PP y Vox fracasan en su intento de torpedear la investidura y lo fían todo a agitar la inestabilidad

Los diputados del PP se aferraban el miércoles por la noche a la esperanza de que Junts protagonizase una espantada de última hora. “Están muy enfadados”, repetía uno de los dirigentes más próximos a Alberto Núñez Feijóo a los periodistas, alimentando el sueño de que la investidura de Pedro Sánchez terminase mal y la repetición electoral fuese inevitable. 

Pero no ocurrió. El presidente del Gobierno consiguió la reelección —le sobraron tres votos— y la amenaza de una convocatoria electoral anticipada se disipó por completo. La izquierda y el nacionalismo sellaron su alianza en el Congreso en una sesión parlamentaria de la que Alberto Núñez Feijóo salió como más temía, con semblante serio, haciendo negros pronósticos de lo que va a suceder en España a partir de ahora y convertido en líder de la oposición. Un papel que ni imaginaba tener que asumir cuando decidió, hace ahora año y medio, abandonar la comodidad de Galicia para desafiar a Sánchez. 

Feijóo ni siquiera felicitó al presidente por su reelección. Según su propia versión de las palabras que intercambiaron cuando acudió a saludarle, al término de la votación, le dijo al presidente del gobierno que su investidura era “una equivocación” de la que es el único “responsable”. “Estamos preocupados por la situación en la que entra este presidente intervenido por el independentismo”, remarcó ante los periodistas antes de marcharse del Congreso.

Lo peor para Feijóo es que no sólo tuvo que presenciar la victoria de su rival, sino hasta dos señales poco halagüeñas para su futuro político: al borde de una crisis con sus socios de Vox, empeñados en una deriva hacia la ilegalidad, y con la distancia que le separa del PNV, con quien hace apenas dos meses esperaba entenderse para formar mayorías, creciendo a ojos vistas.

Fracaso

La estrategia del PP y de Vox para impedir la investidura ha terminado en un estrepitoso fracaso. Las acusaciones hiperbólicas, poniendo en duda la continuidad de la democracia si Sánchez seguía en la Moncloa, y las movilizaciones crecientes en la calle no han conseguido su objetivo. Algunos dirigentes de la derecha creen incluso que algunas de ellas, en especial el asedio continuado y a veces violento a las sedes socialistas, puede haber servido de catalizador para los acuerdos que finalmente han permitido a Sánchez firmar un pacto con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso (con la única excepción del PP, Vox y la derecha foralista navarra). 

En cualquier caso, de momento al menos, la estrategia no va a cambiar. El sábado todas las fuerzas políticas, sociales y económicas contrarias a la amnistía y a la reelección de Sánchez se darán cita en una manifestación en la Plaza de Cibeles de Madrid como si la investidura no hubiese tenido lugar. Como si el Congreso no hubiese tomado ya una decisión. 

Es la gasolina con la que PP y Vox quieren nutrir la imagen de un país sublevado contra las medidas de gracia que van a borrar las consecuencias judiciales y administrativas del procés para centenares de personas que participaron en él, así como las de varias decenas de agentes de policía que participaron en la represión de aquellos hechos. Es el contexto con el que planean presentar en Europa su acusación de que el Gobierno de España no respeta las reglas del estado de Derecho y debe ser castigado por ello.

“La calidad de la democracia española no se encuentra amenazada solo por la ley de Amnistía”, razonó este jueves el vicesecretario del PP Esteban González Pons. “También está la politización del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía General del Estado, el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial”. Los pronunciamientos de Supremo, la Audiencia nacional, los tribunales superiores, las asociaciones de jueces y de fiscales, los abogados, notarios y registradores, enumeró, “han escrito en los últimos días manifiestos alertando de que el Estado de Derecho en España está en peligro y la división de poderes también”. “Cosas así eran las que sucedían en Polonia”, enfatizó González Pons anticipando los argumentos con los que van a intentar convencer a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo de que España merece ser sancionada. Y forzar así, bajo esa amenaza, que la ley de amnistía no llegue nunca aprobarse, que el PSOE rompa su acuerdo con Junts y que las elecciones anticipadas sean inevitables.

Estrategia arriesgada

La operación es arriesgada. El PP y Vox no pueden hacer más que tratar de retrasar la tramitación de la ley de amnistía, buscar la complicidad de los jueces para entorpecer su aplicación y confiar en que Bruselas les dé la razón. Cuentan para ello con el apoyo del PP europeo, de los ultras de varios países o y de una parte de los liberales europeos.

De esa estrategia forma parte la inclusión, al final del orden del día del pleno del Parlamento Europeo del próximo martes, de un debate sobre “la erosión del Estado de Derecho en España” que el PP intentó presentar este jueves como una prueba de la preocupación de Europa ante la ley de amnistía. En realidad no tiene mayor trascendencia. Como en todos los plenos, cada grupo político puede incluir un tema a debate y este es el que ha elegido el PP europeo. No dará lugar a ninguna votación ni tendrá consecuencias políticas. Por más que el propio Feijóo haya tratado de presentarlo como algo que “afecta a nuestra reputación internacional y a nuestra democracia. Que en el Parlamento Europeo se debata sobre si en España está garantizado el Estado de Derecho o no, nunca lo habíamos tenido que vivir en nuestra democracia”, aseveró.

La apuesta por conseguir que Bruselas acabe doblegando al Gobierno español, admiten en Génova, es un salto en el vacío. Si sale bien, habrán dado un duro golpe a la alianza formada por Pedro Sánchez con sus socios independentistas. Pero, si sale mal, serán ellos quienes queden en evidencia. Y el plan que ha trazado Feijóo para volver a disputar la presidencia a Sánchez a medio plazo se habrá desmoronado.

Eso sin contar con que, más allá de la movilización permanente contra la amnistía, PP y Vox tendrán que mover ficha como partidos de la oposición. Sánchez se prepara para nombrar nuevo Gobierno, el proyecto de presupuestos para 2024 está al caer y el programa firmado por PSOE y Sumar incluye una completa agenda de proyectos sociales que amenazan con dejar el tema de Cataluña en segundo plano.

Reorganización en el PP

Para empezar, Feijóo tendrá que desatascar los cambios en la dirección del PP y del grupo parlamentario que anunció hace meses y que congeló a la espera de saber si habría repetición electoral, un asunto que mantiene en vilo a Cuca Gamarra, Elías Bendodo, Borja Sémper, Esteban González Pons y Miguel Tellado, entre otros dirigentes. De la elección depende el tono que el político gallego quiera dar a su partido en el Congreso y la fórmula elegida para diseñar la estrategia de oposición a lo largo de la legislatura. 

Feijóo ya no depende de Gamarra para la portavocía de la Cámara Baja —el nuevo grupo parlamentario ya no es el de Casado, sino el que él ha diseñado para acompañarle— y eso abre nuevas posibilidades. En el partido, en cambio, el problema es diferente. Las elecciones acabaron por sacar a la luz la falta de sintonía entre Bendodo, el hombre fuerte de Juanma Moreno en Génova, y Tellado, la mano derecha del propio Feijóo en el partido. El círculo más íntimo de confianza de Feijóo no acaba de ser del agrado de todos los miembros de la dirección, algunos de los cuales no se sienten copartícipes de las decisiones que se toman.

Vox, a su vez, instalado en un desafío permanente a la legalidad que ha llevado a sus dirigentes a negarse a reconocer la legalidad de la investidura de Pedro Sánchez, tiene que decidir qué rol asumirá a partir de ahora. Sobre todo después de que el PP no se tomase en serio la amenaza de romper los pactos autonómicos y municipales entre ambos partidos si Feijóo no acepta bloquear en el Senado, violando la legislación, la tramitación de la amnistía. Algo que el PP ya ha dejado claro que no piensa hacer. Si la extrema derecha cumple su amenaza, una posibilidad que Génova descarta, los gobiernos liderados por el PP entrarán en una peligrosa fase de inestabilidad. Si no lo hace, será la credibilidad de Santiago Abascal la que quedará en entredicho.

En el PP están satisfechos con la estrategia desarrollada en los últimos meses porque creen que les está permitiendo comerse poco a poco el espacio de Vox. Ahora tendrán que decidir si la mantienen o si la matizan de algún modo para no perder espacio por el centro y, sobre todo, tratar de reconstruir puentes con el nacionalismo moderado con la vista puesta en el medio y el largo plazo.

Tono agresivo

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Ahora mismo las cosas, por ese lado, están peor que nunca, como puso de manifiesto el pleno de investidura que acaba de finalizar. En él Feijóo mantuvo todo el tiempo un tono agresivo y desafiante hacia el PNV que contrasta con la oferta que les trasladó hace dos meses —y que se conoció precisamente este jueves— para que los nacionalistas vascos se hicieran cargo del Ministerio de Industria a cambio de ayudarle a ser elegido presidente. Una propuesta que el PNV rechazó, alérgico como es a pactar con el PP mientras este partido mantenga acuerdos con la ultraderecha. 

Fracasado el intento de impedir la investidura, unos y otros, PP y Vox, ponen ahora todas sus esperanzas en que la legislatura acabe siendo ingobernable. Y que Sánchez se vea forzado a convocar elecciones anticipadas o, por lo menos, complete su mandato muy debilitado. La derecha confía en que la competencia entre Junts y Esquerra haga saltar por los aires los acuerdos que afectan a Cataluña, así como que Podemos dinamite la alianza entre el PSOE y Sumar y que las elecciones vascas del año que viene lleven a EH Bildu y al PNV a una pelea por la atención de Pedro Sánchez.

Por no hablar de la posibilidad, a la que en el PP siguen dando crédito, de que la incomodidad de algunos socialistas con los acuerdos suscritos con Junts y Esquerra, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, desestabilice al PSOE.