El PP siembra ahora sin pruebas la sospecha de que la amnistía terminará aplicándose a los etarras

El proyecto de ley de amnistía está mucho mejor argumentado de lo que los juristas del Partido Popular esperaban y ahora Génova trabaja para completar su contenido difundiendo especulaciones que mantengan la motivación de los ciudadanos movilizados en contra de Pedro Sánchez y ayuden a convencer a la Comisión Europea de que el Estado de derecho en España está en peligro.

Fue el vicesecretario de Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, el que admitió esta semana que el verdadero problema para su partido no es el proyecto de ley de amnistía, sino las puertas que, según la dirección de Alberto Núñez Feijóo, ha abierto la iniciativa.

Pons, que ejerce además como puente entre el líder del PP y las instituciones comunitarias, sobre todo a través del Partido Popular europeo, dejó pocas dudas esta semana en una conversación con periodistas en los pasillos del Congreso. “Todavía no conocemos la ley de amnistía en su totalidad”, argumentó para evitar confirmar si su partido recurrirá la iniciativa ante el Tribunal Constitucional. 

Lo único que sabemos, aseguró, dando a entender que el texto no es el resultado de la negociación del PSOE con Junts y Esquerra, es “el trozo socialista de la ley de amnistía. No conocemos las enmiendas de Junts, no conocemos las enmiendas de Esquerra y no conocemos las enmiendas de Bildu”, añadió, sugiriendo que la izquierda abertzale va a intentar utilizar la norma para sacar de la cárcel a los presos de ETA que todavía están en prisión cumpliendo las penas a las que fueron condenados.

Lo de Bildu no es un error, sino una mención calculada. El propio Feijóo, durante el debate de investidura celebrado hace unos días en el Congreso, especuló desde la tribuna de oradores con la existencia de un pacto secreto entre esta formación y el PSOE. Un acuerdo sobre el que no tienen ninguna prueba, pero que, en cuanto tienen oportunidad, relacionan con la posibilidad de que el presidente Pedro Sánchez acabe otorgando medidas de gracia a los etarras que aún permanecen encarcelados.

“La amnistía etarra”

”¿De verdad piensa que somos tan ingenuos como el PNV y nos creemos que el voto de Bildu es a cambio de nada? ¿Cuál es el pacto encapuchado con el señor Otegi, además de intercambiarse Gobierno Foral y presidencia de los ayuntamientos navarros? ¿La Alcaldía de Pamplona? ¿Recuperar el Plan Ibarretxe? ¿La amnistía etarra? ¿También? ¿Hacerle la campaña para que puedan lograr el Gobierno vasco? ¿Conformar Euskal Herría? ¿Todo junto?”

En el PP ya trabajan para trasladar esa misma idea a Bruselas, a pesar de que las instituciones comunitarias sólo trabajan con documentos reales y no con suposiciones. “La Comisión Europea sabe que no está viendo la ley entera, está viendo solo el trocito presentable que firma el PSOE”. Un “trocito presentable”, admitió Pons, pero que el PP cree que Junts y Esquerra exigirán interpretar a la luz de los pactos con el PSOE. De ahí que dé por hecho que el independentismo presentará enmiendas para adaptar el texto a sus demandas. Y que el PSOE aceptará incorporarlas en el trámite del Congreso.

El PP da por hecho que el Constitucional, que considera “un tribunal de parte”, validará la amnistía. De ahí que se resistan a explicar si presentarán un recurso. Y aunque saben que lo tienen difícil, antes de decidir si acuden a la ventanilla del tribunal arbitral, cuyo control perdieron hace casi un año, Feijóo intentará, primero, que el Congreso no admita a trámite la proposición de ley. Y utilizará todos sus recursos para retrasarla cuando llegue al Senado, donde planean organizar comparecencias de expertos en derecho y de organizaciones que se oponen a la norma, así como citar al comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, cuya complicidad en contra de la amnistía buscan desde hace semanas.

“Lo que sí podemos decir es que nosotros creemos que esa ley es inconstitucional, que esa ley aumenta la división y la desigualdad entre españoles y que esa ley pone en riesgo la división de poderes y el Estado de Derecho en España”, resumen en el PP.

El PP busca que España sea condenada

Basándose en ese planteamiento, así como en la opinión expresada por diferentes instituciones y organizaciones en torno a la amnistía y, sobre todo, acerca de los acuerdos suscritos por PSOE y Junts, el PP va a intentar crear el ambiente propicio para que Bruselas acabe condenando a España como ya hizo en el pasado con Polonia, Hungría o Malta. Que los hechos que motivaron las sanciones a estos países no tengan nada que ver con la amnistía del procés no parece importar en la calle Génova.

El hecno de que el miércoles el Parlamento Europeo, al término de su sesión, vaya a debatir sobre este asunto a petición del PP europeo “es una humillación para el prestigio de España, consecuencia del grave déficit democrático con que sale nuestro Estado después de la investidura”, sostienen en el PP.

Aunque el debate, en realidad, no sea producto de la preocupación de la Cámara de Estrasburgo, sino de la voluntad del PP de introducir ese asunto en el orden del día.

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El dosier que el martes Feijóo entregó a decenas de corresponsales extranjeros en España bajo la etiqueta #HelpSpain, que recuerda a la que utilizaban los independentistas cuanto convocaron el referéndum en el año 2017 (#HelpCatalonia), ya circula entre los grupos parlamentarios en Estrasburgo y ha sido remitido a los miembros de la Comisión.

En él acusan a Sánchez de haber politizado el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General del Estado —ambos se renovaron aplicando las mismas leyes vigentes cuando gobernaba el PP— y de mantener bloqueado el Consejo General del Poder Judicial, cuya renovación lleva pendiente cinco años precisamente por el Partido Popular.

También figuran en el documento los pronunciamientos de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, las asociaciones de jueces y de fiscales, los colegios de abogados, los notarios y hasta los registradores de la propiedad.