Todo empezó con la doctrina Atutxa, allá por el año 2008. Meses después de que el Supremo decidiera que una acusación popular sin el apoyo del fiscal o el perjudicado por el delito pudiera llevar a juicio al banquero Emilio Botín, la Sala de lo Penal, en una resolución redactada por el conservador Manuel Marchena, resolvió que, en el caso de Juan Maria Atutxa (expresidente del Parlamento vasco del PNV), este sí podía ser enjuiciado y condenado por desobediencia con el único impulso del pseudosindicato ultra Manos Limpias, en contra del textual de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. José Antonio Martín Pallín (A Coruña, 1936) sitúa en ese momento preciso el inicio de la ola de activismo judicial que ha culminado en fechas recientes con las causas abiertas a la esposa y al hermano de Pedro Sánchez, y con la inhabilitación del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por defender a la Fiscalía de un bulo difundido por Isabel Díaz Ayuso y su entorno. El último libro del magistrado emérito del Supremo, Visto para sentencia (Siglo XXI), considera que esos tres procesos constituyen una "guerra judicial" en la que hacer caer al presidente del Gobierno es el único objetivo.
En sus 22 años de trayectoria en el Supremo, ¿vivió usted un grado de polarización en la Sala de lo Penal como el actual?
Al llegar en 1989 a la Sala me encontré con un magistrado que había estado en la División Azul, Luis Vivas; otro que había sido director general de Prensa y Propaganda durante el franquismo con Manuel Fraga, Antonio Huerta y, en general, con gente que había sido muy cercana al régimen. Todos esos compañeros me recibieron con mucho afecto y con ellos conviví y debatí con normalidad y respeto. Tuve una muy buena relación personal con ellos. Fue más bien en el último periodo, cuando era magistrado emérito, que me opuse muy rotundamente a la persecución al juez Baltasar Garzón. Fue una etapa más desagradable por la catadura personal de algunos personajes, entre los que se encontraba [Manuel] Marchena.
En su libro, pone como punto de partida del activismo judicial actual la doctrina Atutxa en 2008. ¿Cómo fue el proceso hasta esa decisión tan controvertida?
Fue la primera decisión sin ningún apoyo legal ni racional en la que se invadió la potestad legislativa de una Cámara. La ley establece que cuando el fiscal o el perjudicado por el delito no acusan, el tribunal tiene que archivar sin que la acusación popular pueda por sí sola abrir juicio oral. Así se hizo con Emilio Botín, el presidente del Santander, un año antes. Marchena le dio la vuelta como a un calcetín y dijo que el archivo que prevé la ley solo era para delitos en los que hubiera un interés privado, pero no para temas de interés político, como la disolución el grupo de la izquierda abertzale en el Parlamento vasco. Fue el primero de una serie de asuntos, como el de la doctrina Parot contra los presos de ETA, muchos de los cuales fueron anulados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Señala a Marchena con nombre y apellidos como el gran responsable de esta situación. ¿Tan grande es su influencia?
Hace ya unos años tuvo algún enfrentamiento con algunos magistrados porque sostenía la tesis que ahora ha reaparecido de que no se podían presentar votos particulares contra autos, algo que no está escrito en ningún sitio. Desde que nos fuimos magistrados como Joaquín Giménez, Perfecto Andrés, Enrique Bacigalupo o yo [todos ellos progresistas], la sala ha caído en sus manos. Es una persona inteligente y lista. También ha influido el tema de la unidad de la patria y de la confrontación con el independentismo vasco y catalán, un sentimiento que también estaba en esa época en el PSOE. Esa idea de salvar la unidad de la patria, muy arraigada, le permite a Marchena manejar sus tesis sin oposición.
Podemos ha sido también objeto de una persecución judicial sin precedentes...
Una persecución injustificada y ejercitada por acusaciones populares, como en el caso Neurona [archivado definitivamente en octubre de 2024 tras cuatro años de investigación]. Ahí la diferencia es que lo que se perseguía, ante la inconsistencia de la acusación, era dilatar el caso como elemento de desgaste. Porque cada paso era objeto de información continua en periódicos como El Mundo, Abc, La Razón y los digitales que se fueron apuntando.
Se trata de un caso similar al de la causa del juez Peinado contra Begoña Gómez ¿Por qué es tan difícil frenar estos excesos?
En el caso de la mujer de Pedro Sánchez, el de su hermano y el del fiscal general, en los tres, la pieza a cazar no es ninguno de ellos, sino el presidente del Gobierno. Provocar unas nuevas elecciones. Basta leer el auto de apertura de juicio oral contra García Ortiz, que decía literalmente “siguiendo indicaciones de la presidencia del Gobierno”. Esto ya era descarado. Lo de Peinado es un caso clamoroso de guerra judicial con la connivencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otros jueces. Ha habido querellas contra él, pero no han llegado a ninguna parte. Tampoco ha habido ninguna sanción disciplinaria pese a que clamorosamente está infringiendo la ley. Después de transformar la investigación para que la esposa del presidente responda ante un jurado tenía que haber convocado una audiencia a las partes para decidir si abre juicio o archiva y no lo ha hecho. Además, le ha cogido gusto a entrar en la sede del Poder Ejecutivo de forma arbitraria vulnerando la separación de poderes. Las dos veces que lo ha hecho han sido grotescas: una para preguntar a Sánchez si Begoña Gómez era su esposa, y después vino el espectáculo de la tarima… Nadie, absolutamente nadie, le ha parado los pies. Estamos abocados a esperar a su jubilación. Hasta entonces seguirá impasible, repito, con la complicidad del Consejo.
Las asociaciones judiciales conservadoras mantienen un discurso apocalíptico de ataque sistémico del Gobierno al Estado de derecho. ¿A qué viene tanta hipérbole?
Aznar dijo su famosa frase por el mes de noviembre de 2023: “El que pueda hacer que haga”. Estas asociaciones colaboran con esa llamada, pero no con hipérboles, sino con extravagancias que causan vergüenza ajena. Por ejemplo, con el proyecto del Gobierno para reformar del sistema de ingreso [a la judicatura], las oposiciones, se introduce un ejercicio práctico para detectar habilidades como la lógica deductiva o la capacidad de argumentación, entre otras cosas. Y la parte memorística, la de siempre, se graba. Los colectivos conservadores van diciendo a los países de la UE que eso es un atentado a la independencia judicial, pero sin ningún éxito, claro. Imagino el asombro y hasta las carcajadas. En realidad, esto les desmonta el tinglado que viene de atrás de los preparadores y por eso se han puesto nerviosos.
Con todo esto, ¿podemos fiarnos de nuestros jueces?
La mayoría de los jueces cumplen con su obligación con absoluto sentido de la proporcionalidad, de la justicia y de la racionalidad. No todo son casos de trascendencia política. Hay millones de demandas de muy diversa naturaleza no solo en lo penal, en materia de familia, de mercantil, de violencia de género, en lo contencioso-administrativo o en lo laboral. Pero claro, estos asuntos más políticos y que son objeto de una especial atención en mi libro, son los que hacen que la gente desconfíe de la imparcialidad de algunos miembros del Poder Judicial.
Todo empezó con la doctrina Atutxa, allá por el año 2008. Meses después de que el Supremo decidiera que una acusación popular sin el apoyo del fiscal o el perjudicado por el delito pudiera llevar a juicio al banquero Emilio Botín, la Sala de lo Penal, en una resolución redactada por el conservador Manuel Marchena, resolvió que, en el caso de Juan Maria Atutxa (expresidente del Parlamento vasco del PNV), este sí podía ser enjuiciado y condenado por desobediencia con el único impulso del pseudosindicato ultra Manos Limpias, en contra del textual de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. José Antonio Martín Pallín (A Coruña, 1936) sitúa en ese momento preciso el inicio de la ola de activismo judicial que ha culminado en fechas recientes con las causas abiertas a la esposa y al hermano de Pedro Sánchez, y con la inhabilitación del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por defender a la Fiscalía de un bulo difundido por Isabel Díaz Ayuso y su entorno. El último libro del magistrado emérito del Supremo, Visto para sentencia (Siglo XXI), considera que esos tres procesos constituyen una "guerra judicial" en la que hacer caer al presidente del Gobierno es el único objetivo.