multitudinarios y límites en restauración interior o cierre si el panorama empeora. Por ahora, y a expensas de lo que hablen los presidentes autonómicos, el documento seguirá en un cajón.

Pero más allá de la receta clásica, hay otras medidas que o bien han desaparecido tras la grave crisis de marzo de 2020, durante la primera onda de la pandemia, o bien jamás se han planteado. Una es una vieja conocida que se ha dejado al arbitrio de cada empresa y a la responsabilidad individual, a diferencia de otros países tan cercanos como Bélgica o Portugal: el teletrabajo. Otro es el alivio inmediato y urgente de la Atención Primaria, sin depender de renovaciones de contratos covid que aún no están garantizados, movimientos de personal o promesas que nunca terminan de cumplirse. De manera similar a como se ejecutó la campaña de vacunación; sacando las labores no solo de rastreo, también de testeo, de los centros de salud.

El teletrabajo: de obligación extrema a desaparición

Solo unos días antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para tomar medidas contra el covid, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, explicaba que en el pleno del Consejo Interterritorial, el órgano para la coordinación entre el Ejecutivo central y las comunidades, no se había tratado el tema. Hasta entonces, su receta consistía en "vacunar, vacunar, vacunar"; más tarde hizo un llamamiento a la responsabilidad individual, a "prevenir, prevenir, prevenir" y a la "cultura del cuidado" como soluciones a la sexta ola.

Dentro de ese abanico de actuaciones contra la pandemia que no requieren de ninguna modificación legislativa, la ministra no mencionó la recomendación de teletrabajar para las empresas que pueden hacerlo y a las que no les supone ninguna merma destacada en la productividad. Era obligatorio durante el confinamiento estricto, y a partir de mayo de 2020 desapareció de los discursos. Ahora también ha desaparecido de las recomendaciones: el Documento de Actuaciones de Respuesta Coordinada, conocido como semáforo covid, fue sustituido en noviembre por otro documento llamado Indicadores para la valoración de riesgo y niveles de Alerta de transmisión de COVID-19 que solo marca, como su nombre indica, los niveles de riesgo para cada comunidad, pero que no sugiere actuaciones en consecuencia.

El epidemiólogo Pedro Gullón no lo entiende. Preguntado por la posible razón de la desaparición de la recomendación del teletrabajo en los papeles y en las intervenciones, es honesto: "No tengo ni idea". No es ninguna varita mágica, por supuesto, pero considera que puede cortar muchas cadenas de transmisión que se producen en el entorno laboral. El análisis impacto/beneficio es claramente favorable a la obligación en situaciones como actual, y por supuesto a la recomendación.

"Me parece lo más básico, y no ha habido ningún mensaje activo por parte de la administración", critica el especialista. "A partir de septiembre ha habido una vuelta generalizada a la presencialidad" que, explica, puede comprobarse por los datos de movilidad en coche privado en las grandes ciudades. Pero para que desde las autoridades se pueda animar al teletrabajo, las administraciones de las que son directamente responsables "deberían cundir con el ejemplo". Y los funcionarios también volvieron en septiembre, y no hay ninguna señal de que vayan a regresar a casa.

Bélgica, ante el repunte de contagios vivido desde hace unas semanas y que aún no ha remitido del todo, decretó el teletrabajo obligatorio para quien pueda acogerse a esta movilidad. Portugal, cuando seguía siendo un oasis pandémico junto a España gracias a las buenas cifras de vacunación, anunció una clausura generalizada para navidades previendo –con razón– un escenario de nuevo complicado. Incluía la vuelta a currar desde casa.

Gullón no se explica cómo no se abordó esta decisión ni siquiera en diciembre-enero de 2021, cuando se vivieron los peores momentos pandémicos desde marzo de 2020, y cómo ahora no está ni se le espera una actuación decidida en este campo.

Test en la calle: desatascando la Primaria por la vía de urgencia

Lo propuso Más Madrid esta semana, a semejanza de lo que se hace desde hace meses en países como Alemania o Francia: librar a la Atención Primaria del peso de testear no solo a los positivos, también a los contactos estrechos, según marca el protocolo. También se hace –o se debe hacer, más bien– una prueba PCR a los que se hayan autodiagnosticado mediante el test de antígenos que se dispensa en farmacias. La idea consiste en colocar, en cada barrio, stands al aire libre para atender a los que necesiten un diagnóstico fiable y definitivo, como marcan las pautas aprobadas por Sanidad y comunidades desde hace más de un año.

Habitualmente, la Atención Primaria se encarga de esto. Pero ya no puede. La explosión súbita de Madrid ha puesto –una vez más– al Ejecutivo madrileño en el ojo de todas las críticas, pero está pasando en todas las comunidades con cifras altas: ómicron dispara los casos y, aunque la mayoría son leves, necesitan tanto diagnóstico como una baja médica que pasa por los centros de salud. Se están negando de manera generalizada pruebas a los contactos estrechos e incluso también a los positivos por test de farmacia. Para citas no urgentes, mejor espere al año que viene. Y suerte con el contacto telefónico. Llevamos meses escuchando y contando que el sistema está haciendo aguas, pero nunca había sido tan evidente.

El epidemiólogo y portavoz de la Asociación Madrileña de Salud Pública (Amasap) Fernando García, lamenta que los indicadores "siempre se han fijado en la saturación hospitalaria", pero no en el estado de Atención Primaria. A medio plazo, el especialista insiste en la necesidad de ofrecer buenos contratos, estables, con buenos sueldos y sin explotación laboral, para que los egresados en Medicina o en Enfermería consideren una buena opción trabajar en un ambulatorio. Pero, ¿y a corto?

Gullón cree que es perfectamente posible sacar al aire libre la realización de pruebas. ¿Con qué personal? "Con el que hacía los supuestos test masivos en otoño de 2020", replica el epidemiólogo con un deje de ironía. Considera, como otros muchos expertos, que hacer pruebas de antígenos, poco fiables sin síntomas, a la población general es una pérdida de tiempo, de dinero y de esfuerzo: pero testear a los contactos estrechos sigue siendo una obligación. García sugiere que se utilicen efectivos de los hospitales, ahora un poco más desahogados, para echar una mano.

España cuenta con una diferencia clave con Francia y Alemania: una tupida red de centros de salud en cada barrio y en cada pueblo que, denuncian sus defensores, Gobiernos de uno y otro signo llevan años infravalorando y desmantelando por la puerta de atrás. Pero ahora es más evidente que nunca: la Atención Primaria no puede con esto. No puede Madrid como máximo exponente, pero ómicron está esperando a la vuelta de la esquina en todo el país , disparando la incidencia entre los jóvenes a un ritmo casi vertical e inédito desde la aparición del coronavirus. No se traduce en tantas muertes como antes, afortunadamente. Pero el impacto es real.

Por el momento, la Comunidad de Madrid ha cambiado su protocolo para que quien de positivo en un test de antígenos de farmacia no acuda al centro de salud, dejando de confirmar el contagio por PCR como marcan las normas aprobadas hace meses por el Consejo Interterritorial. En cuanto a refuerzos de Primaria, simplemente moverá trabajadores de un lugar a otro, usando unos denominados "contratos covid" que, como se explica aquí, son en su mayoría empleados temporales y precarios que ya formaban parte del sistema sanitario madrileño.

¿Y las medidas de siempre?

García y Gullón descartan por completo que sea necesario o conveniente volver a las mascarillas en exteriores, como han pedido regiones como Comunitat Valenciana, Andalucía o Galicia. "Es muy difícil de justificar. Antes podía tener sentido para normalizar su uso, pero ahora", considera el segundo, el uso de la mascarilla correctamente, también en aglomeraciones –lo único peligroso al aire libre– es generalizado. "Tiene poco coste político, pero las medidas no pueden descansar en lo individual", asegura el portavoz de Amasap. La sensación compartida es que la petición permite vender que "estás haciendo algo" sin cambiar realmente el curso de la pandemia.

Sobre la vuelta del toque de queda, también hay dudas. Como explica García, "es difícil evaluar esta medida por separado porque siempre se tomó como parte de un pack completo de restricciones. No se puede juzgar". Gullón apunta a estudios hechos en Francia favorables a esta actuación, por reducir parte de los contactos sociales, pero carece de sentido, asegura, sin un cierre completo del ocio nocturno.

La limitación de aforos en interiores, la prohibición de eventos multitudinarios e incluso la vuelta al cierre de bares, restaurantes y discotecas es inevitable para los dos especialistas, pero con diferencias. García tiene claro que no hay otro remedio. "Es impopular, pero si queremos defender la salud y la economía, no queda otra. Cuanto antes se apliquen, menos durarán". El epidemiólogo pide compensaciones lo más ambiciosas posible para compensar el palo, monetario pero también emocional, para empresarios y trabajadores ante una posible nueva clausura que, por el momento, solo baraja Cataluña.

Gullón coincide en que puede ser inevitable, pero por una cuestión de justicia y de comunicación política, urge a reforzar la Atención Primaria y a implantar el teletrabajo de manera previa: decisiones que no implican sacrificios antes que volver a castigar a una población que ha respondido de manera excelente a los consejos de las autoridades y a la campaña de vacunación y cuyo cansancio puede convertirse en ira. "Es difícil que se acepten esas medidas sin pasar por los pasos previos y sin proporcionalidad". Advierte: "Puede haber una reacción muy mala. Tiene un carácter muy peligroso".

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