Da igual que se aprueben las reformas estructurales que han exigido todas las asociaciones judiciales. Las de derechas, muy mayoritarias, y la única de izquierdas; sin excepción. Tampoco importa que se dé curso, por fin, a la demanda secular de crear más plazas judiciales para equiparar el sistema judicial español a la media europea con la aprobación de 500 nuevas para este año y la previsión de otras 500 para el que viene. Tampoco importa que la creación de los nuevos tribunales de instancia, que han sustituido a los tradicionales juzgados unipersonales creados hace casi 200 años, haya sido acompañada de una inversión de 1.121 millones de euros. Sus presidentes (los antiguos decanos), que se reunieron la pasada semana en Granada, insisten en el bulo de que la implantación se ha hecho sin medios.
La reunión se saldó con unas conclusiones que han sido enviadas para su conocimiento al Consejo General del Poder Judicial. En ellas acusan de mentir al Gobierno y al Consejo, que han constatado que, gracias a la reforma, el atasco judicial, creciente desde 2016 (con la excepción del período de la pandemia) ha comenzado a revertirse, aunque mínimamente, descenso que ha sido más acentuado en los órganos del orden civil. El órgano de gobierno de los jueces, además, ha constatado a través de los presidentes de los 17 tribunales superiores de justicia de ámbito autonómico, que la modificación, pese a que da la vuelta a la tradicional organización judicial española como a un calcetín, no ha provocado retrasos ni suspensiones significativas.
Los presidentes de los tribunales de instancia, sin embargo, pusieron en duda esos datos la pasada semana. Sostienen que la realidad de las primeras fases de la implantación de esos órganos ya los desmentía. "O bien se encuentran descontextualizados o bien responde a una selección parcial de la información disponible", sostienen los principales responsables de los nuevos órganos. Los antiguos decanos, al contrario que el Gobierno y el Consejo, describen una situación general de "desorganización" que se ha trasladado "a la generalidad de los tribunales de instancia, con evidente perjuicio para los derechos de los ciudadanos", un perjuicio que los ciudadanos, sin embargo, no advierten.
Los presidentes insisten en el mantra de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) –cuya máxima dirigente María Jesús del Barco, preside el tribunal de instancia de mayor tamaño, el de Madrid– que la implantación de los nuevos tribunales se ha hecho "sin medios". El Ministerio de Presidencia y Justicia ha dedicado más de 1.000 millones esta legislatura para el despliegue de la ley. Tanto la UE (a través del Justice Scoreboard) como el Consejo de Europa confirman año tras año que España se encuentra por encima de la media europea en inversión en justicia por habitante, algo que para los presidentes de los tribunales de instancia resulta insuficiente.
Las acusaciones de los antiguos decanos son graves, aunque no se sustentan en datos. "Pese a las advertencias formuladas a las distintas administraciones y a haberse solicitado incluso la moratoria, ha primado el interés político sobre la tutela judicial efectiva", sostienen con el habitual tono alarmante que los ciudadanos, sin embargo, no parecen compartir. "A lo largo de todo el territorio nacional, los tribunales siguen careciendo de medios personales y materiales suficientes para afrontar una reforma que se califica como exitosa mientras los ciudadanos continúan esperando una adecuada garantía de sus derechos". En definitiva, advierten de que el Gobierno es capaz de poner en peligro derechos fundamentales y garantías básicas de los ciudadanos solo por su propio interés de sacar adelante una ley que la misma judicatura ha reclamado y que ha estado en los planes de todos los gobiernos (del PP y del PSOE) desde 1997.
Con la organización anterior, distribuida en órganos unipersonales dirigidos en última instancia por el juez, los titulares se quejaban de que tenían que hacerse cargo de infinidad de labores administrativas que les impedían dedicarse a su función primordial –juzgar y poner sentencias– y ralentizaban su trabajo. Privar a los jueces de esas labores para acelerar los procesos fue uno de los objetivos de la ley de eficiencia, la que creó los nuevos tribunales de instancia. El esquema de la norma prevé que los jueces ejerzan únicamente sus funciones jurisdiccionales mientras que toda la tramitación queda en servicios comunes dirigidos por letrados de la administración de justicia (los antiguos secretarios judiciales).
Ahora que la reforma está aprobada temen, sin embargo, perder el control del antiguo aparato burocrático que les acompañaba y en el que eran los jueces los que mandaban. Así se desprende de algunas de las advertencias que se recogen en el comunicado. "En materia jurisdiccional –procesal y sustantiva– los letrado/as [de la administración de justicia] deberán seguir las instrucciones de los jueces y magistrados", dice por ejemplo.
Tampoco quieren que otros dispongan sobre su carga de trabajo o el número de juicios a celebrar. "Los criterios generales y las concretas y específicas instrucciones para el señalamiento de las vistas siguen correspondiendo a los titulares de las plazas judiciales, sin perjuicio de la adopción de criterios organizativos unificados", dice el documento. La ley establece que en los órganos judiciales colegiados (y los tribunales de instancia lo son), esos señalamientos corresponden a los presidentes de cada sección (civil, de instrucción, de familia, contencioso-administrativa, laboral...) y no a cada uno de sus miembros, como los antiguos decanos defienden.
Los presidentes también advierten de "la desconexión actual entre el juez y la oficina judicial" que, en su opinión, ha provocado la nueva organización judicial, y por ello reclaman como algo "imprescindible" desarrollar "la figura del funcionario de apoyo directo al juez", una suerte de secretario a su servicio que mantenga "la necesaria vinculación funcional con el servicio". En la nueva estructura de los tribunales de instancia, los funcionarios quedan bajo el mando de los letrados de la administración de justicia que son los que se coordinan con cada sección de cada tribunal. Fuentes del Consejo aseguran que, al haber perdido el mando de la oficina judicial, muchos miembros de la judicatura se han sentido "destronados".
Desde el Gobierno, con los datos hasta ahora disponibles, descartan esta visión catastrofista que difunden los jueces cada vez que tienen ocasión. Admiten que la ley de eficiencia supuso un cambio en la forma tradicional de trabajar de la judicatura española vigente desde 1834 y que la adaptación de jueces, fiscales, funcionarios y demás operadores será paulatina. "Cambiar el modo de trabajo es difícil y el sistema tiene que rodar", explican fuentes del Ministerio de Presidencia y Justicia que destacan, al contrario que los presidentes de los tribunales de instancia, que "no hay incidencias estructurales" ni "demoras y suspensiones". Solo incidencias puntuales que, con el tiempo, se ajustarán.
Da igual que se aprueben las reformas estructurales que han exigido todas las asociaciones judiciales. Las de derechas, muy mayoritarias, y la única de izquierdas; sin excepción. Tampoco importa que se dé curso, por fin, a la demanda secular de crear más plazas judiciales para equiparar el sistema judicial español a la media europea con la aprobación de 500 nuevas para este año y la previsión de otras 500 para el que viene. Tampoco importa que la creación de los nuevos tribunales de instancia, que han sustituido a los tradicionales juzgados unipersonales creados hace casi 200 años, haya sido acompañada de una inversión de 1.121 millones de euros. Sus presidentes (los antiguos decanos), que se reunieron la pasada semana en Granada, insisten en el bulo de que la implantación se ha hecho sin medios.