Del Poder Judicial a la reforma constitucional: las decisiones que PP y Vox pueden bloquear en el Congreso

“Me gustaría hacer una llamada a todos los partidos políticos, porque tienen que actuar con generosidad y con responsabilidad para desbloquear la situación política en España”. Dos meses después de que Pedro Sánchez pronunciase estas palabras tras la victoria del PSOE en las elecciones generales del 10N, el Congreso ha dado luz verde a la investidura del líder socialista. Ahora, la legislatura echa a andar. Este domingo se anunciará oficialmente la composición del nuevo Ejecutivo, el primero de coalición desde la Segunda República. Y el martes se celebrará la primera reunión del Consejo de Ministros. Sin embargo, la ofensiva a cara de perro anunciada desde la derecha y la ultraderecha hace presagiar un bloqueo permanente alrededor de decisiones para las que se necesita una mayoría cualificada en el hemiciclo. Sólo PP y Vox, que llevan meses compitiendo por la hegemonía del voto conservador, suman juntos 141 diputados, justo lo necesario para frenar acuerdos que requieran un respaldo de tres quintos de la Cámara Baja. Y, por supuesto, cualquier intento de reformar aquellas partes blindadas de la Constitución, para lo que se necesitan dos tercios.

La posibilidad de bloqueo en cuestiones clave a lo largo de la legislatura fue algo que se dejó entrever durante el debate de investidura. “Quiero dejar constancia de mi pesar por la conducta de las fuerzas de la derecha democrática al negarse a prestar la menor contribución a la gobernabilidad de España”, lanzó Sánchez desde la tribuna de oradores durante la primera sesión. Y, posteriormente, apuntó: “Tenemos la obligación de ponernos de acuerdo para la elección y renovación de órganos constitucionales y los organismos independientes”. Tras su intervención, le llegó el turno al líder de la oposición, Pablo Casado, quien recordó al candidato que la fórmula elegida no era la única posible. “Usted sabe que tenía alternativa, con dos posibles investiduras, sin depender de los separatistas ni de los partidos de centro derecha, pero no quiso explorarlas. Podía intentar gobernar en solitario con el apoyo externo del PP materializado en once pactos de Estado que bien daban para culminar una exitosa legislatura para España”.

El dirigente conservador puso entonces sobre la mesa temas como los presupuestos, la educación, la reforma electoral, la despoblación o acuerdos en política exterior o justicia. Sin embargo, la investidura ha derribado todos esos puentes que los conservadores condicionaban el pasado mes de noviembre a un alejamiento de los socialistas de cualquier fórmula que incluyera a Unidas Podemos o formaciones independentistas. Así, desde el PP, instalado en estos momentos en una oposición dura, ya no parecen dispuestos a facilitar una rápida renovación del Consejero General del Poder Judicial (CGPJ). De hecho, los relevos quedarían totalmente bloqueados si los conservadores y la extrema derecha se opusieran. Juntos aglutinan más de un tercio de los parlamentarios, lo que les permitiría rechazar cualquier intento en este sentido. Una fuerza con la que también podrían frenar las renovaciones en el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Administración de RTVE o el Tribunal Constitucional.

CGPJ, TC, Defensor del Pueblo o Tribunal de Cuentas

Los 141 diputados de PP (89) y Vox (52) hacen peligrar, por tanto, los cambios dentro de un órgano de gobierno de los jueces, actualmente de mayoría conservadora, que lleva más de un año en funciones. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 567 que cada una de las Cámaras designa, por mayoría de tres quintos de sus miembros –210 diputados–, a diez vocales, de los cuales cuatro serán juristas de reconocida competencia y los otros seis corresponderán al turno judicial. Tras la moción de censura contra Rajoy, el Gobierno socialista y el PP alcanzaron un principio de acuerdo para renovar el CGPJ con el magistrado Manuel Marchena al frente. Sin embargo, todo saltó por los aires cuando se hizo público un whatsapp enviado por el senador Ignacio Cosidó en el que se jactaba de que el pacto permitiría a los conservadores controlar la Sala de lo Penal “por detrás”. El magistrado renunció a su candidatura, se rompieron los contactos y Casado propuso una reforma de la ley para que los vocales del turno judicial fueran designados directamente por los jueces.

Pero la renovación de dicha institución no es lo único urgente que se deberá abordar durante esta legislatura. El pasado mes de noviembre concluyó también el mandato del actual presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, y de otros tres de sus magistrados: Encarnación Roca –vicepresidenta–, Andrés Ollero y Fernando Valdés. La Ley Fundamental establece en su artículo 159.3 una duración de nueve años. Todos ellos fueron designados en julio de 2012. Sin embargo, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional fija en su artículo 16 que “si hubiese retraso en la renovación por tercios (…), a los nuevos que fuesen designados se les restará del mandato el tiempo de retraso en la renovación”. En este caso, era de un año y seis meses. Lo mismo les pasará ahora a los que sigan a los actuales magistrados, para cuya renovación –que ya acumula un par de meses de retraso– se necesitará también el respaldo de 210 de los 350 diputados. De nuevo, la suma de fuerzas de PP y Vox sería suficiente para bloquearla.

Tres quintos de la Cámara se necesitan también para que salga adelante el nombramiento de un nuevo Defensor del Pueblo. Soledad Becerril, exministra de Cultura con la UCD y exparlamentaria del PP, fue designada en 2012 por acuerdo entre conservadores y socialistas. En julio de 2017, cesó en el cargo tras expirar su mandato de cinco años. Luego llegó la moción de censura, el desembarco de Pedro Sánchez en La Moncloa y las dos elecciones generales. Y en todo este tiempo no se ha llevado a cabo la pertinente renovación. Sin embargo, la ley que regula el funcionamiento de esta institución prevé un mecanismo para evitar vacíos de poder. Así, en su artículo quinto recoge que “en los casos de muerte, cese o incapacidad temporal o definitiva del Defensor del Pueblo y en tanto no procedan las Cortes Generales a una nueva designación desempeñarán sus funciones, interinamente, en su propio orden, los Adjuntos”. En este caso, es el socialista Francisco Fernández Marugán el que lidera el organismo desde la salida de Becerril.

Enquistada puede quedar también a lo largo de la legislatura la renovación del Tribunal de Cuentas, cuyos doce miembros son designados por mayoría cualificada de tres quintos por el Congreso de los Diputados y el Senado –seis cada uno– por un periodo de nueve años, por lo que el actual mandato concluye en 2021. En la actualidad, desempeñan su labor como consejeros a propuesta de la Cámara Baja María José de la Fuente –presidenta–, José Manuel Suárez, María Antonia Lozano, Enriqueta Chicano, Ramón Álvarez de Miranda y Ángel Antonio Algarra. Los designados por la Cámara Alta en 2012 fueron, por su parte, Javier Medina, Manuel Aznar, Felipe García, Margarita Mariscal de Gante, María Dolores Genaro y Lluís Amet.

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Reformas constitucionales y renovación en RTVE

El acuerdo sellado por PSOE y Unidas Podemos para el nuevo Gobierno de coalición incluye una limitación de los aforamientos políticos. Esta figura se encuentra contemplada en los artículos 71 y 102 de la Constitución. Por tanto, sería necesario llevar a cabo una reforma constitucional en virtud de lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley Fundamental, que aborda el procedimiento de modificación cuando no afecta a ninguna de las partes blindadas del texto. En este caso, el proyecto de modificación tendrá que ser aprobado por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras y, en caso de no lograrse por ese procedimiento, por una mayoría de dos tercios del Congreso siempre y cuando el texto hubiera obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado. En caso de que se quisieran tocar aspectos recogidos en el Título Preliminar, Capítulo Segundo, Sección Primera del Título I o al Título Segundo, la Ley Fundamental establece en su artículo 168 que son necesarios dos tercios de ambas Cámaras, por lo que conservadores y ultraderecha tienen la fuerza necesaria para bloquear cualquier intento en este sentido.

En esta legislatura la Cámara Baja deberá abordar también el concurso público para para la renovación de los diez miembros del Consejo de Administración de la Radiotelevisión Española (RTVE), un proceso que se inició en agosto de 2018 pero que terminó congelado. La ley de la radio y la televisión de titularidad pública estatal fija en su artículo 11 que los consejeros serán elegidos por las Cortes Generales, a razón de seis por la Cámara Baja y cuatro por la Alta. “Los candidatos propuestos deberán comparecer previamente en audiencia pública en el Congreso y el Senado, en la forma que reglamentariamente se determine, con el fin de que ambas Cámaras puedan informarse de su idoneidad para el cargo. Su elección requerirá una mayoría de dos tercios de la Cámara correspondiente”, continúa la norma. De entre la decena de electos, el Congreso también designará al presidente del Consejo y de la Corporación RTVE, una elección que también requerirá el respaldo de dos tercios.