El juez ve en el viaje de Puigdemont una 'trampa': forzar su detención para poder delegar su voto en la investidura

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha rechazado este lunes la petición de la Fiscalía de emitir una orden europea de de detención contra el expresident Carles Puigdemont, que se ha desplazado a Copenhague (Dinamarca), para participar en una charla sobre la situación política de Cataluña.

Según indica Llarena en el auto [leer aquí], la decisión se pospone hasta que "el orden constitucional y el normal funcionamiento parlamentario no puedan resultar afectados". El juez también razona que la intención del investigado "no tiene otra finalidad que buscar la detención", con el objetivo de convertirlo "en un mecanismo que le posibilite burlar el orden legal que rige la actividad parlamentaria", y "forzando un contexto en el que poder delegar su voto", concluye el juez.

Llarena añade que Puigdemont buscaría su detención como "una justificación de que su ausencia no responde a su libre decisión", sino que es una "situación que le viene impuesta". El magistrado insiste en que esta supuesta estrategia del expresident, que califica de "anticonstitucional e ilegal", "instrumentalizaría la privación de libertad", quedando así encarcelado en el extranjero y "evitando someterse a la jurisdicción nacional".

"La remota posibilidad de que el desplazamiento [de Puigdemont] no responda a lo que se ha expuesto", matiza el juez, no hace que no haya que tener en cuenta el impacto de su posible decisión sobre "el orden constitucional y el normal funcionamiento parlamentario", que correrían riesgo por una detención que "sería lógica en otro contexto".

El magistrado recuerda que la orden europea de detención que dictó cuando el expresident se encontraba en Bélgica se debió a que este tipo de órdenes, en lugar de facilitar el procedimiento, "podían introducir una restricción inaceptable", ya que podría darse el caso de que la justicia belga no le imputara los mismos delitos.

Destaca que esta solicitud de la Fiscalía es razonable si se contempla que el expresident se encuentra fuera del territorio nacional para eludir un procedimiento penal. No obstante, añade que esta petición se enfrenta a matices que conducen a que esta decisión debe posponerse. El magistrado del alto tribunal explica que la decisión se aplaza a un momento en que el orden constitucional y el normal funcionamiento parlamentario no puedan resultar afectados por su emisión. Además, puntualiza que la reactivación de la orden de detención se debe hacer cuando el "Estado requerido pueda efectuar una completa evaluación de los hechos que sustenten la petición de colaboración".