El comodín de Feijóo pierde fuelle: se aleja la posibilidad de que Bruselas desautorice la amnistía

Las esperanzas que Alberto Núñez Feijóo, espoleado por su vicesecretario de Política Institucional, Esteban González Pons, había puesto en que Europa se convirtiese en el Waterloo de Pedro Sánchez empiezan a desvanecerse.

En la hoja de ruta diseñada para intentar hacer descarrilar la amnistía y poner fin así, de forma abrupta, a la legislatura, Génova hace tiempo que descartó la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional y diseñó una estrategia que pasaba por ganarse el apoyo de Bruselas para desautorizar al Gobierno de España.

Ese y no otro es el motivo por el que el Senado, controlado por la derecha, solicitó un dictamen de la Comisión de Venecia, el órgano consultivo del Consejo de Europa que la Comisión utiliza como fuente de autoridad para saber quién cumple y quién no los estándares de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho. 

Con un pronunciamiento de este organismo a su favor, que declarase la amnistía contraria a las normas jurídicas europeas, Feijóo estaba seguro de que Bruselas haría frente a Sánchez a pesar de las buenas relaciones que su presidenta, Ursula von der Leyen, tiene con el presidente español, al que considera un aliado de sus políticas dentro y fuera de Europa. 

El PP español confiaba además en que después de las elecciones europeas sus aliados en Europa optasen por promover a la presidencia de la Comisión a Manfred Weber, rival de Von der Leyen, que ya intentó optar al puesto hace cinco años y que, para ganarse el respaldo de los conservadores españoles, ha asumido como propios los mensajes diseñados por Génova, incluidos los que se basan en las hipérboles más disparatadas, como que la amnistía va a poner en libertad “a terroristas condenados”, en referencia a los presos de ETA.

Pero las cosas no están saliendo como Génova planeaba. Primero, el borrador de dictamen de la Comisión de Venecia, lejos de dar la razón al PP, valida la amnistía en los términos planteados por el gobierno, motivada por la reconciliación, y únicamente expone algunas salvedades menores. Haberlo conocido a tiempo ha permitido además al PSOE, Junts y Esquerra plantear las enmiendas necesarias para corregir los puntos que menos gustan al órgano consultivo del Consejo de Europa. 

Compatible con la Constitución y con Europa

Si durante la primera fase de negociación con los independentistas el Gobierno se centró en redactar un texto perfectamente compatible con la Constitución, en los contactos que acaban de culminar la prioridad ha sido limar en el proyecto cualquier arista que pueda ser un obstáculo desde el punto de vista del derecho europeo. Un derecho que, además, se ha convertido en un aliado para sortear los intentos de algunos jueces de torpedear la amnistía, aprovechándose de la muy amplia legislación antiterrorista española.

Si el borrador de la Comisión de Venecia, y su previsible dictamen a favor de la amnistía, ya era un jarro de agua fría para las expectativas que Feijóo se había fijado en Europa, la decisión del PP europeo de que Von del Leyen sea su candidata a presidir la Comisión los próximos cinco años en perjuicio de Weber tampoco juega a su favor. Más bien todo lo contrario. 

Para salvar los muebles, y no admitir el fracaso de su estrategia dentro del PP europeo, González Pons aseguró el miércoles en Bucarest, donde se ha celebrado el congreso europeo del partido, que Feijóo ha condicionado su respaldo a Von der Leyen a que apoye sus tesis contra Pedro Sánchez. “El presidente Feijóo ha puesto como condición que, como candidata y para su próximo mandato, continúe con la defensa del Estado de derecho español y que haga de la defensa del Estado de derecho español una de las razones por las cuáles va a volver a ser elegida presidenta de la Comisión”, explicó el vicesecretario de Política Institucional. 

Es una “condición” que, en realidad, no pasa de ser una justificación de por qué han respaldado a una figura política en la que no confían. Y que trata de disimular el escaso apego que Feijóo y su partido sienten por Von der Leyen, que durante todo su mandato ha exhibido una sintonía con Sánchez que irrita profundamente a los conservadores españoles.

Menos dispuesta a ceder, ni siquiera formalmente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que estos días ha evitado salir en la foto junto a Feijóo —ni el día que participó en un coloquio ni este jueves, cuando los miembros de la delegación española se reunieron para posar todos juntos—, apenas disimuló su malestar con la presidenta de la Comisión. No la mencionó, pero cuando emplazó a los líderes del PP europeo a “que no haya compadreo con Pedro Sánchez” y no “blanquear nunca más” al presidente español, todo en la sala sabían que estaba refiriéndose a Von der Leyen.

Sin el apoyo de la Comisión de Venecia y sin Weber en la presidencia de la Comisión para conseguir que Bruselas se sume a la coalición que el PP ha formado contra Sánchez y de la que ya forman parte el Senado, el Consejo General del Poder Judicial, buena parte de la judicatura y toda la derecha mediática, el PP va a tener muchas dificultades para que la amnistía no salga adelante y la legislatura despeje definitivamente su futuro.

En busca activa de ayuda judicial

Descartado el Constitucional, que Miguel Tellado, portavoz en el Congreso, considera un tribunal “de parte” y que González Pons descalificó tachándolo de “cáncer del Estado de derecho”, el PP piensa ahora en cómo detener, o por lo menos retrasar, la aplicación de la amnistía a través de los tribunales ordinarios, en particular el Supremo. “Combatiremos este acuerdo en las instituciones y en los juzgados”, confirmaron fuentes de Génova, nada más conocerse las enmiendas pactadas por el PSOE, Junts y Esquerra para sacar adelante en la amnistía en la Comisión de Justicia del Congreso.

En ese contexto, Feijóo se esforzó este jueves por dejar constancia, ante sus socios europeos reunidos en Bucarest, de su “pliego de cargos” contra el presidente español. Le acusó de pretender amnistiar los delitos de corrupción, los de terrorismo y los cometidos “contra la integridad territorial de España”. “Un gobierno europeo va a dejar impunes delitos gravísimos” como el “terrorismo”, la “malversación de dinero público” y la “declaración de independencia de una parte de un Estado miembro”. 

Feijóo sigue apelando a “las instituciones europeas” como “la garantía para parar estos despropósitos” mientras amaga con bloquear, por enésima vez, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que su partido mantienen en funciones desde hace más de cinco años. Solo que esta vez se arriesga a hacerlo teniendo como testigo al comisario de Justicia, Didier Reynders, cuya figura invocó el propio Feijóo para que mediara en la renovación.

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Una de las resoluciones aprobadas al final del congreso recoge, en un párrafo, una referencia expresa a la amnistía redactada por el PP español en la que los conservadores europeos asumen la lectura que Génova hace del proyecto que se está tramitando, incluidas algunas de las afirmaciones falsas que la derecha española difunde desde hace meses. 

La amnistía, dice entre otras cosas el documento, “ha sido redactada por sus propios beneficiarios”, pasando por alto que quien la va a aprobar es el Congreso por mayoría absoluta. Tampoco es verdad, como afirma la resolución, que vaya a “socavar la independencia judicial al proponer una supervisión parlamentaria de las sentencias de los jueces”. Y, en su última línea, compromete al PP europeo a impulsar que la Comisión lleve a cabo “un escrutinio detallado de la ley” porque, asegura esta formación, no pueden permitir que “amenace los principios legales fundamentales y la separación de poderes dentro del sistema legal de la UE”.

El documento final concuerda con el objetivo que el PP español se ha fijado de conseguir que la Comisión impulse medidas contra España semejantes a la que dictó contra Polonia y Hungría. Una meta que Ursula von der Leyen nunca ha compartido, convencida como está del europeísmo del presidente español y de su buena gestión. España es “hoy un motor de nuestra unión”, resumió hace menos de dos años durante una visita a Barcelona que levantó ampollas entre Feijóo y los suyos.