Consejo General Del Poder Judicial

Según el Consejo de Europa, los estándares aceptables deben pasar por "disponer que al menos la mitad de los miembros del consejo sean jueces elegidos por sus pares de todos niveles del poder judicial".

El líder del PP cree que los socialistas intentarán incluir aspirantes que satisfagan a Unidas Podemos y exige que los elegidos no tengan pasado en la política.

Una declaración institucional, un informe sobre la reforma de la Ley del Poder Judicial y hasta un conflicto de atribuciones son fórmulas que plantean algunos vocales.

El alto tribunal de Castilla y León muestra su "rechazo" y "preocupación" por una modificación normativa que supone una "merma" de las garantías de independencia judicial.

El presidente del PP asegura que nunca llegó a pactar con el PSOE la nueva composición del Consejo del Poder Judicial pese a las evidencias que dicen lo contrario.

Según Calviño, lo relevante para la "confianza" en Europa es el "buen funcionamiento de las instituciones".

Casado pide a Sánchez, para tener "algo de credibilidad", apoyar la petición del PP de investigar la financiación de Unidas Podemos.

Cuca Gamarra responde a las declaraciones que ha hecho este sábado la vicepresidenta: "Defender nuestro sistema democrático es defender la España que queremos. No daremos un solo paso atrás"

El ministro de Interior acusa al PP de mantener una actitud "absolutamente obstruccionista e impeditiva", por eso "hay que buscar otras alternativas".

La vicepresidenta acusa al PP de "confundir, mentir e inquietar" a los ciudadanos respecto a la reforma del Consejo General del Poder Judicial.

Las propuestas de reforma que circulan estos días oscilan, con distintos grados, entre modelos en los que la elección depende de la política o queda en manos exclusivamente de los jueces, pasando por la idea de un concurso de méritos con sorteo incluido.

"El centro del debate político no es la última gracieta de Rufián o ver cómo este Gobierno intenta controlar a los jueces porque lo que están investigando no le gusta a algunos", señala la presidenta de Ciudadanos.

Narbona asegura que los socialistas están dispuestos a que exista una aproximación con el PP que signifique "incluso concesiones".

El diputado de Más País cree que la solución propuesta puede ser negativa y recuerda que si se aprueba "va a estar vigente ahora y con todos los gobiernos que vengan después".

La formación conservador afirma que no va a consentir "este grave ataque a la independencia judicial" y avisa de que llevarán este caso a "todas las instituciones y tribunales europeos que sean necesarios".

De la misma forma que el Poder Ejecutivo no puede inmiscuirse ni realizar injerencias en el Poder Judicial, respetando la independencia del ejercicio de la jurisdicción, los jueces no pueden inmiscuirse y menos realizar pública denuncia del Gobierno por decisiones tomadas en el ejercicio de sus competencias. Es un principio básico de la independencia judicial.

El presidente del Gobierno pide a Casado que deje de usar como "rehén" al Poder Judicial y el PP sospecha que esta oferta es una "cortina de humo" con la que el Ejecutivo quiere esquivar las críticas que ha despertado la proposición de ley registrada por PSOE y Unidas Podemos.

Reuniones que abarcarían contenidos sobre la Ley de Agilización y la Ley de Discapacidad quedarían en el aire debido a la negativa de la APM y la AJFV a reunirse con el Ministerio de Justicia.

Fuentes conservadoras aseguran que "no habrá novedad ni punto de acuerdo" hasta que Sánchez retire su iniciativa, deje fuera a Podemos y despolitice el proceso.

"Concesiones, todas las que sean posibles dentro, evidentemente, de la lógica", señala el presidente del Gobierno sobre su disposición a hacer cesiones.

PP y Ciudadanos trasladan a Bruselas el debate sobre si la elección de una parte de los vocales del CGPJ debe hacerse por mayoría de 3/5 o por mayoría absoluta y la comparan con los amenazas a la independencia judicial en Polonia y Hungría.

El Ejecutivo comunitario publicó hace apenas una semana su primera evaluación del Estado de derecho en cada Estado miembro y, en el caso de España, no detectó riesgos graves en su sistema democrático.