CONTRATOS DE EMERGENCIA BAJO SOSPECHA

El intento de pelotazo con los test covid para el Gobierno andaluz se saltó los trámites burocráticos desde el inicio

Un costalero es sometido a un test de antígenos durante el primer ensayo de costaleros de la Hermandad del Baratillo.

Se saltó desde el inicio los trámites burocráticos. Exactamente eso sucedió con la operación que ahora investiga un juez por los indicios de que el objetivo era inflar en cinco millones el precio que la Junta de Andalucia pagaría por unos maletines de test covid en 2020.

El testimonio judicial de un directivo del sistema sanitario andaluz y el policial de otras dos apunta a que aquella oferta de maletines circuló administrativamente por una autopista y no por la carretera bacheada del primer año de la pandemia, donde multitud de proveedores competían en un momento de emergencia. Ni la oferta de los maletines pasó por las manos del jefe de compras sanitarias –"Debería haber llegado a mí", declaró ante el juez– ni se sometió a un solo análisis de validación de calidad sino a dos. Y pedir un segundo examen constituye siempre "una irregularidad de procedimiento muy grande". Lo dijo ante la UDEF con esas palabras la responsable del proceso de validación.

El pelotazo que habría supuesto aquella operación quedó abortado: no hubo adjudicación. Pero lo que hizo crecer la bola de nieve y torció los planes de una trama cuyo alcance aún se desconoce fue la insólita denuncia verbal del empresario ofertante de los maletines: Félix Guerrero. Fue él quien el 22 de septiembre de 2020 avisó por teléfono al consejero de Presidencia, Elías Bendodo, de cómo unos intermediarios le estaban instando a pedir 24,4 millones por el lote y no los 19,4 por él calculados.

Dos meses y medio después de aquel aviso a Bendodo, vecino de Guerrero en una urbanización veraniega, la Junta abrió por fin una investigación oficial interna. A los seis días despidió al asesor Guillermo González, que como señala la Policía vació su cuenta de correo corporativo. Y al siguiente interpuso denuncia ante la Fiscalía. González es uno de los cuatro imputados en una causa sobre la que planea el delito de cohecho.

En los cuatro días posteriores al de la alerta telefónica lanzada por Félix Guerrero a Elías Bendodo, su número dos en la Consejería de Presidencia, Antonio Sanz, mantuvo 16 conexiones telefónicas con Guillermo González. Además de distintos whatsapps, hubo dos conversaciones: una de 15 minutos y otra de 7,5. Según Sanz, nunca comunicó a González que pesaban sospechas sobre él. Pero en cuanto se reunió con él para teóricamente abordar su posible traslado de puesto concluyó que estaba mintiendo. No obstante, pasaron más de dos meses antes de la apertura de la investigación interna.

Según Guerrero quien trató de marcarle el rumbo del pelotazo fue un empresario de Jerez exmilitante del PP y condenado por estafa en un juicio cuya repetición ha ordenado el Supremo: Manuel García Gallardo. Y habría sido Gallardo quien le informó de que en la operación participaba un asesor de confianza del Gobierno autonómico, Guillermo González. El promotor de los maletines de test lo grababa todo. Y a tenor de lo que esboza el sumario, los audios ya están en manos de la justicia.

Como aparece al comienzo de este texto, que los trámites establecidos no se cumplieron lo confirman las declaraciones prestadas por tres directivos de la red sanitaria pública andaluza, al menos dos de ellos nombrados por el Gobierno de Juan Manuel Moreno.

El jefe de compras: "Esto debería haberme llegado a mí"

El primero de estos directivos cuyo relato plantea serias dudas es el director de gestión económica del Servicio Andaluz de Salud (SAS) o jefe de compras, José Antonio Miranda. En su declaración como testigo ante el juez del caso, Miranda destapó que en contra del patrón establecido la oferta de los maletines no pasó por sus manos pese a que el primer paso –también en pandemia– es ese: que el aspirante a proveedor envíe la oferta a su dirección general con detalle de qué producto se ofrece y qué certificados posee. "Esto debería haber llegado a mí", fue su frase literal ante el juez. Y una vez que a renglón seguido el juez le preguntó por qué no había sido así, Miranda se encogió ligeramente de hombros, extendió las manos y contestó con rapidez: "¡Pues no lo sé!".

Si, en cumplimiento de la pauta, la oferta de los test hubiera llegado a sus manos, la dirección general que capitanea habría seguido lo que la declaración judicial de Miranda permite resumir así: se analiza si en ese momento es necesario adquirir material como el brindado y en caso afirmativo, se envía al equipo encargado de validar su calidad y comprobar la autenticidad y valor de los certificados anexos. Si la validación resulta positiva, la oferta regresa a gestión económica, que pasa ya a estudiar y negociar precios y fechas de entrega.

"Se gestó fuera del circuito"

El miércoles, infoLibre preguntó a la Consejería de Presidencia de Andalucía qué motivo condujo a que la oferta de los maletines de test no recalase como primer paso administrativo en el departamento del jefe de compras sanitarias. La respuesta oficial dice lo siguiente: "Este punto lo aclara la UDEF en su atestado. De hecho, señala literalmente que “resulta perfectamente razonable que en algún momento de la operación, Manuel García Gallardo o las personas de su entorno contactaran directamente con el propio Guillermo González para conocer algún aspecto del procedimiento”. "Por tanto, la operación se gestó fuera del circuito oficial de compra y nunca se hubiera podido formalizar", concluye la respuesta oficial. Por qué entonces la Consejería de Salud solicitó una segunda validación de la oferta de test coreanos abre así nuevos interrogantes. La existencia de ese segundo examen de validación no fue conocido por este periódico a través de documentos incorporados al sumario hasta última hora de este jueves.

"Ella no es de fiar para los miembros de la Junta que están detrás de la operación"

En este caso, y en contra de lo que ante el juez remarcó el jefe de compras sanitarias, los maletines de test covid promocionados por el empresario Félix Guerrero fueron directamente al departamento de validación técnica. Pero, en efecto, no solo hubo una. Tras un primer examen que al terminar con un informe negativo cerraba la puerta a la firma de un contrato, la Consejería de Salud ordenó una segunda: y según declaró ante la Policía la coordinadora de la red de laboratorios clínicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y gerente del área sanitaria Sur de Sevilla, María Jesús Pareja, pedir una segunda opinión constituye "una irregularidad de procedimiento muy grande". ¿Por qué? Porque Pareja –así lo expuso ante la Policía– "es la máxima autoridad en Andalucía en la materia, y así lo indica la resolución administrativa de nombramiento por parte del gerente del SAS de febrero de 2020".

Uno de los informes policiales del sumario reproduce parte de una de las primeras conversaciones grabadas por Félix Guerrero y que le hicieron comprender que estaba ante un más que posible delito. En ella, una mujer del entorno empresarial de Manuel García Gallardo habla así de María Jesús Pareja, cuyo nombramiento como gerente sanitaria lo aprobó el Gobierno de Moreno. "Ella –dice la interlocutora del denunciante y así lo plasma el informe policial– no es de fiar para los miembros de la Junta que están detrás de la operación (...) no quieren que se entere del incremente en la oferta económica... ella lo va a aprobar técnicamente y Guillermo validará la parte económica". ¿Era aquello un farol? De momento, nada acredita que haya más involucrados que los cuatro sobre los que pesa la condición de investigado o imputado.

Pareja no validó la idoneidad de los maletines. Y llegó la segunda validación, que también le cerró la puerta del éxito a los maletines de test. Pero la jefa de este nuevo equipo de análisis y gerente del hospital granadino Virgen de las Nieves, Ángeles García Rescalvo, le contó a la Policía dos datos de interés: el primero, que conoció la existencia de los maletines de test –Speedy Bag, es su nombre– por "una llamada recibida de la viceconsejera de Salud", Catalina García, para que realizase un "examen técnico" y le comunicara "los resultados obtenidos". El segundo dato que aportó García Rescalvo fue este: que "no le habían comunicado que [el Speedy Bag] ya había sido validado anteriormente". "Tuvo conocimiento a través del sujeto que oferta la propuesta", añadió. Al igual que el liderado por la sevillana María Jesús Pareja, el informe de García Rescalvo también fue denegatorio.

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