El Gobierno fía la estabilidad de la legislatura a que Esquerra aguante el pulso a Puigdemont

Un año y dos meses después de que Quim Torra diera por agotada la legislatura, a la vista de las diferencias insalvables que Junts tenía con Esquerra, las espadas siguen en alto en el mundo soberanista. Carles Puigdemont se resiste a ceder a ERC el timón del independentismo que el expresident ha acaparado los últimos cinco años y trata de atar al nuevo president, el candidato republicano Pere Aragonès, imponiéndole un corsé en el Congreso (unidad de acción frente a Pedro Sánchez) y otro en Barcelona (que la dirección del soberanismo siga en Waterloo). Esquerra, bajo la dirección de Oriol Junqueras, se resiste. Es un su oportunidad de marcar el rumbo y quiere aprovecharla.

La pelea entre los independentistas partidarios de la confrontación y de desafiar de nuevo el orden constitucional, representados por Junts pero también por las CUP, y los que apuestan por el diálogo a la espera de reunir una mayoría social incontestable que acabe obligando al Gobierno central a ofrecer un referéndum sigue sin resolverse.resolverse

Y eso tiene consecuencias en el juego de mayorías de la legislatura, admiten fuentes de la Moncloa consultadas por infoLibre. Si Esquerra impone su criterio, el de la política pragmática y la negociación, en el Gobierno creen que se abre un escenario en el que será viable dar continuidad a la mayoría progresista que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Y mantenerla incluso hasta 2023, cuando el calendario exige nuevas elecciones. Pero si Junts se sale con la suya, en el Gobierno están seguros de que el margen para llegar a acuerdos que saquen adelante lo que queda del programa de la coalición será prácticamente inexistente.

Las fuentes consultadas aseguran que si los republicanos marcan el rumbo están convencidos de que habrá avances en la agenda nacional. Tanto en lo que se refiere a la aprobación de los presupuestos de 2022 como en materia de financiación autonómica —la conciencia de estar infrafinanciados fue uno de los combustibles que alimentó el tránsito del nacionalismo catalán hacia posiciones mayoritariamente independentistas— o en la tramitación de determinadas leyes sociales que son importantes para Esquerra. Por ejemplo en materia fiscal. Y también será posible, añaden, explorar soluciones al conflicto de fondo a través de la Mesa de Diálogo entre el Gobierno de España y el Govern de Cataluña, tal y como se comprometieron a hacer el PSOE y ERC al comienzo de la legislatura.

La solución para los presos

Vinculados a esos avances, y por tanto también a cómo se resuelva el pulso entre Junts y Esquerra, está lo que pueda suceder con la solución que Gobierno estudia para los presos independentistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo. Ya sea a través de la concesión de indultos, cuya tramitación sigue su curso, o mediante la reforma de los delitos de rebelión y sedición en el Código Penal.

De momento en Moncloa confían en que Esquerra haga valer el resultado electoral. Entre otras cosas porque no se hace ilusiones para el caso de que Puigdemont se salga con la suya y consiga seguir marcando el paso al independentismo. En esa situación se complicaría no sólo el objetivo de dar viabilidad al conflicto catalán a través de una negociación política sino la legislatura misma, porque los acuerdos para sacar adelante proyectos clave en el Congreso se encarecerían más allá de lo que el Gobierno está dispuesto a considerar.

Entretanto, reconocen, la división del soberanismo no les viene mal porque debilita su estrategia. Las noticias sobre sus desavenencias en relación con el camino hacia la independencia pero también sobre otras materias de la gestión política del día a día se imponen al relato común de la secesión. Y eso reduce la presión que la derecha sigue tratando de ejercer contra el Gobierno porque vacía de contenido sus constantes acusaciones de que Sánchez está destruyendo la unidad de España.

En Esquerra, según fuentes del grupo parlamentario en el Congreso, no esperan avances en nada relacionado con Cataluña hasta después del 4M. Son muy conscientes de que las elecciones en Madrid meten la cuestión catalana en el congelador. Los republicanos creen que como muy pronto no habrá acuerdo con Junts para formar nuevo Govern hasta mediados de abril, aunque sospechan que Puigdemont no tendrá inconveniente en prolongar el pulso hasta finales de mayo y presionarles con la posibilidad de una repetición electoral.

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Al Gobierno no le interesa que Cataluña vuelva al primer plano de la actualidad en plena campaña madrileña, pero admiten que no está en sus manos controlar el ritmo de la formación de Govern. Están convencidos de que la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, tratará de utilizar Cataluña durante la campaña para movilizar a los suyos. En realidad ya ha comenzado a hacerlo: hace cuatro días denunció que el Gobierno de Sánchez entregará más dinero a Cataluña que a Madrid para ayudar a los sectores económicos afectados por la pandemia.

Gane quien gane el pulso entre Junts y Esquerra, subrayan fuentes de Moncloa, Sánchez no tiene intención de modificar la hoja de ruta que trazó al comienzo de la legislatura para abordar el problema catalán. Su oferta sigue siendo la misma que expuso entonces: hay que buscar “soluciones compartidas y viables que representen a una amplia mayoría de catalanes”. Un acuerdo “tan amplio como el que alumbró el primer autogobierno de Cataluña al amparo de la Constitución”, que en 1979 contó con el 88,15% de los votos afirmativos.

A diferencia de entonces, Sánchez ya no depende ahora de tener que aplicar los presupuestos heredados del PP, diseñados por la derecha para una época que nada tiene que ver con la actual. Ahora dispone de sus propias cuentas y, en el peor de los casos, puede aguantar uno o dos años prorrogándolas. Y eso le da más margen de negociación con los republicanos.