El pulso entre PSOE y UP sobre el 'sí es sí' obliga a sus socios parlamentarios a elegir entre uno y otro

El portavoz del grupo socialista, Patxi López, y la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, en el Congreso, el 6 de febrero de 2023.

Dos meses después del inicio de las negociaciones entre las dos almas del Gobierno para abordar una posible reforma de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la conocida como ley del solo sí es sí, el PSOE ha decidido presentar su propia iniciativa en solitario. Se trata de una iniciativa —redactada por el ministerio de Justicia— que aumenta las condenas y acota las horquillas de penas. El objetivo de los socialistas, en palabras del portavoz parlamentario Patxi López, es acabar la "alarma social" que está provocando la aplicación de la norma tras el goteo de revisiones a la baja.

El PSOE ha registrado esta proposición sin contar con el respaldo de su socio de gobierno, Unidas Podemos, que considera que con esta reforma se vuelve al Código Penal anterior porque supone pasar, de nuevo, por un "calvario probatorio" a las víctimas situando la violencia y la intimidación en el centro de la norma. Los socialistas aseguran que el consentimiento "no se toca" pero desde Justicia sí insisten en que es más reprochable jurídicamente un delito sexual con violencia que otro que se comete sin recurrir a ella.

La discusión se centrará a partir de ahora en el Congreso. Y aunque el PSOE quiere aprobar esta reforma en las próximas tres semanas, la tramitación se prevé compleja. El Partido Popular ha sido el único en mostrar su apoyo a la iniciativa. El portavoz del comité de campaña, Borja Sémper, ha asegurado que su formación apoyará la reforma si "va en la línea de corregir las consecuencias terribles" que ha tenido la aplicación de la ley. "Estaremos fundamentalmente atentos a que no sea una chapuza y resuelva el gordo problema generado", ha lanzado. Sin embargo, Patxi López ha precisado que su grupo no tiene "nada que negociar" con el PP.

Por su parte, Unidas Podemos afirma que seguirá batallando. Algunas voces del grupo confederal abogan por modificar la ley en el trámite de enmiendas, mientras que otros creen que el PSOE debe retirar su iniciativa para que ambos grupos presenten otra iniciativa conjunta. Las fuentes consultadas aseguran que los socios parlamentarios del gobierno, entre los que se encuentran ERC o Bildu, apoyan su planteamiento y creen que el PSOE solo encontrará aliados en la derecha para reformar la ley estrella del departamento de Irene Montero.

Lo cierto es que la izquierda abertzale cierra filas con los morados. "Analizaremos la propuesta con detenimiento. Estamos dispuestos a retocar la ley siempre y cuando el núcleo de la misma, el consentimiento, se mantenga intacto y sea de mutuo acuerdo con el Ministerio de Igualdad. En este caso, parece que no ha sido así", lamentan fuentes de EH Bildu. Desde ERC se muestran más cautos y abogan por "estudiar" la iniciativa, si bien reconocen que la falta de acuerdo entre PSOE y UP "no es una buena noticia". Una propuesta similar a la planteada por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que ha asegurado que su grupo la "analizará con mucho detenimiento" y la contrastará con distintos sectores antes de fijar una posición al respecto. Otros grupos como Compromís o Más País guardan un calculado silencio.

Pilar Llop: "Los jueces aplican leyes, no relatos"

Tras varias semanas de negociaciones, el Ministerio de Justicia no se ha movido apenas en sus posiciones, una actitud que critican desde Igualdad. Desde el departamento de Irene Montero lamentan que la ministra Pilar Llop y su equipo no hayan considerado ninguna de las seis propuestas planteadas por Igualdad, centradas en elevar las penas introduciendo la violencia y la intimidación como agravantes, en lugar de como subtipos penales. Desde Justicia aseguran que estas propuestas no eran "técnicamente viables" y que, incluso, podrían haber generado problemas de inconstitucionalidad.

“La subida de penas es una decisión política y en eso hay que tener valentía, determinación y hacer lo que se tiene que hacer", ha explicado Llop en un encuentro con periodistas. En ese sentido, ha asegurado que Unidas Podemos e Igualdad han tratado de "desenfocar el problema" y han creado "marcos confusos" en la opinión pública para justificar su inmovilismo.

"Nosotros construimos leyes, no relatos. Los jueces aplican leyes, no relatos. Y lo que cambia la vida de la gente son las leyes, no los relatos”, ha insistido la ministra, en una crítica manifiesta a Igualdad. En el mismo sentido se han manifestado fuentes socialistas, que creen que su socio de gobierno ha priorizando el relato para no asumir el error y convertirlo en una batalla política. Una crítica que también trasladan en el sentido contrario desde Unidas Podemos, que consideran que los socialistas han cedido ante la presión de la "derecha mediática, política y judicial" por el temor a un mal resultado en las próximas elecciones de mayo.

Lo cierto es que los socialistas sí que trasladan, en privado, que esta ley "genera rechazo" en la opinión pública y admiten que hay un coste político que están pagando tanto ellos como Unidas Podemos. Algunos cargos del partido aseguran que este coste supera con creces a otras decisiones polémicas del Ejecutivo como los indultos a los líderes del procés o la reforma del delito de sedición. 

Igualdad teme una segunda oleada de revisiones de penas con la reforma del PSOE

La introducción de la violencia y la intimidación como subtipos penales no es el único motivo por el que Igualdad rechaza la ley. La delegada del Gobierno contra la violencia machista, Victoria Rosell, ha afirmado que la proposición de ley del PSOE "puede dar lugar a revisiones por parte de tribunales que hasta ahora no han revisado", introduciendo en riesgo de que más agresores sexuales vean reducidas sus penas. "Es abrir de nuevo la puerta a lo que se quería evitar", incidió Rosell.

La exmagistrada ha insistido en que el Gobierno "no se puede permitir" dar "la mínima opción a que vuelva a empezar" esta segunda oleada de rebajas penales. Así, desde Igualdad temen que esta reforma provoque que se revisen todos los casos que los tribunales han rechazado analizar tras la entrada en vigor de la ley del sí es sí. La propuesta que siguen defendiendo en igualdad es retocar las penas mínimas para los supuestos más graves, pero conservando el destierre definitivo de la violencia e intimidación.

Lo que sí descartan en el departamento de Irene Montero es que se produzcan ceses o dimisiones. "Hoy más que nunca tenemos que estar aquí, ya les gustaría a aquellos que nos piden que dimitamos que lo hiciéramos, pero vamos a seguir aquí", ha zanjado la número dos del ministerio, Ángela Rodríguez Pam. Lo cierto es que, aunque la coalición está tensionada, ni PSOE ni Unidas Podemos barajan un escenario de ruptura.

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