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¿Ilegalizar a la extrema derecha? Una idea que no avala la Constitución y no tiene precedentes en Europa

El líder de VOX, Santiago Abascal, en el Congreso de los Diputados, a 27 de febrero en Madrid.

Un 33% de los catalanes está a favor de ilegalizar "siempre" a los partidos de extrema derecha, según desgrana una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) publicada hace unos días. Este porcentaje se eleva hasta el 70% si se suman los partidarios de ilegalizarlos en determinadas circunstancias (37%). Es más, únicamente una cuarta parte de los 5.570 encuestados defiende que no hay que ilegalizar nunca a formaciones como Vox.

En otra encuesta publicada por 40dB para la Cadena SER y El País hace dos semanas, situaba este porcentaje a nivel estatal en el 11,6%. Es más, el sondeo desgranaba la situación por votantes de cada formación y dejaba un dato curioso: el 9,5% de los votantes de Vox cree que hay que ilegalizar el partido. Por su parte, la mitad de los encuestados se mostraron partidarios de imponer a Vox un cordón sanitario. Es decir, un 47,6% de la población considera que no hay que tratar a Vox como al resto de las fuerzas políticas.

La propia formación presidida por Santiago Abascal lleva en su programa la ilegalización de formaciones independentistas, un asunto que se ha debatido en varias ocasiones en el Congreso pero que no ha pasado el primer trámite. En la última proposición de ley que presentaron al respecto, señalaban que “el poder legislativo no puede hoy abstenerse de intervenir” para ilegalizar a los partidos cuya “actividad es contraria a la soberanía nacional y a la indisoluble unidad de la Nación española". Abascal no situó fuera sólo a ERC, Junts Per Catalunya y Bildu, impulsores del procés, sino que tampoco descartó a aquellos que han defendido la independencia siempre dentro del marco legal. 

El TC no avala la ilegalización de partidos por motivos ideológicos

Sin embargo, el Tribunal Constitucional no avala la ilegalización por razones ideológicas. La cuestión ha sido abordada con especial profundidad en relación con la Ley de Partidos de 2002, una norma surgida para perseguir a los partidos vinculados con la banda terrorista ETA. Dicha norma establece la ilegalidad de los partidos cuya actividad "vulnere los principios democráticos", apuntando a la comisión de ilegalidades, no a las ideas en sí. El fallo de 2011 que supuso la legalización de Bildu repetía esa misma idea.

Además, el Constitucional volvía a desplegar esta doctrina en 2014: “La primacía de la Constitución no debe confundirse con una exigencia de adhesión positiva a la norma fundamental, porque en nuestro ordenamiento constitucional no tiene cabida un modelo de 'democracia militante'". Se trata de un concepto que bebe de la Constitución alemana y que quiere decir que no es exigible la defensa de la Constitución para hacer política de manera legal. Es decir, que en política uno puede ser republicano, independentista o partidario de la abolición del Estado autonómico pese a que la Constitución diga lo contrario. No se exige defender la ley, sino cumplirla.

Ninguna disolución de partidos es admisible en nuestro ordenamiento si no es la de aquellos que, desnaturalizando su cometido como instrumentos privilegiados de participación política en las instituciones democráticas, se convierten en apéndice de organizaciones terroristas”, señala la sentencia de 2009 que permitió a la izquierda abertzale presentarse a las elecciones europeas.

"Sería un error estratégico, político y democrático"

El sociólogo Guillermo Fernández-Vázquez, autor de Qué hacer con la extrema derecha en Europa. El caso del Frente Nacional (Lengua de Trapo, 2019), rechaza de forma tajante ilegalizar a formaciones como Vox. "Creo que no sería bueno coquetear con la idea de ilegalizar partidos de derecha extrema, a no ser que estén relacionados con actos delictivos. Entre otros motivos para no ser precisamente como ellos", explica en conversación con infoLibre. Fernández cree que, "aunque haya una corriente de opinión" que defiende las ilegalizaciones, sería "un error estratégico, político y democrático" permitirlo.

Fernández cree que esta idea es reaccionaria. "Si precisamente Vox habla de ilegalizar partidos es porque desea volver a 1976, no tanto al franquismo, sino a ese comienzo de la transición en el que las élites franquistas estaban pilotando una liberalización del régimen y tratando de aceptar una cierta pluralidad, en la que cabían algunos partidos pero no otros", expone el sociólogo, que cree que en el mundo ideal de Vox "existiría una pluralidad política que iría desde Ciudadanos hasta la Fundación Franco".

El sociólogo señala que cualquier dirigente de izquierdas que se reconozca como demócrata debe "aceptar la diferencia ideológica siempre". En ese sentido, considera que el auge de estos posicionamientos entre la ciudadanía "aumenta por el temor de que Vox gane o alcance poder". Además, considera que a la discusión meramente política "se le sobrepone un debate de tipo ético de 'esta gente es mala y no debería estar aquí'".

El precedente europeo

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La ultraderecha está en auge en Europa y no solo ha sido clave a la hora de levantar un Ejecutivo tras las elecciones, sino que además ha entrado a formar parte de esos gobiernos. Ha sucedido en Italia, Austria, Hungría, Bélgica, Bulgaria, Eslovaquia o Letonia. Y, por supuesto, en Polonia y Hungría, dos democracias iliberales que están cada vez más bajo la lupa de Bruselas. En algunos países, como Alemania, el resto de fuerzas han decidido hacerle un cordón sanitario a los ultras de Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán), pero es la excepción dentro de la "norma".

El sociólogo explica que en Francia se llegó a ilegalizar a un grupo ultraderechista llamado Génération identitaire porque se demostró que tenía vínculos con actos delictivos. "En Génération identitarie muchos simpatizaban con Zemmour y ese mundo de la derecha identitaria, pero el motivo de su ilegalización no fue político", señala.

Fernández-Vázquez señala que el ejemplo de Alemania es "bueno" porque nunca se ha llegado a ilegalizar a AfD. "Lo que se ha planteado es un cordón sanitario, pero no la ilegalización", reflexiona. En ese sentido, el sociólogo cree que hay un punto entre "la pataleta" y el "sectarismo" para querer ilegalizar a este tipo de formaciones. "Es un signo de impotencia o de sectarismo", zanja.

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