14F | Elecciones en Cataluña

La intervención judicial en las elecciones catalanas agrava el caos político en el epílogo de una legislatura fallida

El president en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, y la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, a su llegada a la reunión semanal del Govern.

Fernando Varela

Está por ver cuál será la decisión final del la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que este martes ordenó mantener la fecha de las elecciones del 14 de febrero, aunque es una medida provisional que no anticipa cuál puede ser su decisión final. Pero la mera posibilidad de que los comicios se celebren en esa fecha, algo de lo que sólo son abiertamente partidarios el PSC y Vox, sembró de incertidumbre la precampaña catalana, ya de por sí sometida a las vacilaciones derivadas de la evolución de la pandemia, las incógnitas sobre la participación electoral y el largo estancamiento político consecuencia del callejón sin salida en el que entró Cataluña después del referéndum del 1 de octubre de 2017.

La decisión de aplazar las elecciones, tomada el pasado viernes, reordenó el calendario político catalán y también el español. Si el TSJC lo confirma, no será hasta el 30 de mayo que estén todas las cartas encima de la mesa a la hora no sólo de formar Govern, sino de negociar mayorías en el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno de coalición sigue dependiendo del auxilio que le puedan prestar los grupos soberanistas. Pero ahora, cuando los partidos se aplicaban a la tarea de rehacer sus estrategias para adaptarlas a 14 semanas adicionales de incertidumbre con un president en funciones, una pandemia cuya evolución sigue siendo impredecible y con la necesidad de tomar decisiones cuanto antes para tratar de aprovechar los fondos europeos de recuperación queda en suspenso hasta el viernes tras la decisión de la justicia de suspender el aplazamiento.

La agonía de la legislatura, que se inició hace un año cuando el president Quim Torra la dio por agotada después de constatar la resistencia de Esquerra a ir a un nuevo enfrentamiento institucional, se prolonga ya doce meses. Si las elecciones no se celebran hasta el 3o de mayo, el estancamiento político amenaza con prolongarse en Cataluña hasta bien entrado el verano. Eso si, en el mejor de los casos, de las urnas sale una mayoría clara para formar gobierno.

El nuevo escenario es aún muy incierto. Algunas fuentes jurídicas sostienen que el TSJC podría incluso abrir la puerta a la celebración de las elecciones en otra fecha, antes del 30 de mayo, condicionándolas a una mejora de la situación epidemiológica o al establecimiento de medidas eficaces para evitar que los comicios ponga en riesgo a la población.

De un lado están los partidos que prefieren votar cuanto antes, empujados por encuestas que, cada uno a su manera, les han hecho creer que si se vota ahora obtendrán buenos resultados. Uno de ellos es el PSC, temeroso de que un aplazamiento hasta el 30 de mayo diluya el efecto positivo —confirmado por todas las encuestas conocidas— que para sus expectativas tuvo la decisión de situar al frente de la candidatura al ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Los socialistas ya se mostraron reticentes en su día a la decisión de anular la convocatoria del 14F por culpa de la pandemia. Así que ahora su líder, Miquel Iceta, ve confirmadas sus dudas por los tribunales. “Lo que procede en este momento es acatar la resolución judicial, esperar que se resuelva definitivamente y seguir con los preparativos de unas elecciones porque las medidas cautelarísimas implican que el decreto sigue totalmente vigente”, recordó en declaraciones ante los periodistas.

El máximo responsable de los socialistas catalanes, con todo, aboga por “mantenerse a la espera de la decisión definitiva”, toda vez que a partir del jueves el TSJC puede decidir otra cosa. El PSC, recordó, ya había alertado la semana pasada de “graves dudas jurídicas sobre lo que estaba haciendo el Govern y de que las cosas se tenían que hacer de otra manera” para celebrar el proceso electoral en plenas garantías.

Vox también está abiertamente en contra del aplazamiento. La formación ultra, que aspira a irrumpir con fuerza en el Parlament, incluso anunció la posibilidad de recurrir la decisión si encontraba “resquicios legales para ello”, aunque no hay constancia de que lo haya hecho. Su portavoz, Jorge Buxadé, calificó el lunes la decisión de aplazar los comicios de “autogolpe”. No votar por culpa de la pandemia es “fraudulento”, acusó. Su candidato, Ignacio Garriga, había declarado días antes estar convencido de que “en ningún caso hay razones sanitarias y que lo que mueve de verdad” la decisión del Govern “son motivos políticos, con esas encuestas que les dan resultados negativos”.

De momento, el Govern —presidido interinamente por Pere Aragonès (Esquerra)— ha decidido reactivar el proceso electoral tal y como estaba previsto, acatando así la decisión de tribunal. Aunque su intención es presentar alegaciones. “Las circunstancias sanitarias impiden garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de unas elecciones en libertad, dificultando la campaña y la jornada de votaciones”, mantuvo la portavoz del ejecutivo catalán, la consejera Meritxell Budó.

El Govern quiere que este asunto se resuelva cuanto antes porque “cada día que pasa se dificultan o retrasan los trámites y procedimientos que deben llevarse a cabo para garantizar unas elecciones”. Y recuerda que, aunque la decisión de celebrar los comicios el 30 de mayo se tomó por mayoría de los partidos con representación en el Parlament, la de no votar el 14F, coincidiendo con un previsible pico de contagios, tuvo el apoyo de todos los grupos.

“Debería dimitir alguien”

En cualquier caso, la decisión judicial no contribuyó en nada a pacificar el ambiente enrarecido de la política catalana. Junts comparte tareas de gobierno con Esquerra, pero no dudó en pedir responsabilidades a los de Oriol Junqueras, sus máximos rivales en las elecciones. En su nombre habló el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, según el cual “debería dimitir alguien”. También el presidente de este grupo en el Parlament, Albert Batet. En su opinión, la legislatura termina de nuevo “en manos de la justicia y del 155”. “La pregunta es: ¿respetarán y harán respetar los resultados de las próximas elecciones y la soberanía de las instituciones catalanas?”, planteó. Junts ha enviado una carta al Govern pidiendo una reunión urgente de partidos para abordar lo ocurrido.

En una posición parecida, la de afirmar una supuesta connivencia judicial con el Gobierno de España, Esquerra aprovechó la decisión del TSJC, pese a su carácter provisional, para arremeter contra el PSC, al que considera su gran adversario electoral. Su secretaria general adjunta, Marta Vilalta, consideró inadmisible la orden del tribunal: “Felicidades, Illa, ya tienes lo que querías”, aunque “en las urnas, cuando sean las elecciones, no dejaremos que te salgas con la tuya”. “El PSC apunta, la Moncloa maniobra y la justicia ejecuta. Y todo a costa de la salud de la ciudadanía”, escribió en su cuenta de Twitter.

En contra de la suspensión también se pronunció la candidata de los comunes, Jéssica Albiach. “El Govern de JxCat y ERC no ha hecho bien su tarea, pero el aplazamiento es de sentido común, con UCI colapsadas y gente que no podrá votar”, defendió.

Más ambiguas fueron las otras dos fuerzas de la derecha unionista que se presentan a las elecciones. Aunque su candidato, Carlos Carrizosa, había apostado claramente por aplazar los comicios ante la negativa evolución de la pandemia, Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, evitó opinar sobre la fecha electoral y se mostró “convencida” de que existen herramientas suficientes para proteger tanto al derecho a voto como el derecho a la vida. Cs es el partido que, según las encuestas, más tiene que perder en las próximas elecciones.

Donde Carrizosa decía que los comicios debían suspenderse, Arrimadas dice ahora que “se puede encontrar la fórmula de no poner en riesgo la vida y hacerlo jurídicamente bien”.

El PP pidió respeto a las decisiones judiciales y no se movió de una ambigüedad calculada. Su líder catalán, Alejandro Fernández, sin embargo, horas antes de que se conociese la decisión del TSJC, había atribuido la decisión de aplazar las elecciones a la conveniencia de los partidos del Govern, Junts y Esquerra. Oficialmente, los de Pablo Casado están de acuerdo en el aplazamiento, pero siempre y cuando obedezca a criterios sanitarios, algo que, a juzgar por las palabras de su candidato, no se terminan de creer.

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