El Gobierno crea el delito de enriquecimiento ilícito ante las dudas de que la enmienda de ERC beneficie a corruptos

Más cambios legales. El Gobierno introducirá en el Código Penal un nuevo delito de enriquecimiento ilícito con penas de hasta 3 años de cárcel para aquellos cargos públicos con un enriquecimiento superior a los 250.000 euros y que podrá suponer, además, una inhabilitación de entre dos y siete años.

Esto se hará a través de una enmienda registrada este viernes por parte de los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos a la reforma del Código Penal que supondrá reformar el delito de sedición. También Esquerra Republicana ha presentado otra enmienda que conlleva tocar la malversación, volviendo al modelo anterior a 2015 y con hasta tres años menos de cárcel cuando no  haya ánimo de lucro.

Los socialistas contrarrestan con su enmienda la posibilidad de tocar la malversación impulsada por ERC. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, aseguró que sus enmiendas van en la dirección de luchar contra la corrupción y que no apoyarán ningún tipo de despenalización sobre estos tipos. No obstante, comentó ante la prensa en el Congreso que no conoce la enmienda de Esquerra y que la estudiarán una vez la tenga en sus manos.

Asimismo, los socialistas y Unidas Podemos han registrado otra enmienda para poner fin al bloqueo del Tribunal Constitucional cambiando el sistema de mayorías dentro del Consejo General del Poder Judicial para seleccionar a sus dos miembros del Alto Tribunal (la ley vigente requiere tres quintos, por lo que se pasará a una sola votación por mayoría).

El nuevo delito

López defendió que “por primera vez” se introduce este tipo de delito sobre enriquecimiento ilícito y alegó que no existe hasta ahora un procedimiento para comprobar al final del mandato de los cargos públicos si han tenido un “incremento desproporcionado e injustificado”. Por ello, la enmienda recoge que aquellos que hayan superado en ingresos o cancelación de deudas los 250.000 euros (hasta cinco años después de su responsabilidad) pueden enfrentarse a penas de prisión de entre 6 meses y 3 años. Las inhabilitaciones, apostilló López, puede ser entre dos y siete años, con multas de hasta treves el enriquecimiento.

De esta manera, a juicio de los socialistas, España se colocará entre los países más avanzados en este sentido al estilo de Francia y Luxemburgo. “No puede ser que conozcamos casos de corrupción y no pase nada, que no haya consecuencias”, sostuvo el portavoz. Fuentes socialistas apuntan a episodios en estos momentos como el de la alcaldesa de Marbella, Ángels Muñoz, con un patrimonio superior a los doce millones de euros, habiendo trabajado toda su vida en política.

La gran duda ahora en el trámite es si el PSOE apoyará la enmienda sobre malversación de ERC. López insistió varias veces en que no conocía el texto de los republicanos y que se estudiará ahora en la Cámara Baja. Remarcó, sin embargo, que no van a apoyar cambios que “puedan suponer ningún cambio a condenados o procesados por corrupción”. Todo uso irregular o arbitrario de fondos públicos tiene que estar sancionado en el Código Penal, advirtió el portavoz. Para remachar: “El PSOE no va a aprobar ningún retroceso en la lucha contra la corrupción”.

En todo momento intentó desvincular el nuevo delito con la propuesta de ERC. Y con la idea insistente: “No conocemos las enmiendas de Esquerra. Las analizaremos. No aprobaremos nada que suponga despenalizar, no hemos presentado ninguna enmienda que tenga que ver con la malversación”.

Esta posible reforma de la malversación está causando malestar entre sectores del PSOE, algo que no sucedió así con la sedición. Ya no se trata sólo de Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) y Javier Lambán (Aragón), sino de algunos líderes  más próximos a Pedro Sánchez como Juan Lobato (Madrid) y Luis Tudanca (Castilla y León).

UP estudiará "a fondo" la enmienda de ERC y dice que negocia el PSOE

Esta reforma del Código Penal ha cogido carrerilla en las Cortes. La idea del PSOE y de UP es que quede cerrada antes de que acabe este año, por eso se han convocado para el lunes y el martes los trámites de ponencia y de comisión. Esto podría llevar incluso a que la Junta de Portavoces pueda dar luz a que vaya a Pleno el mismo jueves.

Tanto desde el PSOE como por parte de Unidas Podemos, según comentó Jaume Asens, se rechazan las críticas a la manera de tramitar esta reforma de la ley. A juicio de López y el diputado de los ‘comunes’ sí que es urgente cambiar el sistema ante el bloqueo que se está dando ahora mismo en la justicia española.

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Asens señaló que es el PSOE el que está negociando con Esquerra, pero espera que se llegue a un acuerdo. Unidas Podemos, incidió, va a estudiar “a fondo” la enmienda del grupo de Gabriel Rufián, rechazando “una carta blanca para los corruptos” y afirmando que le parece bien que se vuelva a la legislación previa 2015. Por eso, ahora tienen mucha “prevención” para que no sirva para garantizar “impunidad de ningún corrupto”. “Vamos a ser muy escrupulosos”, sostuvo el diputado catalán, encargado de la proposición de ley. Pablo Echenique añadió que van a estudiar la enmienda pero con una "línea roja": no puede haber beneficios para condenados por corrupción.

Dentro de esta reforma, el PSOE y UP también han registrado enmiendas para blindar la protesta pacífica en el nuevo delito de desórdenes públicos (por el que se cambia el de sedición y se reducen las penas a cinco años de cárcel como máximo). Pero se afina el texto para que no pueda ser utilizado el redactado nuevo del Código Penal para manifestaciones pacíficas, algo que ha preocupado en los últimos días a los grupos de izquierda.

También los dos grupos han pactado otra enmienda a fin de reformar el artículo 311 del Código Penal para poder actuar contra las empresas que incumplan reiteradamente la legislación laboral.