Igualdad no ve la reforma penal una solución a las revisiones de la ley del 'solo sí es sí'

La secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez Pam; la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, y la ministra de Igualdad, Irene Montero.

El Ministerio de Igualdad no cree que una reforma penal sea la solución para frenar las revisiones de penas a violadores que está provocando la ley del solo sí es sí y considera que esta situación es consecuencia de una incorrecta aplicación del derecho transitorio de la propia ley, según ha explicado Europa Press.

Las mismas fuentes apuntan que, los expertos en la materia y el Gobierno de coalición comparten esta postura y, por eso, Igualdad ha propuesto como solución posible un Plan de medidas para la especialización judicial, la formación en violencias sexuales y el incremento de efectivos para la protección de las mujeres, tal y como, según han apuntado, se hizo para la aplicación de la ley contra la violencia de género aprobada en 2004.

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Entre las medidas que recoge este Plan, que llaman a poner en marcha de manera urgente, está doblar los juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer ampliando sus competencias a los delitos contra la libertad sexual; reforzar la Fiscalía de violencia sobre la mujer y ampliar sus competencias a las violencias sexuales; garantizar la asistencia jurídica gratuita a las víctimas e incluirlas en el Servicio de Atenpro desde 2023; reforzar las unidades de valoración forense integral; o hacer formación especializada en violencia contra las mujeres a todo el personal de la Administración de justicia e Interior así como de la Educación y de la Sanidad.

Del mismo modo, recoge la necesidad de implementar las ayudas a víctimas de violencias sexuales; de crear el servicio de atención psicológica y psiquiátrica especializada en violencia sexual en el Sistema nacional de Salud para la completa recuperación de las víctimas a largo plazo; de incrementar el número de agentes que Interior dedica de forma exclusiva a la protección de las mujeres que sufren violencia contra las mujeres ampliando las competencias de las unidades especializadas a los delitos contra la libertad sexual; o implementando los puntos violeta en todas las dependencias e instalaciones públicas.

Fuentes de Igualdad señalan que el Ministerio ve imprescindible frenar cualquier intento de la derecha para volver al modelo anterior, basado en la violencia y la intimidación y que exigía a las mujeres pasar por un calvario probatorio para poder demostrar las violencias sexuales ejercidas contra ellas.

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