Los independentistas se planteaban realizar un segundo referéndum si el primero resultaba fallido para ellos

Los independentistas se plantearon negociar con el Estado la realización de un segundo referéndum si el primero resultaba fallido para ellos, según recoge un reciente informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso Europa Press sobre la documentación incautada al exsenador de ERC Santiago Vidal. Además, reprochan a Vidal que utilizara el papel con membrete de la Administración de Justicia para imprimir los planes de ruptura de Cataluña con España, mientras era magistrado.

En las conclusiones de este documento, los investigadores resaltan que Santiago Vidal, suspendido como juez por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por participar supuestamente en el procés, fue uno de los coordinadores de los trabajos para la redacción de una 'constitución' para la que preveían que fuera la futura República catalana.

Entre la documentación en soporte papel que los investigadores encontraron durante el registro practicado en la casa de Santiago Vidal había un informe del Instituto de Estudios de Autogobierno, suscrito por Carles Viver, Pau Bossacoma y Gerard Martín titulado "Un referéndum acordado sobre la independencia de Cataluña: algunas claves jurídicas para una hipotética negociación política".

En este texto se planteaban las condiciones en las que se tendría que celebrar un referéndum para que fuese "aceptable" para la Generalitat y se abordaban diez cuestiones al respecto: la pregunta, los plazos y la fecha, la compatibilidad del referéndum con la no interrupción del procés, el ámbito territorial, las mayorías necesarias, la vinculación jurídica y política, las vías legales de convocatoria, la gestión jurídica y política con mayoría secesionista y la gestión de los resultados sin mayoría secesionista.

Pero estos juristas del Instituto de Estudios de Autogobierno de la Generalitat de Cataluña ya contemplaban la posibilidad de que un referéndum pactado con el Estado no les resultara favorable. Y, por ello, en este informe contemplaron negociar "con el Estado la posibilidad de reiterar el referéndum en caso de que el que se celebrase resultase fallido para los intereses secesionistas".

También querían que la Generalitat pudiera seguir desarrollando el procés hasta que consiguiera la independencia. Así, según la Guardia Civil, se proponían "realizar actos de preparación y defensa de la secesión aunque no tuviesen valor jurídico ni fuesen efectivos hasta que se declarase la independencia".

El informe del citado Instituto de la Generalitat consideraban que los independentistas tenían que seguir preparando las normas y las estructuras de Estado para evitar que el electorado pudiese percibir la independencia como un objetivo político no realista.

Deshonesta ironía por los planes de ruptura en papel oficial español

Los investigadores, además, advierten de la "deshonesta ironía" de que Santiago Vidal utilizara medios materiales públicos, propios de su cargo en la administración de justicia, para imprimir documentos en los que se reflejaban "precisamente estrategias y acciones relacionadas con la secesión de Cataluña y la desconexión del Estado español".

La Guardia Civil realiza este comentario tras exponer que "una abundante cantidad" de la documentación que encontraron en casa del exsenador se encontraba "impresa en folios oficiales de la Administración de Justicia con el escudo del Estado español y el logotipo de la Generalitat de Cataluña".

Los investigadores ponen el acento en que el juez Santiago Vidal, que fue suspendido por el CGPJ en febrero de 2015 precisamente por participar en la construcción jurídica del proceso independentista, utilizaba el papel oficial del Estado español cuyas leyes "estaba obligado a cumplir y hacer cumplir en el ejercicio de sus funciones y por las que percibía honorarios públicos".

Además, algunos de los informes que realizó de cara a la construcción de la República catalana, los firmaba como "magistrado y director del programa para el estudio de las instituciones en el ámbito de la Justicia y el poder judicial". Así lo hacía, por ejemplo, en el libro Blanco de la Justicia 2015, en el que la única solución viable para la administración de Justicia en Cataluña era que se adscribiera todo el personal a la función pública catalana y suprimir todas las competencias del Ministerio de Justicia.

Un 25% del personal de Justicia "huiría" con la independencia

Admitía, no obstante, que un 25% de la plantilla de la administración de Justicia "huiría" de Cataluña con la independencia. Por ello, proponía aumentar hasta el millar cada grupo, ya que en el momento de hacer el informe había 750 jueces, 340 fiscales y 560 secretarios.

Otro de los textos que los investigadores encontraron a Vidal fue la futura Constitución catalana compuesta de 97 artículos, dos disposiciones transitorias, una derogatoria y otra final. En ese documento se establecía que el presidente de la Generalitat en el momento de declarar la independencia continuaría actuando como Jefe de Estado en funciones durante un año.

No obstante, por los documentos incautados se puede comprobar que los diferentes grupos de trabajo estaban trabajando en tres constituciones. Incluso se habla de una reunión en marzo de 2015 del grupo de juristas que participaban en la que se hizo constar que Carmen Forcadell, la expresidenta del Parlamento catalán, y el vicepresidente de la ANC, Jaume Marfany.

"Insurrección popular": cortar Sants, huelga general o desobediencia civil

En otro documento denominado "La rebelión tranquila: la estrategia de la no colaboración", en el que se contemplaban, entre otras posibilidades para lograr la independencia en Cataluña, "que se optase por la insurrección popular". Entre las opciones que contemplan los independentistas estarían las "manifestaciones de la sociedad civil, actos de boicot al funcionamiento de las instituciones del Estado, desobediencia civil, cortar la frontera de la Jonquera, el tráfico del aeropuerto del Prat o a la estación de Sants" en Barcelona. El objetivo de estas actuaciones sería el de "llamar la atención internacional", y a estas acciones se uniría el de "parar la economía mediante una huelga general".

De hecho, el propio texto de "La rebelión tranquila" admite que con la insurrección popular se podría provocar "un accidente" y la posibilidad de que apareciera violencia era "alta". Una circunstancia que sería "fatal para la causa" porque quienes sufrirían los daños serían los catalanes, así que se precisaba en el documento que "la insurrección puede ser contraproducente" y "tampoco está claro que resultase eficaz". Además, creen que podría ser un error desde el punto de vista de la eficacia política porque "el Govern perdiera el control de la situación y se incrementaría la tensión social".

También se contemplaba otra opción, que era la "no colaboración", es decir, la negativa a que funcionasen las instituciones democráticas y romper así el "vínculo entre legalidad y legitimidad para forzar que el Estado autorice la consulta". Esta opción contemplaba buscar obtener el máximo de votos y de representación pero negarse sistemáticamente a ocupar ningún cargo de responsabilidad hasta que el Estado autorizara la consulta. "Es lo que denominan la rebelión democrática o tranquila", exponen los investigadores.

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Asimismo, el informe señala que la documentación incautada y analizada evidencia cómo el referéndum del 1 de octubre "se financió con dinero público y tal como predijo Santiago Vidal, de forma camuflada" pues la Generalitat de Cataluña nunca admitió que se gastase ni un solo euro en su preparación. "Sin embargo, se ha podido determinar que el gasto comprometido y/o pagado por la Generalitat para la preparación del referéndum ascendió a más de 3,2 millones de euros, como mínimo".

Otros indicios en su contra son, según el Instituto Armado, las conferencias organizadas precisamente por ANC y ÓMNIUM. Entre otras cosas afirmó que disponían de los datos fiscales de todos los contribuyentes, aunque de forma ilegal, y que los utilizarían para poner en marcha el nuevo sistema tributario.

También afirmaba en estas charlas que conocían la ideología de los 801 jueces españoles que trabajaban en Cataluña y "cuáles, con nombre y apellidos, se quedarían y cuales se irían en caso de independencia", que "tenían perfectamente diseñada la estructura judicial de Cataluña" y disponían de "400 euros camuflados destinados a la celebración del referéndum y a tener preparadas las 19 estructuras de estado".