Justicia

Justicia se ve forzada a elegir una comisión paritaria para estudiar la reforma penal de los delitos sexuales

El ministro Rafael Catalá sentado en su escaño en el Congreso

La sentencia contra los cinco hombres que abusaron sexualmente de una joven durante los Sanfermines de 2016 ha movilizado a la sociedad civil y ha interpelado directamente al sistema judicial. Las duras críticas hacia el fallo del jueves 26 de abril han obligado a una revisión del Código Penal en lo que respecta a los delitos de índole sexual. El mismo viernes 27 de abril el ministro de Justicia, Rafael Catalá, encargó a la Sección de Derecho Penal perteneciente a la Comisión General de Codificación un informe para analizar los delitos de agresión y abuso sexual y determinar "su corrección técnica y utilidad práctica". El remedio escogido por el ministro, no obstante, resultó ser altamente controvertido. La ausencia de paridad en dicha sección hizo saltar las alarmas: una veintena de hombres como vocales permanentes y ninguna mujer serían los encargados de llevar a cabo el encargo. 

Ante tal coyuntura, Catalá contempló la posibilidad de incorporar a vocales adscritos con voz y voto. La Sección Penal decidió entonces integrar a cinco mujeres juristas como vocales adscritas –aunque en un principio el anuncio había sido de seis mujeres–, en un primer intento por mitigar la aplastante presencia masculina. Una de ellas, Mirentxu Corcoy, declinó la invitación tras saber que se trataba de una participación provisional sólo para esta cuestión y, finalmente, la composición femenina quedó cerrada con los nombres de Blanca Hernández, ex delegada del Gobierno contra la Violencia de Género; Carmen Lamarca, catedrática de Penal en la Universidad Carlos III de Madrid y Avelina Alonso, catedrática de Penal en la Universidad San Pablo CEU. La quinta adscrita fue Victoria Ortega, que en calidad de presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, es además vocal nata de la Comisión General de la Codificación.

La catedrática Corcoy sostuvo, en una entrevista concedida al programa El Intermedio, que el hecho de "introducir mujeres en la comisión sólo para revisar el tema de delitos sexuales es un maquillaje" por parte del ministerio, que busca a su juicio "solucionar el problema" de esta manera.

La renuncia de Corcoy no fue la única. A ella le siguieron dos hombres, aunque motivados por razones dispares. Francisco Muñoz dimitió el miércoles debido a lo que consideró una oleada de "demagogia punitiva". El catedrático tachó de "inadmisible" que las protestas sociales por la sentencia "empujen ahora a adoptar reformas coyunturales" y criticó que los medios de comunicación hayan dado lugar a "una demagogia punitiva" similar, en su opinión, al concepto de "sano sentimiento del pueblo" que el nazismo introdujo en el Código Penal alemán.

Los motivos que llevaron a Javier Moscoso a renunciar a su puesto son radicalmente opuestos. El jurista señaló el mismo jueves, día en que se reunía por vez primera el órgano, su decisión de dimitir por entender "claramente que la comisión no se ajusta al principio de igualdad, que es un principio constitucional" y por defender "una nueva comisión donde se cambien los nombres hasta que sea paritaria o cuasi paritaria, con juristas profesionales mujeres", tal y como indicó en conversación con infoLibre.

Finalmente la comisión "ha funcionado bien y ha acordado por unanimidad que no va a iniciar trabajos hasta que no se corrija ese defecto", tal y como ha indicado Moscoso, quien afirma que mantendrá su dimisión para que su lugar lo pase a ocupar una mujer jurista. La intención de los miembros de la sección penal es que esté compuesta por quince hombres y quince mujeres, y así "se lo han hecho saber al ministro de Justicia, Rafael Catalá". Los vocales permanentes de cada sección sólo pueden cesar del cargo por renuncia, por incapacidad permanente o por inasistencia prolongada a las sesiones, de modo que para incorporar a quince mujeres sería necesario que otros trece vocales –además de los dos que ya han renunciado– presentaran su dimisión.

El Ministerio de Justicia confirmó a su vez en un comunicado oficial que "los componentes de la sección han acordado por unanimidad solicitar del ministro de Justicia la integración en ella de vocales permanentes hasta el número máximo previsto en la regulación vigente, a fin de lograr una composición equilibrada de mujeres y hombres". El ministro, se añade en la nota, "hace suya la propuesta y en la línea en que venía trabajando el ministerio con los nombramientos recientemente efectuados va a proceder a completar la composición de este órgano asesor".

El encargo efectuado por Catalá prevé la emisión de un "informe que analice los delitos de agresión y abuso sexual para determinar su corrección técnica y utilidad práctica, acompañado, en su caso, del texto articulado de una propuesta legislativa de reforma del Código Penal en la que se concreten las modificaciones necesarias a la luz de dicho informe". El plazo fijado para la ejecución de este trabajo finaliza el próximo 15 de junio. El procedimiento, según dictan los Estatutos de la Comisión General de Codificación, contempla la elaboración de un borrador de "propuesta normativa, dictamen o informe" que será, una vez remitido al presidente de la sección, sometido a un proceso de enmiendas. El borrador y las enmiendas serán objeto de debate en las reuniones posteriores y el trabajo resultante, ya aprobado por el órgano, será remitido al presidente de la Comisión General de Codificación, es decir, el propio Rafael Catalá. 

La comisión funciona como órgano "superior colegiado de asesoramiento" al Ministerio de Justicia, es decir, los informes y propuestas que de él salgan no son vinculantes sino meramente consultivos.

Órgano obsoleto

Los motivos por los que Javier Moscoso abandonó la comisión son variados y algunos de ellos revelan los defectos del órgano al que hasta el jueves pertenecía. "En primer lugar yo estoy absolutamente disconforme con el funcionamiento de esta comisión", señaló el jurista a preguntas de infoLibre. "Pertenezco a ella desde hace 40 años y creo que me convocaron dos veces", indicó, "para temas menores y siempre después de las modificaciones de los Códigos Penales que hemos tenido, nunca antes, nunca hemos podido opinar sobre una modificación de futuro".

Las dos citas a las que fue llamado el jurista, tal y como él mismo expresó este jueves, "son recientes". "En los 30 primeros años no se me convocó nada", recuerda. El nuevo presidente de la Sección Penal, nombrado en el año 2015, convocó a los vocales "para asuntos menores, pero no para la reforma del Código Penal ni para la emisión de ningún informe". Moscoso reconoce que permanecía como vocal "por inercia" y, tras la polémica generada en torno a la ausencia de paridad, ha decidido presentar su renuncia confiando en que será una mujer quien ocupe su lugar.

La Comisión General de Codificación funciona a través de una Comisión Permanente, cinco Secciones y el Pleno. La Comisión Permanente tiene la obligación de reunirse al menos una vez al año, coincidiendo con la apertura del curso, mientras que las Secciones –Derecho Civil, Derecho Mercantil, Derecho Público, Derecho Penal y Derecho Procesal– lo harán siempre que consideren oportuno para el estudio de "temas concretos". 

El Pleno, por su parte, no está obligado a cumplir ninguna periodicidad de reuniones. La realidad constata que, de hecho, la frecuencia de convocatoria es más bien baja. En el año 2015 el ministro –y por tanto presidente de la comisión– Rafael Catalá, convoca el Pleno por primera vez desde 1983. Llevaba, por tanto, 32 años sin reunirse y lo hace en 2015 para presentar por parte del presidente un nuevo plan de trabajo, precedido por la toma de posesión de los nuevos presidentes de las secciones de Derecho Público, Penal y Procesal, que "en las últimas décadas funcionaban sólo para el estudio de asuntos puntuales propuestos desde la Administración".

La dinámica temporal de la comisión en cuanto a su funcionamiento cosecha diversas lagunas. En su propia página web, el órgano sólo cuenta con memorias de su actividad desde el año 2003 y hasta el 2014. La última actualización de dicho apartado data del primero de julio de 2015, de modo que faltan los documentos de 2015, 2016 y 2017 pero también los de 2010, 2011 y 2012. El Ministerio de Justicia no ha aclarado a infoLibre los motivos de tal ausencia ni ha proporcionado las memorias para su consulta.

En cuanto a los informes que figuran en el espacio digital, sólo están incluidos los de la décima legislatura, y únicamente la Sección de Derecho Civil y la de Derecho Mercantil tienen actividad, la primera con diez informes y la segunda con cuatro. Tampoco existe mayor actividad respecto a las propuestas planteadas por las secciones. Tal y como se muestra en la página web –que publica las propuestas desde 2004–, las secciones de Derecho Público y Procesal se encuentran carentes de propuestas, mientras que la de Penal únicamente cuenta con el reciente encargo de Rafael Catalá sobre la reforma que atañe a los delitos sexuales.

Actualmente existen ocho ponencias en activo, algunas abiertas desde hace doce años. Entre ellas, se encuentran la revisión del Régimen Jurídico de Cooperativas –en funcionamiento desde 2014–, la elaboración de una propuesta de Reglamento para el Registro Mercantil –desde 2006– o la revisión de la propuesta de modificación del Código Civil sobre obligaciones y contratos –desde 2017–. 

13 hombres y 12 mujeres serán vocales permanentes de la comisión que estudiará la tipificación de los delitos sexuales

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