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El futuro de Cataluña

Llarena pide a Montoro que explique en qué se basa para decir que no se gastó un euro público en el 1-O

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la presentación de los Presupuestos en el Congreso.

E. H.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, quiere que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le explique en qué se basó para asegurar en una entrevista publicada en el diario El Mundo que tenía la certeza de que no hubo gasto de dinero público en la organización de la votación del 1-O en Cataluña. Llarena asegura que esta afirmación contradice las fuentes de prueba que figuran en la instrucción de la causa.

En una providencia, el instructor señala que en las declaraciones indagatorias celebradas entre este martes y hoy miércoles, varios de los investigados han basado la "injustificación" del delito de malversación de caudales públicos por el que han sido procesados y por el que se ha librado orden europea de detención contra el expresident Carles Puigdemont y otros consellers en las declaraciones del ministro al citado periódico. Por ello, requiere al titular de Hacienda "a fin de que informe a la mayor brevedad posible sobre el concreto soporte objetivo de tales afirmaciones".

Sin embargo, no es la primera vez que un miembro del Gobierno se pronuncia en la línea que lo hizo Montoro en la citada entrevista. El propio Mariano Rajoy, durante una intervención en el Congreso el pasado 7 de febrero, aseguró que "ni un euro" del FLA –el fondo de liquidez que el Estado presta a las autonomías– había ido a parar al 1-O. Sí es cierto que la afirmación de Montoro se produjo cuando Llarena ya había escrito su auto de procesamiento. 

Procesamiento

Precisamente en ese auto, Llarena recuerda que el delito de malversación de caudales públicos castiga el incumplimiento de los “deberes de fidelidad, honestidad y rectitud” en el uso del dinero público y reprocha dar “a los fondos un destino distinto a aquel para el que estaba previsto” con “perjuicio al patrimonio administrado”.

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Y aunque no detalla en qué se gastó el dinero, sí hace referencia a los gastos que la policía judicial calcula que "necesariamente habían de realizarse o comprometerse para la realización del referéndum": la campaña de registro de catalanes en el extranjero para votar (224.834,25 euros), la campaña de publicidad y difusión del referéndum (277.804,36 euros), el suministro de papeletas, censo electoral y a las citaciones a los miembros de las mesas electorales realizados por la empresa Unipost (979.661,96 euros) y la participación de observadores internacionales (119.700 euros). En total, 1.602.001,57 euros.

El juez señala que los gastos derivan de la concertación del Govern para celebrar el referéndum, porque, a su juicio, todos sus miembros acordaron autorizar a los diferentes departamentos de la Generalitat "para que realizaran las acciones y contrataciones necesarias" para su realización. Y eso, concluye en el auto de procesamiento, "puede entrañar" malversación.

Sin embargo, esta acusación de malversación fue cuestionada la semana pasada por los jueces del tribunal alemán de Schleswig-Holstein, que tienen que decidir sobre la Orden Europea de Detención (OEDE) dictada contra Puigdemont. Los jueces germanos sostienen que la exposición de Llarena no contiene una "descripción suficiente" de las circunstancias en las que se produjeron los hechos y piden más datos antes de pronunciarse de forma definitiva. Han reconocido que el expresident fue "corresponsable" de la generación de los costes del 1-O pero dicen desconocer si contraer obligaciones financieras por el referéndum sin que se hayan realizado pagos constituiría un acto punible. 

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