Lunes, 12 de mayo de 2025. Acaba de arrancar una nueva edición de la bienal Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España (Feindef), el escaparate de armas de referencia en nuestro país. E Ifema es todo un hervidero de gente. Desde primera hora, la normalidad la marca un ir y venir continuo de taxis, vehículos VTC y ejecutivos. Una estampa de negocios en la que se cuela, a eso del mediodía, una docena de activistas antimilitaristas que acceden al recinto por la puerta sur. Seis se rocían con pintura roja, representando la muerte alrededor del comercio de armas, y se tumban sobre la calzada con carteles de países asolados por la guerra –Palestina, Yemen, Líbano, Sudán o Ucrania–. Otros dos, trajeados como si fueran peces gordos de la industria armamentística, lanzan billetes falsos de 500 euros mientras se estrechan la mano y miran con indiferencia a las víctimas. Y el resto, despliega pancartas y corea lemas.
José Miguel Lorenzo formaba parte del primer grupo. Juli Aguado, por su parte, representaba en la performance a uno de esos "señores de la guerra" que se daban cita en la capital. Y ambos tienen hoy sobre sus mesas una propuesta de sanción por aquella acción. Ellos, y los otros diez compañeros que aquel lunes fueron trasladados en tres vehículos policiales a la comisaría del distrito de Hortaleza para su identificación –no portaban documentación–. Tras recibir la denuncia formulada por la Dirección General de la Policía, la Delegación del Gobierno ha fijado para cada uno de los activistas una multa de 700 euros. Y lo ha hecho en base a la Ley de Seguridad Ciudadana –conocida popularmente como ley mordaza–, una norma que el Ejecutivo prometió hace años derogar.
El expediente sancionador, al que ha tenido acceso infoLibre, identifica la infracción cometida como grave. Es, en concreto, la que se recoge en el artículo 36.3 de la citada ley: "Causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, u obstaculizar la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos, cuando en ambos casos se ocasione una alteración grave de la seguridad ciudadana". No es la primera vez que protestan contra la industria armamentística a las puertas de su feria de referencia. Ni la primera que, por ello, acaban en comisaría. "A veces nos multan y otras veces no, porque la Policía es quien eleva la propuesta de sanción y Delegación quien decide si se tramita. En esta ocasión, el Gobierno más progresista de la historia ha decidido que se tramite", resalta al otro lado del teléfono Lorenzo.
En el parte de intervención, al que ha accedido este diario, se realiza un somero relato de la actuación policial. En él, los agentes hacen una suerte de fotografía de la performance. Y acusan a los activistas de "interrumpir el tráfico de acceso y desencoche de las personas asistentes" a la feria. A diferencia de las actas, que se limitan a hacer referencia a las manchas que quedan en la vía o a la puesta "en peligro" del tráfico, el parte niega expresamente resistencia alguna por parte de los activistas: "El indicativo interviene para proceder al embolsamiento del colectivo y retirarlo de la calzada. No existe empleo de la fuerza por parte de los actuantes". "Los hechos generan una obstaculización del normal funcionamiento del tránsito rodado en el recinto ferial para acceder al evento", completa el documento.
La batalla de los recursos
Una vez recibida la comunicación de la Delegación del Gobierno en Madrid, los activistas tenían dos opciones. Por un lado, pagar la multa sin rechistar y obtener una rebaja sobre la misma. Por otro, dar la batalla. Y Lorenzo, por supuesto, se decantó por la segunda. En su recurso, el activista antimilitarista niega que la acción en la que participó afectase al tráfico. "El lugar donde nos encontrábamos estaba ubicado dentro del recinto privado del Ifema, donde apenas acceden vehículos", resalta. Es más, añade, solo se ocupó "uno de los tres carriles" que discurren frente a la puerta principal, "quedando dos libres para el tráfico rodado, que en ese momento no había".
En su escrito, Lorenzo también alega que "en ningún momento" se "interrumpió" el "normal funcionamiento del acto". "Los asistentes pudieron continuar asistiendo, con la única salvedad de que también pudieron vernos simbolizando las consecuencias del uso de las armas que se exponían", apunta. Y pone también el acento en la ausencia de resistencia por parte de los activistas, pertenecientes a colectivos como Desarma Madrid o Alternativa Antimilitarista-UOC: "Resulta difícil de creer que en mitad de la supuestamente tan grave alteración del orden público de la que se nos acusa, los agentes ni siquiera tuvieran que hacer uso de la fuerza para que nos levantáramos".
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No es la primera vez que pelean contra la ley mordaza. Y, hasta ahora, no les ha ido mal. En un cajón terminaron, al final, las sanciones que se impusieron a casi una treintena de activistas por realizar pintadas a favor de la paz y en contra de la Organización del Tratado Atlántico Norte en la fachada de la Escuela de Guerra del Ejército en Madrid coincidiendo con la cumbre de la OTAN en la capital. Y lo mismo ocurrió con las tramitadas por protestar en 2017 contra otra feria de tecnología de defensa en la capital. Como no se pudo demostrar ni desobediencia ni resistencia a la autoridad en la acción, todo quedó finalmente archivado.
Un "contexto" que pide ser antimilitarista
Aguado, que se desplazó más de 300 kilómetros para participar en la protesta contra la feria armamentística, critica que se esté "castigando el derecho a la protesta". En conversación con este diario, reconoce que este tipo de sanciones, con las que se persigue un "control social", son armas de doble filo. Por un lado, "disuaden y mucho": "Sientes que te quitan garantías". Pero también sirven de "caja de resonancia". "Igual que ocurría con el movimiento insumiso, que cada vez que alguien iba a la cárcel aumentaba de tamaño", resume este profesor de Sociología en la Universitat de València y experto en movimientos sociales.
Pese a las multas, Aguado, que lleva en el activismo antimilitarista desde los ochenta, piensa seguir al pie del cañón. Sobre todo, en un momento de rearme mundial como el actual. "No es que te lo pida el cuerpo, es que te lo pide el contexto. Guerras, genocidio y todo el catálogo de desastres provocados por el militarismo. Hay que estar ahí y deberíamos ser más. Es gordo lo que hay y lo que viene", asevera. En la misma línea se pronuncia Lorenzo, que avisa de que seguirán alzando la voz contra ferias de tanques, helicópteros, drones, miras telescópicas o simuladores de tiro. Escaparates como Feindef, que desde su primera edición en 2019 ha quintuplicado el espacio de exposición y ha multiplicado por diez el número de exposiciones internacionales. "Es un espacio repleto de militares de alta graduación, políticos o ministros. Por eso no les debe de gustar que aparezcamos por ahí", sentencia el activista.
Lunes, 12 de mayo de 2025. Acaba de arrancar una nueva edición de la bienal Feria Internacional de Defensa y Seguridad de España (Feindef), el escaparate de armas de referencia en nuestro país. E Ifema es todo un hervidero de gente. Desde primera hora, la normalidad la marca un ir y venir continuo de taxis, vehículos VTC y ejecutivos. Una estampa de negocios en la que se cuela, a eso del mediodía, una docena de activistas antimilitaristas que acceden al recinto por la puerta sur. Seis se rocían con pintura roja, representando la muerte alrededor del comercio de armas, y se tumban sobre la calzada con carteles de países asolados por la guerra –Palestina, Yemen, Líbano, Sudán o Ucrania–. Otros dos, trajeados como si fueran peces gordos de la industria armamentística, lanzan billetes falsos de 500 euros mientras se estrechan la mano y miran con indiferencia a las víctimas. Y el resto, despliega pancartas y corea lemas.