Hambre y muerte en Igal-Roncal, la carretera que abre la vía judicial por el trabajo esclavo en el franquismo
Juan Manuel Esteban sólo era en el verano de 1936 un estudiante de tercer año de Minas. Eso sí, con las ideas bien claras. Por eso, cuando estalló el golpe de Estado franquista, el joven admirador de Rosa Luxemburgo no dudó un solo segundo y se incorporó como voluntario en un batallón comunista. Durante más de dos años, estuvo combatiendo en diferentes frentes. Hasta que cayó preso. Era el 2 de febrero de 1939. Y, a partir de entonces, su vida se convirtió en un viaje continuo. Estuvo encerrado en Huesca o en La Tabacalera de Bilbao. Pasó también por el campo de concentración de Miranda de Ebro. Y fue utilizado como mano de obra forzada en la construcción de la carretera de montaña que unió las localidades navarras de Igal y Roncal, pasando por Vidángoz. Un lugar al que nunca quiso regresar.
La suya es una de las doce historias que este viernes se han puesto sobre la mesa de un juzgado de Aoiz. Es la primera vez que se interpone en nuestro país una querella colectiva por trabajos forzados durante el franquismo. Y, al parecer, no será la última. "Se está trabajando en la presentación de otras", ha explicado en rueda de prensa Sabino Cuadra, miembro de Ceaqua. La acción, en la que también participa como querellante la asociación Memoriaren Bideak, se dirige contra un número aún por determinar de "responsables militares" de los "espacios de concentración" donde se ubicaban estos trabajadores forzosos. De hecho, eso es lo primero que deberá investigarse si se admite a trámite una querella que pone el foco en crímenes de guerra y lesa humanidad.
La construcción de esta pequeña carretera de montaña, por la que hoy discurre en parte la NA-2130, se enmarca en las tareas de fortificación del Pirineo tras el final de la Guerra Civil. "Una fortificación que inicialmente se basó sobre todo en el trabajo de Batallones de Trabajadores dependientes de la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros", recoge un documento pericial aportado junto a la querella, elaborado por la Universidad Pública de Navarra y al que ha tenido acceso infoLibre. Aunque estas labores no se iniciaron hasta el verano de 1939, lo cierto es que era un asunto al que le llevaban dando vueltas desde 1937. A los investigadores, de hecho, les consta una carta de ese mismo año remitida por el general jefe del Estado Mayor al teniente general Alberto Castro en el que se le insta a tomar medidas defensivas en dicha línea.
Para todas esas tareas, fueron trasladados al Pirineo miles de represaliados encuadrados en varios Batallones de Trabajadores. Solo entre julio de 1939 y diciembre de 1942, los autores del informe que se ha aportado cifran en 15.000 el número de prisioneros trabajando solo en Navarra. De ellos, 7.482 en la construcción de diferentes fortificaciones: desde búnkeres hasta nidos de ametralladoras. Y 8.797 dedicados a la apertura de cuatro carreteras. Entre ellas, la que unía el valle de Salazar y el de Roncal. En esta última, la Igal-Vidángoz-Roncal, estuvieron trabajando con un pico en una mano y la pala en la otra 2.354 prisioneros procedentes de toda la geografía española. E, incluso, de otros países. A los investigadores les constan al menos tres de Argentina, Estados Unidos y Filipinas.
Trabajo esclavo por tres garbanzos
Todos estuvieron encuadrados en los Batallones de Trabajadores (BBTT) 106 y 127 y los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores (BDST) 6 y 38. Y aunque no acabaron la vía, sí se encargaron de la labor más complicada: la apertura de la caja de la carretera. Y lo hicieron en unas condiciones "extremas e inhumanas", tal y como se han encargado de recordar este viernes las familias. "Cada uno tenía que estar picando hasta que le dijeran, tú no decías nada y a picar y a sacar con la pala los escombros y, si no, a poner piedras para hacer las murallas, pasando con una cuerda de uno a otro, para hacer las murallas", explicaba hace años Vicente Celis, del Batallón 127. Su testimonio, como el de otros muchos, ha quedado recogido en la obra Esclavos del franquismo en el Pirineo (Txalaparta, 2006), de los historiadores Fernando Mendiola y Edurne Beaumont.
Los prisioneros estaba vigilados de forma permanente por escoltas armados durante la jornada con orden de castigar si bajaba el ritmo de los trabajos. "Había veces que estábamos 15 o 20 y arreaban por punta con unas varas de mimbre y te pillaban desde la espalda hasta el pecho, la teta y te levantaban hasta un botón. Las pasamos putas", relataba Domingo Martínez, del Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores 6. La investigación, probablemente la más completa que se ha hecho hasta el momento sobre la construcción de esta infraestructura, recoge numerosos castigos físicos –en muchas ocasiones, aumentando la carga de trabajo sobre un prisionero– y brutales palizas a los presos.
El análisis aportado al juez, que firman entre otros los dos historiadores anteriormente citados, señala que los trabajos de esta carretera se realizaron en un "ambiente de terror y privación material". Y, para ello, citan dos testimonios, de bandos opuestos pero coincidentes. Uno corresponde a Francisco Baena, encargado de la vigilancia de los prisioneros: "Estaban acobardados. Es todo igual que si en una piara de cabras metes una cabra extraña. Esa misma llega allí, y todas le pegan, todas le maltratan, no sabe para dónde va a tirar, se ve amargá". El otro a Andrés Millán, del BDST 6: "Esperanza ninguna, si no había libertad, ni quien te ayudara, ni te diera un ánimo. Es como el que está en el callejón de la muerte... que está esperando que le llegue".
No se sabe el número exacto de personas que murieron durante la construcción de la carretera. Por el momento, está constatado el fallecimiento de trece de estos trabajadores forzados. Tres de ellos fueron asesinados extrajudicialmente con la justificación de un intento de fuga: José Martín, Benjamín Llacera y Cecilio Gallego. Otro más, perdió la vida en "circunstancias no aclaradas": Alejandro Fullaondo. Y los nueve restantes murieron en el Hospital Militar Disciplinario de Pamplona por enfermedades –varios de ellos por tuberculosis– o accidentes: Lucio Álvarez, Santiago Bustamante, Gregorio Elorriaga, Eladio Hernández, Enrique Chica, Juan De la Torre, Antonio García, Antonio Martín y José Morilla.
Algunas de las enfermedades que contraían estaban muy relacionadas con las pésimas condiciones de vida. Tras las duras jornadas de trabajo, eran recluidos en tiendas de campaña o barracones que resultaban inhabitables durante los fríos meses de invierno pirenaico. Y el hambre les perseguía a todas horas. Por lo general, el rancho consistía en agua con unos pocos tropezones. Mucha suerte tenía que tener el preso para que, si había garbanzos, le cayesen más de tres. "Comían lo que podían: desde tallos de berzas que tiraba la gente de los pueblos hasta lagartos", explicaba en rueda de prensa Balen Esteban, hijo de Juan Manuel Esteban. Algún prisionero, incluso, llegó a escribir que como siguieran en esa situación iba a terminar tomando la sombra "en un palillo de los dientes".
A la espera del censo
La interposición de la querella ha coincidido con el primer aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica. Una norma que recoge el deber de la Administración General del Estado de reconocer y reparar a las víctimas de los trabajos forzados. En este sentido contempla, en un artículo no demasiado claro, la elaboración de "un censo" que "constate" las "organizaciones o empresas" que usaron "los trabajos forzados en su beneficio" para que "adopten medidas". Este diario preguntó a Presidencia cómo iba este asunto y si ya había establecido el Gobierno algún tipo de contacto con las posibles compañías responsables. "Se está elaborando el censo de trabajos forzados", fue la respuesta dada desde la cartera que dirige Félix Bolaños.
En el documento que acompaña a la querella, los investigadores señalan que este tipo de trabajos eran "un castigo impuesto al margen del sistema penal" con el que se buscaba "sacar beneficio económico de prisioneros de guerra considerados como desafectos al régimen". Unas labores que, completa el informe, se realizaron "incumpliendo" tanto lo recogido en la Convención de Ginebra de 1929 como en el Convenio sobre Trabajo Forzoso de la Organización Internacional del Trabajo de 1930. "La sociedad tiene una deuda pendiente con estos presos. No es admisible que continúe la impunidad actual", han señalado este viernes las familias. Por el momento, el paso está dado en la vía judicial. Habrá que ver si ahora la justicia decide investigar.
