El déficit español de jueces en relación a la población (11,2 por cada 100.000 habitantes), un dato muy inferior a la media de los países de la UE (17,6), es una de las quejas seculares de la judicatura. El Gobierno pretende acabar con esta anomalía y para ello el Ministerio de Presidencia y Justicia iniciará la semana que viene la elaboración de un decreto que aprobará la mayor creación de plazas judiciales de la historia de España (500). La mayoría de esos nuevos puestos serán para los nuevos tribunales de instancia creados en cada partido judicial por la ley de eficiencia para sustituir a los órganos unipersonales, pero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha aprobado todavía el reglamento que debe regular el funcionamiento de estos tribunales, en su mayoría ya desplegados. La premura del Ejecutivo, que pretende crear las plazas este mismo año, ha generado malestar tanto en la presidenta del órgano, Isabel Perelló, como en el sector conservador, pese a que el Consejo reclamó 507 nuevas plazas en julio.
El Plan Estratégico para el decenio 2026-2035 de Recursos Humanos en la Carrera Judicial, aprobado por el Consejo el pasado diciembre, recogía en sus conclusiones finales el "déficit estructural de la planta de los órganos judiciales". El documento hacía referencia a un informe aprobado por el Servicio de Inspección del órgano de gobierno de los jueces que se votó el 9 de julio y en el que se consideraba "imprescindible" la creación de esas 507 unidades judiciales.
El Ministerio de Presidencia y Justicia, que dirige Félix Bolaños, ha atendido esa reclamación y trabaja ya en el mencionado decreto para crear 500 nuevas plazas. Se trata del mayor incremento en la historia de España –en los últimos años giraba en torno a las 70–. El plan gubernamental, que fue adelantado este domingo por El Mundo, es posible gracias a la Ley de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que abarata la posibilidad de generar nuevas plazas en los nuevos tribunales de instancia sin tener que acompañarlas de la infraestructura de todo un juzgado con sus funcionarios y sus medios materiales. En los nuevos tribunales, la estructura burocrática es común a todos sus miembros.
Las nuevas plazas se corresponden, en esencia, con las peticiones concretas que trasladó el CGPJ al Ejecutivo, según fuentes de este último. 363 irán a las diferentes secciones de los nuevos tribunales de instancia (de lo Civil, de Instrucción, de lo Penal, Contencioso, Mercantil, Social...) y 85 a las Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. En el Alto Tribunal se crean dos nuevas plazas de magistrado para la Sala de lo Civil, la más colapsada, y una más para la Sala de lo Penal. Sin embargo, la histórica iniciativa, hecha a imagen y semejanza de las reclamaciones del Consejo, no ha sido bien recibida por una parte del órgano de gobierno de los jueces. En España hay a día de hoy 5.903 plazas judiciales, así que el incremento planeado por el departamento de Félix Bolaños asciende casi a un 10%.
Tres años sin convocar plazas del cuarto turno
Fuentes de la institución aseguran que la presidenta Isabel Perelló y algunos de los vocales a propuesta del PP han puesto pegas al plan del Ejecutivo tras conocerlo. Si hasta diciembre el problema era la necesidad de nuevas plazas, cuando al fin se han iniciado los trámites para dotarla, ahora la inquietud es cómo cubrirlas. Desde el Ejecutivo recuerdan que hace tres años que el Consejo no convoca plazas del cuarto turno –las que permiten la entrada en el cuerpo a juristas de reconocida competencia– pese a que uno de cada cuatro miembros de la judicatura debe ser seleccionado de este modo. En la próxima promoción de jueces procedentes de la Escuela Judicial, los que acceden mediante la clásica oposición memorística, estaba previsto que una cuarentena de candidatos quedaran "en expectativa de destino". Con el futuro decreto podrán acceder a una plaza. En caso contrario habrá que recurrir a jueces sustitutos y magistrados suplentes.
La histórica creación de plazas, de las que la mayoría irán a los tribunales de instancia, llega cuando el Consejo todavía no ha adecuado su Reglamento de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales a esos nuevos órganos, pese a que la ley que los creó fue publicada en el BOE hace más de un año y su última fase de implantación, la correspondiente a las poblaciones más grandes, estaba prevista para el pasado 31 de diciembre. Ese reglamento debe abordar temas centrales como el reparto de asuntos, las guardias, los cambios de titular en cada plaza o las sustituciones, entre otros. Que el Consejo no haya aprobado todavía la reforma reglamento está provocando que cada tribunal de instancia, que abarca todo el término de cada partido judicial, esté improvisando sus propias reglas.
La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, creó el pasado marzo un grupo de trabajo para abordar el despliegue de estos nuevos tribunales. De él forman parte, además de la máxima responsable del órgano, los vocales progresistas Lucía Avilés, José María Fernández Seijo y Carlos Hugo Preciado (este último propuesto por Sumar pero que suele formar grupo con Perelló y los conservadores), y los conservadores Alejandro Abascal, José Eduardo Martínez Mediavilla y Esther Rojo. Fuentes del órgano de gobierno de los jueces aseguran que, desde su creación, su actividad ha sido muy escasa pese a la trascendencia del cambio que impone la ley de eficiencia, que da la vuelta como un calcetín a la tradicional estructura de la justicia en España.
El déficit español de jueces en relación a la población (11,2 por cada 100.000 habitantes), un dato muy inferior a la media de los países de la UE (17,6), es una de las quejas seculares de la judicatura. El Gobierno pretende acabar con esta anomalía y para ello el Ministerio de Presidencia y Justicia iniciará la semana que viene la elaboración de un decreto que aprobará la mayor creación de plazas judiciales de la historia de España (500). La mayoría de esos nuevos puestos serán para los nuevos tribunales de instancia creados en cada partido judicial por la ley de eficiencia para sustituir a los órganos unipersonales, pero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha aprobado todavía el reglamento que debe regular el funcionamiento de estos tribunales, en su mayoría ya desplegados. La premura del Ejecutivo, que pretende crear las plazas este mismo año, ha generado malestar tanto en la presidenta del órgano, Isabel Perelló, como en el sector conservador, pese a que el Consejo reclamó 507 nuevas plazas en julio.