El Gobierno se reserva el control de la pandemia en caso de desacuerdo con los presidentes autonómicos

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, por delegación del presidente Pedro Sánchez, será quien, en última instancia, seguirá tomando todas las decisiones en relación con el plan de desescalada de la pandemia del covid-19 que está a punto de comenzar. Es verdad que, como precisó la ministra portavoz, María Jesús Montero, las medidas de cogobernaza incorporadas a la prórroga del decreto de alarma a petición del PNV y aprobadas este viernes por el Consejo de Ministros obligan al Ejecutivo a definir de común acuerdo con las Comunidades Autónomas las condiciones para pasar de una fase a otra, pero la gestión diaria de la situación sólo quedará en manos de los presidentes de cada territorio si el progreso en las medidas de alivio se adopta por consenso. En caso de discrepancia, Sanidad conservará el mando.

Así lo explicó este viernes la ministra portavoz en una rueda de prensa en la que, aunque evitó polemizar abiertamente con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), después de que ésta decidiese enviar al Gobierno un plan de desescalada sin el apoyo de sus propios técnicos en Salud Pública, sí quiso hacer un llamamiento “a la tranquilidad” de los madrileños porque “el escenario de cogobernanza” y el control último del Gobierno central suponen “una garantía adicional” de que cualquier medida se toará de acuerdo con los criterios del Ministerio de Sanidad.

En la misma rueda de prensa, y tal y como ya había anticipado el presidente Sánchez en el debate en el Congreso el pasado miércoles, el Gobierno se propone solicitar nuevas prórrogas del estado de alarma mientras necesite mantener en vigor restricciones a la movilidad y al derecho de reunión, lo que de acuerdo con el calendario tentativo aprobado por el Ejecutivo seguirá siendo necesario hasta finales de junio, cuando todos los territorios superen la Fase III de la desescalada y se autoricen los desplazamientos entre provincias.

No obstante, la intención del Gobierno es ir limitando el alcance de cada una de esas prórrogas a las condiciones de evolución de la pandemia.

Montero volvió a tender la mano a todas las fuerzas políticas para “trabajar conjuntamente” en una situación de “extrema gravedad” y subrayó que es vocación del gobierno contar el mayor número de grupos políticos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2021 en un “momento tan crítico”.

Mínimo común denominador

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En ese sentido, y en referencia a la actitud que ha adoptado Ciudadanos desde que comenzó la pandemia, agradeció “la disposición al diálogo de algunos grupos” y enfatizó la necesidad de construir un “mínimo común denominador” en la comisión de reconstrucción económica y social que se constituyó el jueves en el Congreso, de la que el Gobierno espera consensos en relación con las políticas que tiene que desarrollar en los próximos meses para superar los daños causados por el covid-19.

Montero sí criticó la actitud del PP en la votación de la prórroga del estado de alarma. “No se entiende” su abstención, subrayó, no se entiende que no tenga una postura ante la crisis sanitaria más grave en los últimos cien años. Si la prórroga no hubiese salido adelante, remarcó, con toda seguridad España se encaminaría a un rebrote de la enfermedad.

En cualquier caso, aclaró en respuesta a una de las preguntas que le formularon los periodistas de forma telemática, el Ejecutivo mantiene sus planes de reforma fiscal en un momento en el que las arcas públicas, como consecuencias de las medidas extraordinarias adoptadas, están particularmente maltrechas. Y confía en que la Unión Europea dé una respuesta adecuada a la crisis más alude medidas de liquidez.