El PP hace bandera de la investigación parlamentaria por contratos del covid tras bloquearla donde gobierna

El estallido del caso Koldo, que ha abierto una nueva crisis de futuro incierto para el Gobierno de Pedro Sánchez, ha llevado al PP a abanderar que el Parlamento investigue y “depure responsabilidades” por el cobro de comisiones en la venta de mascarillas durante la pandemia. Pero la defensa de la obligación ineludible de esclarecer lo sucedido en un caso como este ha puesto sobre el tablero un hecho reciente aunque opacado. Y ese hecho se resume así: el mismo PP que reclama una investigación parlamentaria sin paripés –aunque la propone en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, y no en el Congreso– vetó en las comunidades donde gobierna las solicitudes para someter a examen los contratos de emergencia por el covid.

El paradigma de mayor envergadura y resonancia se sitúa en la Comunidad de Madrid, donde el tándem PP-Vox tumbó en febrero de 2022 la posibilidad de constituir una comisión parlamentaria sobre el contrato a Priviet Sportive, empresa capitaneada por un amigo de la infancia de Isabel Díaz Ayuso y que vendió a la sanidad pública regional  250.000 mascarillas quirúrgicas por 1,5 millones. Como comisionista de Priviet, recibió 234.000 euros Tomás Díaz Ayuso, hermano y socio de la presidenta en Sismédica SL, una mercantil heredada por ambos de sus padres y de apariencia inactiva pero por razones desconocidas nunca liquidada.

Pero Madrid no es un caso único. En Andalucía, donde un empresario denunció que le habían intentado convencer para que subiera el precio de los test de detección del Covid que había ofrecido a la Junta, también el Ejecutivo de Juanma Moreno Bonilla impidió crear una comisión de investigación sobre 21.668 contratos exprés que entre 2020 y 2022 se adjudicaron por 1.600 millones. Los socialistas, que calificaron de “abuso consciente” la amplia utilización de una fórmula que, dadas las circunstancias de la pandemia, permitía sortear los controles habituales, vieron cómo la Mesa del Parlamento andaluz les conminaba a demostrar que su petición tenía por objeto someter a investigación un asunto “de interés público”.

En Galicia, y como publicó este viernes infoLibre, el Gobierno que todavía presidía Alberto Núñez Feijóo derribó con un manotazo de mayoría absoluta la solicitud del BNG para investigar mediante una auditoría externa los contratos de emergencia, entre ellos dos otorgados a uno de los cofundadores de Sismédica SL. En Murcia, la Mesa de la Asamblea Regional admitió la petición de Podemos pero la inclusión de tres tránsfugas de Vox en el grupo mixto, al que pertenecían los dos diputados de la formación morada, garantizó al PP que la propuesta acabase en el limbo. Ahora –y al igual que ha ocurrido en Galicia, allí por iniciativa del BNG– Podemos ha solicitado de nuevo una comisión de investigación.

El repliegue del PP de Ayuso

La cerrazón de Ayuso y su grupo parlamentario a abrir las puertas de la Asamblea de Madrid a la investigación y mientras el entonces y luego defenestrado presidente del PP, Pablo Casado, le reprochaba que su hermano saliera ganando al tiempo que el virus provocaba 700 muertes al día,  la oposición dio un paso hacia la vía judicial: PSOE, Más Madrid y Podemos presentaron una denuncia conjunta en la Fiscalía Anticorrupción.

La fiscalía que dirige Alejandro Luzón abrió diligencias el 22 de marzo. Doce días antes, el PP ya había reaccionado presentando en Anticorrupción su denuncia por lo que acabaría conociéndose como caso Koldo. Por cerrar la secuencia cronológica, dos fechas más: las diligencias sobre la operación que benefició al hermano de Ayuso se cerraron el 23 de junio de ese miso año. Las investigación sobre la trama del ex asesor del ministro José Luis Ábalos, enriquecido por la venta de mascarillas, duraron año y medio hasta que el 6 de septiembre Anticorrupción presentó una querella.

Aquella bronca interna que condujo a Ayuso a espetar a Pablo Casado una de las frases ya incorporadas a los anales de la política –“Nunca se va a poder demostrar que he ayudado a mi hermano en absolutamente nada”– no se vio solo acompañada del bloqueo a una comisión de investigación. El PP cambió el criterio de la Mesa de la Asamblea de Madrid, es decir, del órgano qué decide lo que entra en la Cámara, cuándo y cómo. Y a partir de mayo de 2022 la Mesa pasó a inadmitir todas las preguntas referidas a expedientes “de otra legislatura”. Como los contratos de emergencia por el covid se adjudicaron en la legislatura que acabó en mayo de 2021 tras el adelanto electoral decidido por la presidenta, pues nada había que responder. En septiembre de 2022, Más Madrid presentó un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional (TC), que aún no se ha pronunciado.

La 'perla negra' de Castilla y León

Pero no solo el covid ha operado como causa para el vade retro del PP a las comisiones de investigación. En Castilla y León, por acudir a un ejemplo que ahora cobra protagonismo porque tras 11 años de instrucción y frenazos acaba de comenzar el juicio del caso perla negra, el partido que permanece al frente de la Junta desde que en 1987 ganó las elecciones autonómicas José María Aznar logró por activa y por pasiva evitar una investigación parlamentaria. En diciembre de 2015 llegó a constituirse la comisión por un turbio asunto en el que cinco antiguos altos cargos se sientan en el banquillo y se arriesgan junto con siete empresarios a graves penas de prisión por el pelotazo que, por sobreprecio, costó al Gobierno regional 20 millones de euros más de lo debido en la compra de unos terrenos y un edificio.

 Pero sin que el bloqueo a fuego lento trascendiera a la opinión pública fuera –e incluso dentro, según los más críticos– de Castilla y León, el partido que hoy dirige Alfonso Fernández Mañueco obtuvo el récord de llegar a diciembre de 2017 sin que se hubiera realizado una sola comparecencia. Días antes, el letrado mayor de las Cortes regionales había emitido un informe según el cual no había habido “vulneración de ius in officio”. Traducido, lo anterior significa que nadie había menoscabado las facultades de un cargo público –aquí, los parlamentarios del PSOE– en el ejercicio de sus funciones. En la siguiente legislatura, la comisión se reabrió por exigencia de Ciudadanos, entonces socio del PP. Pero avanzó poco. Y luego llegaron de nuevo las elecciones.

Bloqueos en comunidades del PSOE

Feijóo vetó investigar los contratos del covid, entre ellos los del cofundador de la SL de Ayuso y su hermano

Ver más

Hasta aquí, la secuencia de hechos vinculados al PP. Pero en lo relacionado con las comisiones de investigación parlamentarias sobre los contratos del Covid, en multitud de ocasiones con tacha de mala tramitación, también el PSOE ejerció su poder en varias comunidades para bloquearlas mientras que el PP se esforzaba en universalizar su existencia en un momento en que la polémica por el hermano de Ayuso seguía en el debate. Ocurrió en la Comunitat Valenciana, donde en octubre de 2022 los tres partidos de la coalición progresista –PSPV-Compromís-Unides Podem– rechazaron la propuesta de PP y Ciudadanos. Ahora, quienes han hecho valer la mayoría son PP y Vox, que planean investigar los contratos de los ocho años de gobierno del Pacto del Botànic pero sin que la investigación roce los periodos anteriores. Compromís había anunciado su apoyo a la comisión si esta investigaba los contratos de cada entidad pública desde su creación hasta la actualidad. Eso implicaba bucear por la etapa de Eduardo Zaplana y Francisco Camps. El PP y Vox han dicho que no.

También se opusieron los socialistas en Canarias, donde al igual que en Valencia las tornas se han dado la vuelta. En noviembre de 2022, los grupos que apoyaban al Gobierno del hoy ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, rechazaron crear una comisión de investigación sobre los contratos del covid. La Fiscalía canaria acaba de presentar una querella contra cuatro empresarios por supuestamente haberse apropiado de 10 de los 22,9 millones que les pagó el gobierno socialista del archipiélago por material sanitario durante la pandemia. Tras el cambio de gobierno autonómico –ahora lo preside Coalición Canaria con el apoyo del PP– el grupo nacionalista y el conservador impulsan una comisión de investigación cuyo objetivo es cercar al ministro Torres.

En Extremadura, ahora bajo el mando del PP y Vox, el PSOE se opuso en noviembre de 2022 la comisión de investigación propuesta por el PP. El partido de Feijóo basaba su petición en que entre marzo de 2020 y abril de 2022 se habían adjudicado 522 contratos de emergencia por 176 millones. Y que algunos se habían pagado “al doble con solo 10 días de diferencia”. Con el eco de lo sucedido en Madrid todavía en el escenario, los socialistas replicaron que allí, en Extremadura, replicaron así: “Aquí no se han hecho contratos a dedo ni a primos ni a familiares ni a amigos y lo podemos decir con la cabeza muy alta”.