Cataluña ante el 1-O

El Gobierno construye un "relato" sobre su actuación ante el 1-O para aplacar las voces del PP que piden mayor contundencia

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su escaño del Congreso.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es consciente de que a medida que se acerque el 1-O se incrementará la tensión política. Pero también conoce el nerviosismo de un sector del Partido Popular que demanda "más mano dura" contra la Generalitat, que cree que los independentistas han dado ya pasos para que se aplique el artículo 155 de la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional. A estos últimos han ido destinados algunos de los últimos mensajes del Ejecutivo en los que, a la vez que se destaca que está dispuesto a ir "a por todas" recordando que cada decisión del Govern ha sido llevada ante el Constitucional, se insiste en la necesidad de dar una respuesta gradual. "Este es el relato. No estamos de manos cruzadas", destacan las fuentes consultadas.

"Quedan más de 15 días para el 1-O. Además de medir las fuerzas, hay que jugar bien todas las cartas", señalan fuentes del Gobierno.

En este sentido, las mismas fuentes se muestran convencidas de que se han dado "todos los pasos que se podían dar" en el contexto actual. Y que Rajoy "cuenta con más apoyo que nunca". 

Quienes rodean a Rajoy admiten que el presidente está ante el principal reto de su carrera política y que él también lo percibe así. "Tiene todo en la cabeza. Está calibrando cada respuesta, cada reacción para ganar este partido", destacan.

"El presidente conoce perfectamente a su partido y a su Gobierno y sabe que no puede acertar con todas las decisiones, que siempre hay quien pide más o menos mano dura. Este caso lo lleva él personalmente con un reducido grupo de colaboradores. Ha pedido tranquilidad y confianza. No hay que precipitarse", señala un diputado en conversación con infoLibre.

Al respecto, este miércoles dedicó unas breves declaraciones en los pasillos del Congreso de los Diputados a llamar a la calma: "Aprovecho para decirle a todas las personas que entienden que el Gobierno tiene que cumplir con su obligación, que lo vamos a hacer, que estén tranquilas". Previamente había destacado que "la Fiscalía actuará siempre en defensa de la legalidad, los jueces, también, y el Gobierno, también". "Por supuesto", remató. 

Pese a que en Moncloa y en la dirección nacional del PP restan peso a las voces internas que creen que hace falta mayor contundencia en la respuesta a la Generalitat -destacan que tienen origen en sectores con escaso peso orgánico y que en el Gobierno, con algunos matices, todos los ministros apoyan la estrategia de Rajoy- desde el Ejecutivo se han hecho esfuerzos en los últimos días para endurecer el tono de los mensajes. Hasta el punto de que el martes desde Presidencia del Gobierno se difundió que el artículo 155 de la Constitución, el que contempla la suspensión de la autonomía, puede aplicarse en "cinco días". 

Un giro en el tono de los mensajes

Hasta la fecha, desde la dirección del PP y desde el propio Ejecutivo se había aludido a este artículo como algo remoto y muy poco probable por las "complicaciones técnicas" de aplicar un precepto que nunca se ha aplicado. El hecho de que el Gobierno difundiera esta idea sorprendió a más de uno en el PP. ¿A qué se debió este giro? "Hay una doble explicación. Una: lo que valía hace un mes ahora no vale porque los independentistas mantienen el órdago cada vez con más fuerza y ya no se puede descartar nada, aunque no es lo que nos gustaría. Y dos: tiene que quedar claro que el Gobierno va a ir a por todas", reflexiona un dirigente regional.

Entre los defensores de aplicar el 155 está el exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo. "Si no se aplica ahora el 155 o la ley de seguridad nacional, cuándo se va a aplicar", manifestó hace una semana. 

Por su parte, en una reciente entrevista a El País, el líder del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, sostuvo que "aplaudiría sin ningún complejo la aplicación del artículo 155 en Cataluña". Es en este contexto, el de apoyar al PPC y trasladarles un mensaje de tranquilidad y contundencia, en el que se interpreta que Rajoy vaya a presidir este viernes en Barcelona la Junta Directiva Regional de la formación liderada por García Albiol.

¿Esconderse tras los tribunales?

infoLibre informó de que magistrados progresistas y conservadores del Tribunal Constitucional temen que el Gobierno deje sobre sus hombros la principal responsabilidad para hacer frente al desafío soberanista en vez de utilizar la Fiscalía, el Ministerio del Interior y los juzgados ordinarios.

Estos magistrados están dispuestos a dar cumplimiento a lo estipulado en la reforma legal que el PP impulsó en solitario en 2015 para asegurar la ejecución de sus sentencias, pero sostienen que las medidas que se aprueben "tienen que ir en consonancia con otras que adopte a su vez el Gobierno". Quienes así piensan sostienen que la reacción a los planes del Govern y del Parlament debe partir, en primer lugar, de la Fiscalía o del Ministerio del Interior en persecución de distintos posibles delitos, y "no exclusivamente dejar toda la reacción sobre los hombros del TC".

En Moncloa son conscientes de este malestar porque les ha llegado por cauces no oficiales. Y se defienden asegurando que el Gobierno, a día de hoy, ha tomado todas las iniciativas que debía tomar. "Hemos recurrido cada decisión ante la Justicia y ahora hay que dejar actuar a los tribunales. No se puede decir que el Gobierno no esté actuando", mantiene un diputado.

¿La solución son los jueces?

Este debate llegó este mismo miércoles a la sesión de control al Gobierno en el Congreso. "Señora vicepresidenta, en la actual crisis de relaciones con Cataluña, la más importante desde 1978, ¿considera el Gobierno que la solución son los jueces y que cada vez más veamos policías?", preguntó a Soraya Sáenz de Santamaría el diputado Xavier Domènech (Unidos Podemos). "No, señor Domènech, pero convendrá conmigo en que cualquier solución pasa por principio porque todos respetemos los procedimientos democráticos y cumplamos con la legalidad", respondió Santamaría.

El argumentario del Gobierno y del PP que insiste en que ahora es el tiempo de los jueces colisiona con la opinión de algunos miembros del TC. Los magistrados, según las fuentes consultadas por infoLibre, no consideran prioritario inhabilitar a las autoridades políticas que impulsan el referéndum (el president y los miembros del Govern) porque su suspensión sólo serviría para entregar esa responsabilidad a sus sustitutos legales y éstos, a su vez, mantendrían previsiblemente el referéndum. A día de hoy, ni siquiera se la plantean.

Las citadas fuentes insisten en que son los tribunales ordinarios y el Gobierno de EspañaGobierno de España quienes tienen que activar las actuaciones necesarias para impedir la cita con las urnas.

Al respecto, desde Moncloa no son partidarios, a día de hoy, de pedir inhabilitaciones. "Se trata de ir graduando la reacción a medida de la respuesta", sostienen las fuentes consultadas. No obstante, no descartan "nada". Pero recuerdan que es uno de los preceptos contemplados en la reforma de la ley del TC, aprobada por el PP en los últimos días de la X Legislatura. En definitiva: que el TC podría hacerlo en aplicación de la ley sin esperar a la Abogacía del Estado.

Suspensión de un acto en Madrid

Del mismo modo que hay en el PP quienes piden "más contundencia" en la respuesta al Govern, hay quienes consideran que hay que ser "muy prudentes" con cada paso que se da. En este sentido, consideran que la decisión del PP de Madrid de llevar a la Justicia un acto de apoyo al referéndum convocado para el próximo domingo en una sala del espacio municipal de Matadero fue "arriesgada" por lo que pueda suponer de munición para los independentistas.

Fuentes del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Madrid mantienen que en ningún caso actuaron por libre y que la dirección nacional del PP estaba al tanto de la iniciativa judicial.

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