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Administración pública

El Gobierno permite que los parados que trabajen para las administraciones públicas sigan en sus puestos

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El blogEl BOE nuestro de cada día, editado por la periodista Eva Belmonte, publicó este martes la aprobación por parte del Gobierno de un Real Decreto Ley que permite que los desempleados que trabajen para las administraciones públicas sigan en sus puestos, un sistema que ha sido declarado ilegal por el Tribunal Supremo.

"Como ya es habitual en todas las épocas de vacaciones, el Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley que mezcla y modifica disposiciones legales de muy diferentes ámbitos, todo en uno [...] y ha añadido una disposición para que los desempleados que trabajan en las administraciones públicas de forma obligatoria bajo el modelo de “colaboración social” y que realicen trabajos en los que sustituyen la labor de un funcionario, un sistema que ha sido declarado ilegal por el Tribunal Supremo, puedan seguir en sus puestos de trabajo pese a la sentencia en contra", explica la periodista.

Este sistema, según la autora de la información, permite a las administraciones públicas contratar a desempleados que estén cobrando una prestación para realizar trabajos “que sean de utilidad social y redunden en beneficio de la comunidad” a cambio de un complemento a la prestación por desempleo. "Por esa razón, para que las entidades públicas puedan ahorrarse esa parte de lo que debería ser un salario completo, el sistema excluye a los parados que no reciban subsidio", detalla, además de señalar que los puestos convocados, mediante acuerdos con el Servicio Público de Empleo, son de obligada aceptación para los parados.

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Este sistema se ha incrementado en los últimos años, en los que, según la periodista, se ha usado como un sustituto del empleo estructural de las administraciones públicas. "De hecho, las entidades podían despedir a un funcionario y contratar, por menos dinero, a uno de estos colaboradores sociales", subraya y recuerda que hace un año el Tribunal Supremo emitió una sentencia en la que "dejaba claro que este modelo no puede servir para suplir tareas habituales de la administración pública que contrate".

El decreto ley, que entra en vigor este miércoles, "permite saltarse esa decisión judicial, al menos de forma temporal". Así, señala la periodista en el artículo, el Gobierno justifica esta medida para evitar que los ayuntamientos “carezcan de los recursos humanos suficientes” mientras se cumple la previa dotación y provisión de los respectivos puestos de trabajo establecida por mandato legal hace más de un año.

"Esta decisión afecta, por ejemplo, a los centenares de puestos de trabajo bajo en entidades locales de la Comunidad de Madrid y que están, actualmente, en vigor. La convocatoria, publicada en el BOCM, permite a la comunidad autónoma subvencionar esos complementos a la prestación para que los ayuntamientos de la región contraten a desempleados", detalla Belmonte, además de señalar que la resolución de 2014 "incluye centenares de puestos de trabajo de aceptación obligatoria para delineantes, jardineros, albañiles, fontaneros, peones de limpieza o pintores, entre muchas otras profesiones, para realizar, por ejemplo, obras de mejora en edificios municipales, entre muchas otras labores alejadas de la descripción estricta de 'colaboración social'", sentencia el artículo.

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