La crisis de la electricidad

Por qué el Gobierno puede todavía cumplir su promesa sobre el precio de la luz (y por qué sigue sin ser fácil)

Alumbrado navideño en la Gran Vía de Madrid.

La crisis de los precios de la energía sigue plenamente vigente, aunque no ocupe los titulares. El gas sigue llevando los costes de la electricidad a máximos en España y en Europa y el Gobierno está, por ahora, sin margen. Hace unas semanas exploró una posible reforma para revolucionar el sector renovable y abaratar el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), la modalidad a la que se acoge aproximadamente el 38% de los consumidores domésticos y que bascula según los vaivenes del mercado mayorista, el que está disparado. Pero decidió buscar el "consenso" tras meses de imposición. Y no lo encontró. Mientras tanto, el frente europeo sigue en guerra de posiciones: acompañan a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, Francia, Italia y Grecia en la demanda de una reforma que no ve con buenos ojos el resto.

Ante el impasse, y aplicadas todas las medidas que podían aplicarse a corto plazo, crecen las dudas sobre si el Gobierno podrá cumplir la promesa que lanzó cuando empezó el rally: que, gracias a sus medidas, el precio medio para los consumidores domésticos al terminar 2021 sería similar a la media de lo que pagaron en 2018. Las dos principales organizaciones de consumidores (OCU y Facua) y varios medios aseguran que es imposible que se cumpla. Sin embargo, se refieren al PVPC, modalidad lejos de ser mayoritaria, sin contar con los descuentos del bono social, ampliados en el último decreto, y sin contar con el mercado libre.

La realidad del mercado al completo, contando con todas las modalidades, es distinta, compleja y poco transparente. El Gobierno cuenta con que la subida del PVPC, sí cuantificable y pública, se pueda compensar con otros elementos. La factura regulada media pasó, según los cálculos de OCU, de 100 euros al mes en octubre a 95 en noviembre. Un ligero alivio, pero muy por encima del recibo promedio de 2018, de 67,21 euros, frente a los 75,6 del año en curso. Facua apunta que la factura de diciembre tendría que ser negativa (que las eléctricas pagaran a los ciudadanos por consumir) para que el Ejecutivo cumpla su promesa en ese punto.

Sin embargo, ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, han mencionado explícitamente el PVPC a la hora de hablar de ese compromiso. Hablan de que, palabras textuales de la ministra, "el precio medio para los consumidores domésticos al terminar 2021 sería similar a la media de lo que pagaron en 2018". ¿Qué es el precio medio para los consumidores domésticos? Pues la media del PVPC, los contratos del mercado libre y los descuentos del bono social.

Pero los dos últimos elementos son difíciles de estimar para ponerlos en la balanza y saber si, una vez más, "el precio medio" será superior o inferior al de 2018. Los descuentos del bono social van hasta el 70% en el caso de familias vulnerables severas, con un mínimo del 25% de ahorro; por lo que se puede pasar a pagar 27 euros al mes, en caso de un consumo medio, en vez de 90. Pero es difícil calcular cómo afectan estos beneficios al cálculo final que aplica para el compromiso, porque cada consumidor, atendiendo a su situación, disfruta de una rebaja distinta. Sí sabemos el total de beneficiarios: 1.208.067 en octubre, según datos de Transición Ecológica.

La cifra no se ha recuperado aún de la caída en picado sufrida hace un año, tras el fin de la prórroga automática aprobada en lo peor de la pandemia, y las organizaciones calculan que la mitad de los que podría recibir la subvención no la percibe. Casi un tercio de los hogares desconocen la existencia del bono social y entre los que sí lo conocen, un 35% afirma desconocer los requisitos para beneficiarse del mismo, según una encuesta reciente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

También es difícil saber cómo evoluciona el mercado libre, al que se acogen más del 60% de los consumidores domésticos españoles, donde las comercializadoras son libres de establecer el precio que estimen oportuno. Generalmente, estos contratos tienen una vigencia de un año durante el cual la electricidad no se encarece. Pero si se acaba, las eléctricas pueden aplicar subidas. Y las aplican, muchas veces mediante letra pequeña que pilla desprevenidos a los clientes. Los cálculos de la CNMC apuntaron este verano a un 30% de subida de media, llamativa pero menor a la del mercado regulado. No hay datos más actualizados.

El Ejecutivo aspira a que las medidas que ha tomado que también aplican a la tarifa libre le ayuden a cumplir su promesa. Para un cliente doméstico que consume poco y al que aún no le han renovado el contrato, por lo que no sufre la escalada actual (porque firmó, por ejemplo, en marzo, antes de que el pool se disparara), la factura puede ser incluso mejor que antes. Los peajes y las cargas se han reducido hasta en un 90% y el IVA ha caído, para todos, del 21% al 10%. Por lo tanto, estos usuarios, junto a los beneficiarios del bono social, pueden bajar la media. También entrará en juego la reforma de los tramos aplicada a partir de junio de 2021, mediante lo cual los usuarios pueden ahorrar si mueven su consumo a las horas valle.

Al otro lado están los grandes consumidores, fuera de la etiqueta de domésticos. La industria electrointensiva suele firmar contratos a largo plazo con las generadoras de electricidad, ajenas –por lo general– a la escalada. Si no contaban con esta modalidad, se han visto obligadas, incluso, a parar su producción. En una escala menor de consumo, bares, restaurantes, comercios de todo tipo, aunque los peajes, las cargas y los impuestos hayan descendido, han sufrido mucho durante 2021 al término de sus contratos. Las medidas de alivio no les han podido compensar del todo.

Lo que ha conseguido el Gobierno, y quizá lo que buscaba, en línea con que reclama la Comisión Europea, es que los pequeños consumidores y los más vulnerables paguen menos, o no tanto, y que los grandes consumidores, domésticos, de pymes o industriales, paguen más. La media, calcula el Ejecutivo, será similar a la de 2018, aunque por entonces existía menos desigualdad en las tarifas y las facturas de cada modalidad. En palabras de Ribera: "Habrá muchas familias que paguen menos, otras lo mismo y otras más".

¿Y cómo sabremos si se cumple? Hasta abril de 2022, nada: según explica el Gobierno a infoLibre, se basará en las estadísticas de Eurostat, que publicará entonces sus cálculos para todos los Estados miembro de la UE sobre el precio de la electricidad en el segundo semestre de 2021. El Ejecutivo aspira a que, gracias a sus políticas, la media se quede en los 23 céntimos / KWh que abonaban en 2018, cifra similar a lo que abonaron en el primer semestre de 2021. "Descontada la inflación", matizan fuentes del Ejecutivo. Una inflación sobreestimada por el Instituto Nacional de Estadística, como aseguró la secretaria de Estado de Energía, Sara Aegesen, en una tribuna en El Periódico de España: el INE solo tiene en cuenta la tarifa regulada para calcular el impacto de la subida de la luz en el Índice de Precios al Consumo. El organismo ya se ha comprometido a corregir la deficiencia.

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