Quirón Prevención, que ha sido durante años el principal cliente del empresario Alberto González Amador, continuará encargándose otro año más de los chequeos médicos de la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso decidió a comienzos de junio, en plena investigación judicial sobre los negocios de la pareja de la presidenta regional y su conexión con un directivo de esta misma compañía, prorrogar otro año más el contrato para la realización de reconocimientos a los empleados públicos de la región. Unos trabajos con los que la firma de prevención de riesgos laborales se embolsará hasta el próximo verano casi medio millón de euros.
La relación de la Comunidad de Madrid con la filial de una de las grandes beneficiarias de la privatización sanitaria impulsada por el PP viene de lejos. En marzo de 2018, pocos meses después de su creación, se alzó con un primer contrato de 840.068 euros para la gestión de reconocimientos médicos después de que la única competidora que tenía fuera excluida del proceso. La orden de adjudicación fue firmada por Isabel Díaz Ayuso, entonces viceconsejera de Presidencia. Y aunque en un primer momento estaba pensado para 2018 y 2019, al final se extendió hasta 2021.
Cuando en el verano de aquel último año estaba a punto de expirar la última de las cuatro prórrogas aprobadas, el Ejecutivo madrileño resolvió el nuevo expediente de "reconocimientos médicos específicos dirigidos a empleados públicos de la Comunidad de Madrid y pruebas complementarias". Convocado para 12 meses, el concurso lo ganó de nuevo Quirón Prevención SL. Esta vez, sin competidores: a la licitación solo se presentó la filial del holding sanitario, que se quedó con los dos lotes que componían la adjudicación.
En principio, la duración de este nuevo encargo iba a ser por doce meses. No obstante, el contrato recogía la posibilidad de ir alargándolo. Y eso es lo que se ha hecho. Año tras año, el Ejecutivo regional ha ido acordando prórrogas. La última, hace poco más de dos meses. El 9 de junio, se firmó la orden para extender el "Lote B", el relativo a la realización de pruebas específicas de laboratorio, radiografías de tórax o consultas médicas a especialistas. Y cuatro días después, el 13, la prórroga del "Lote A", centrado en los reconocimientos médicos específicos. De esta manera, Quirón Prevención cobrará hasta julio de 2026 481.621 euros –11.775 euros por el primer servicio y 469.846 por el segundo–.
La última extensión del que es uno de los principales contratos que la filial del gigante sanitario tiene con la Comunidad de Madrid, según la información que consta en el portal de la contratación regional, se ha sellado en plena investigación judicial sobre los negocios de la pareja de la presidenta madrileña, asunto que salpica de una u otra forma a la filial de prevención de riesgos laborales de Quirón. De hecho, un par de semanas después de la prórroga del contrato, la instructora del caso encargó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigase los hechos ante la "complejidad" de los mismos.
La sospecha de un soborno
Se trata de unas pesquisas que echaron a andar el pasado mes de octubre, cuando la magistrada Inmaculada Iglesias –ahora ya jubilada–, que llevaba el caso del supuesto fraude fiscal y falsedad documental de González Amador, decidió abrir una pieza separada en ese procedimiento para indagar en la compra que el empresario hizo de la sociedad a la que luego bautizaría como Masterman & Whitaker. Aquella a la que Maxwell Cremona, controlada por el novio de Ayuso, cedió a finales de 2021 parte de los servicios que había acordado prestar a Quirón Prevención. Para la Agencia Tributaria, una "simulación" en busca de beneficios fiscales.
Masterman no siempre se llamó así. Ni estuvo desde su creación en manos de González Amador. La sociedad se constituyó bajo el nombre de Círculo de Belleza el 3 de noviembre de 2008 con un capital social de 3.300 euros. Las participaciones se dividieron entre tres accionistas. Gloria Carrasco, a la que se designó como administradora única de esta empresa dedicada a la cosmética, se quedó con el 60%. Su hermano se quedó, por su parte, con un 20%. Y su esposo, Fernando Camino, con el 20% restante.
Este último es, desde hace años, director general de Quirón Prevención, De hecho, ambos empresarios llevan tiempo estrechamente conectados. Camino fue, por ejemplo, uno de los cofundadores de Insumos Médicos del Pacífico, a cuya junta directiva también perteneció el novio de Ayuso. Y consejero de la empresa gallega Mape Asesores, para la que intermedió González Amador en un negocio de compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia que le reportó 1,97 millones.
Quirón expidió un certificado exculpatorio a petición del novio de Ayuso en plena investigación
En septiembre de 2020, la mujer compró por 8.000 euros a cada uno de los socios su parte y se convirtió en accionista única. Y en diciembre, González Amador se hizo con la sociedad desembolsando 499.836 euros. "En tres meses el valor de la participación tuvo un incremento superior al 1.000%", señaló la instructora en una de sus resoluciones judiciales. Casi medio millón de euros por una compañía que aparentemente carecía de valor, sin inmuebles a su nombre ni trabajadores, con un activo material pequeño –un portátil y tres aparatos de depilación– y con una facturación el año previo a su compra de apenas 30.000 euros.
El Ministerio Fiscal cree que esta operación puede esconder un soborno. "Es claro que González Amador no pagó medio millón de euros a Carrasco Fernández porque pensara que iba a obtener algo de esa empresa, y es muy alta la probabilidad de que lo hiciera para retribuir un favor recibido, ya fuera en relación a la intermediación entre FCS y Mape, o por el incremento de la facturación recibida de Quirón Prevención (y la que haya obtenido después, que por el momento no consta en los autos), o por ambas cosas", señaló el fiscal en el escrito en el que se apoyó la instructora para activar a la UCO.
La relación entre González Amador y la filial del gigante sanitario parece ir más allá de la simple vinculación consultor-cliente. En el informe detallado de delito que elaboró en su día la Agencia Tributaria por el supuesto fraude fiscal "constan aportados unos correos electrónicos" donde el empresario, a quien el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso guarda en su teléfono como "Alberto Quirón", lejos de actuar como "gerente o administrador" de Maxwell Cremona, lo hace como "Director de Proyectos" en nombre y por cuenta de Quirón Prevención.
Quirón Prevención, que ha sido durante años el principal cliente del empresario Alberto González Amador, continuará encargándose otro año más de los chequeos médicos de la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso decidió a comienzos de junio, en plena investigación judicial sobre los negocios de la pareja de la presidenta regional y su conexión con un directivo de esta misma compañía, prorrogar otro año más el contrato para la realización de reconocimientos a los empleados públicos de la región. Unos trabajos con los que la firma de prevención de riesgos laborales se embolsará hasta el próximo verano casi medio millón de euros.