"Vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo español que se moviliza por causas justas como la de Palestina". Las palabras pertenecen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y fueron pronunciadas en septiembre del año pasado. Entonces, activistas de todo el mapa salían a la calle para clamar contra la participación del equipo Israel-Premier Tech en la Vuelta Ciclista a España. La protesta social fue tangencial y surtió efecto: la última etapa del evento deportivo se canceló y los líderes políticos de mayor nivel aplaudieron la solidaridad expuesta en cada tramo de la competición.
El elogio del presidente, sin embargo, se ha transformado cuatro meses después en reproche. Los manifestantes que salieron entonces empiezan ya a recibir las primeras notificaciones de sanción. Se manifestaron, fueron aplaudidos y hoy tienen que pagar las consecuencias.
Al buzón de Borxa González fue a parar una carta hace apenas una semana. En el documento, figuraba una sanción por participar en las protestas celebradas en Mos (Pontevedra) al inicio del evento deportivo. "Esto sin ser identificado ni haber hecho algo, toca recurrir", expresaba en redes sociales. "Lo que buscan es evitar la solidaridad con Palestina".
Exactamente lo mismo le está sucediendo a al menos una treintena de personas de diferentes territorios, como Galicia, Cantabria, Navarra, Madrid, Avilés, Olot o Figueres (Girona). Tiene constancia de ello la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), cuyos militantes llevan meses preparándose para enfrentar este escenario. Lo explica Lidón Soriano, miembro de la organización. "Nosotras ya habíamos previsto que esto iba a pasar, así que contactamos con la red de organizaciones de todos los territorios para tener constancia de las sanciones una vez empezaran a llegar".
El principal problema que se encontraron fue que esas notificaciones llegaron "a cuentagotas y la gente se desconectó". El fulgor de la protesta se ha ido desdibujando con los meses, el foco mediático quedó diluido y aquello que en su día fueron vítores se transformó en indiferencia. Ahora los activistas trabajan para estudiar los argumentos jurídicos de las sanciones de forma colectiva y poder así apelarlas.
En ello están también desde la Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid. Lo cuenta uno de sus militantes, Santiago Molina: "Hace un par de semanas empezamos la coordinación con las personas afectadas, en torno a una quincena, aunque sabemos que se han tramitado 25 propuestas de sanciones aquí", explica al otro lado del teléfono.
La plataforma se reunió el pasado 20 de enero con el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales. En el encuentro, los activistas trasladaron que las protestas fueron en su totalidad pacíficas y que buscaban la defensa de los derechos humanos en solidaridad con Palestina. Molina y sus compañeros pusieron también sobre la mesa los excesos policiales que a su juicio se sucedieron aquellos meses: "Planteamos nuestra propia indefensión", fruto en gran medida de la ley mordaza y la prevalencia del testimonio de los agentes de policía sobre la palabra de los activistas.
La abogada Elena de Luis, miembro de Juristas por Palestina, coincide en este extremo, destacando el despliegue policial desproporcionado y las cargas como tónica común allá donde anidaba la protesta. Su organización también aprecia como piedra en el camino el hecho de que las propuestas de sanción no hayan llegado a la vez, lo que deriva en mayores dificultades para coordinar estrategias colectivas y que los afectados se agrupen, fundamentalmente porque cada propuesta tiene un plazo de alegaciones y el tiempo corre. "Si a ti te llega una notificación y a tu compañero le llega semanas después, es mucho más difícil que os coordinéis", sintetiza la jurista.
La "hostilidad" de grupos "radicales"
Las propuestas de incoación de expediente sancionador parten de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. Así figura en las notificaciones que ha podido examinar infoLibre. Los documentos mencionan la "hostilidad" por parte de "grupos de radicales" y destacan que los hechos han venido promovidos por las protestas en solidaridad con Palestina, causantes de "incidentes en varias etapas" e incluso modificando el final de la carrera.
Las propuestas consultadas citan el artículo 2.1 a) de la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, por el que se castiga "la participación activa en altercados, riñas, peleas o desórdenes públicos en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados para acudir a los mismos, cuando tales conductas estén relacionadas con un acontecimiento deportivo que vaya a celebrarse, se esté celebrando o se haya celebrado".
La mayoría, asiente Elena de Luis, siguen este mismo patrón. "Casi todas son por vía administrativa y en base a esa ley. Algunas citan la ley mordaza y hemos tenido constancia de algún proceso por la vía penal que se ha archivado", abunda. Las cuantías no son especialmente altas, porque se basan en infracciones leves, lo que a su entender encaja en una suerte de castigo simbólico, ejemplarizante y desmovilizador, un recordatorio para que no vuelva a pasar.
Para la letrada, uno de los puntos clave que a su parecer invalida las sanciones es que eluden el contexto. "No se puede descontextualizar de lo que está reclamando la gente: la defensa de la población palestina y la protesta contra un genocidio", sostiene. Por otro lado, perfila, estas movilizaciones son indisociables del "derecho a la libertad de expresión y crítica política", derechos sobradamente apoyados por los tribunales.
Para De Luis resulta llamativo además el uso de la ley contra la violencia en el deporte, una legislación originalmente pensada para situaciones que nada tienen que ver con la actual. El grueso de las propuestas sancionadoras citan no sólo los desórdenes públicos, sino también la exhibición de símbolos que incitan a la violencia y la entonación de cánticos que constituyan un acto de desprecio a los participantes en el espectáculo deportivo.
Una vez más, la letrada entiende que la aplicación de la literalidad de la ley a las protestas contra el genocidio descontextualiza lo sucedido y desvirtúa el espíritu de la propia ley. "Esta ley nace para proteger ante episodios de racismo en el deporte, que hay muchísimos, pero consideramos que es inaplicable en este caso y es un error de calificación jurídica", insiste. Ni las banderas palestinas incitan al odio, ni la expresión popular es una riña, zanja.
Que el Gobierno tome medidas
Las protestas en la Vuelta se convierten en un símbolo de apoyo a Palestina y en nuevo foco de confrontación política
El 1 de octubre del año pasado, la Comisión contra la Violencia en el Deporte informó de su decisión de proponer sanciones a 38 personas por las manifestaciones. Dos semanas después, se sumó otra propuesta sancionadora a otros 53 manifestantes, en este caso por las protestas desarrolladas en Euskadi, Asturias y Pontevedra. El 21 de noviembre, la misma comisión propuso para sanción a "un grupo de manifestantes" –sin especificar el número– identificados durante las últimas etapas. Aquel aviso se hace ahora palpable en los buzones de los afectados.
Preguntado al respecto, el Ministerio del Interior se remite a dichas propuestas notificadas en octubre y noviembre, pero puntualiza que "su gestión posterior corresponde a las delegaciones y subdelegaciones", por lo que el departamento de Fernando Grande-Marlaska no puede "concretar el número de sanciones tramitadas". Tampoco responde a otra de las preguntas formuladas por este diario: si está sobre la mesa la anulación generalizada y automática de las propuestas sancionadoras contra los manifestantes.
Es una de las peticiones que plantean los activistas. "Estamos defendiendo que se anulen", comparte Elena de Luis, "consideramos que el Gobierno puede hacerlo". Lidón Soriano cree que es lo coherente, teniendo en cuenta que fue el propio Ejecutivo quien "alabó las protestas". Las sanciones, lamenta la activista, son "un absoluto despropósito y el reflejo de la falta de compromiso real con la justicia y la paz para Palestina".
"Vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo español que se moviliza por causas justas como la de Palestina". Las palabras pertenecen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y fueron pronunciadas en septiembre del año pasado. Entonces, activistas de todo el mapa salían a la calle para clamar contra la participación del equipo Israel-Premier Tech en la Vuelta Ciclista a España. La protesta social fue tangencial y surtió efecto: la última etapa del evento deportivo se canceló y los líderes políticos de mayor nivel aplaudieron la solidaridad expuesta en cada tramo de la competición.