El presidente de la mentira verde

Andalucía se juega hoy buena parte de su futuro ambiental mientras el Gobierno de Moreno Bonilla sigue instalado en el triunfalismo verde y el marketing político. Lo que vende como “revolución verde” es, en realidad, una mezcla de desregulación, dejación de funciones y oportunismo que está poniendo en riesgo nuestro territorio, el agua y la salud de la gente.

La llamada “revolución verde” del PP andaluz no es un proyecto serio de transformación. No hay presupuestos de carbono vinculantes, no hay una acción climática integrada en todas las políticas públicas, no hay una autoridad independiente que vigile el cumplimiento de los objetivos. Lo que sí hay es improvisación, normas que se aflojan y una preocupante renuncia a ejercer a fondo las competencias de la Junta para proteger nuestros recursos naturales.

Andalucía podría liderar la transición energética en Europa: tiene sol, viento, posición estratégica y un enorme potencial industrial ligado a las energías renovables. Pero para aprovechar esa oportunidad hace falta gobernar el proceso, no abandonarlo a un “todo vale” sobre el suelo andaluz. Bajo la excusa de la “agilización administrativa” se han multiplicado macroplantas donde toca, pero también donde no toca, ocupando suelo rústico de alto valor, generando conflictos con el mundo rural y alimentando el rechazo social a proyectos que, bien planificados, deberían ser una oportunidad compartida.

Falta una zonificación clara y vinculante que marque zonas de exclusión ambiental, criterios paisajísticos y límites al impacto sobre la biodiversidad. Falta priorizar polígonos industriales y suelos ya degradados antes que seguir sacrificando territorio agrícola y natural. Convertir la transición energética en barra libre para unos pocos fondos y promotores es la manera más segura de dinamitar el consenso social y de perder una ocasión histórica de crear empleo de calidad y autonomía energética para Andalucía.

Si hay un símbolo de esta mala gestión ambiental es Doñana. Lo que debería ser un emblema mundial de conservación se ha transformado en escaparate de la dejación de funciones, la falta de planificación y el incumplimiento de la legalidad ambiental. El plan para ampliar regadíos en su entorno, impulsado por el Gobierno andaluz, provocó el rechazo de la comunidad científica, la preocupación de las instituciones europeas y la denuncia de organizaciones ecologistas que llevan años alertando de un intento de legalizar lo ilegal en un espacio ya al límite. Tras meses de polémica, la Junta se ha visto obligada a rectificar, pero el daño a la imagen de Andalucía y a la credibilidad de sus instituciones ya está hecho.

Lo que Moreno Bonilla vende como “revolución verde” es, en realidad, una mezcla de desregulación, dejación de funciones y oportunismo que pone en riesgo nuestro territorio, el agua y la salud de la gente

La política territorial de Moreno Bonilla obedece a la misma lógica cortoplacista. En lugar de consolidar un principio claro de no regresión ambiental, su Gobierno ha optado por la desregulación y por un urbanismo que vuelve a abrir la puerta a la especulación, debilitando la protección del litoral y de espacios de alto valor ecológico. Donde haría falta renaturalizar playas, marismas y dunas, reforzar infraestructuras verdes y planificar el retroceso ordenado en las zonas más vulnerables, se sigue pensando en clave de ladrillo y hormigón. Es un modelo que incrementa la exposición al riesgo climático y pone por delante el interés de unos pocos frente al interés general.

A este desequilibrio entre discurso y realidad se suma el maltrato a quienes están en primera línea defendiendo nuestros montes y nuestros pueblos: los hombres y mujeres del Plan INFOCA. Mientras el presidente presume de “tener el mejor dispositivo contra incendios del país” y se hace fotos cada verano junto a los helicópteros y los retenes, miles de bomberos forestales llevan años reclamando algo tan básico como el reconocimiento de su antigüedad, la estabilidad laboral y unas condiciones dignas.

Son, de facto, los únicos empleados públicos andaluces que no ven reconocida y pagada su antigüedad en las mismas condiciones que el resto de la plantilla de la Junta. Esa discriminación ha sido denunciada por sindicatos y trabajadores, que hablan de promesas incumplidas, mesas de negociación eternas y anuncios que nunca se concretan en nómina. Ocho años de palabras amables y de fotografías institucionales, pero ni un solo gesto efectivo para corregir una injusticia que se arrastra desde hace demasiado tiempo.

Y mientras tanto, esos mismos hombres y mujeres se juegan la vida cada verano frente a los incendios forestales, entrando donde todos los demás están saliendo. En invierno, son ellos quienes afrontan temporales y danas, despejando caminos, asegurando cauces, protegiendo pueblos y viviendas. Son los rostros que no se ven cuando las cámaras se apagan, pero sin los cuales Andalucía sería mucho más vulnerable. El contraste entre los elogios públicos y la negativa a reconocer su antigüedad y sus derechos laborales es una herida abierta que retrata con crudeza el tipo de “verde” que practica este Gobierno: aplausos para la foto, abandono en el día a día.

Todo esto tiene un coste que va mucho más allá de los discursos. Supone pérdida de biodiversidad, pérdida de oportunidades económicas ligadas a una economía verde seria y pérdida de confianza en unas instituciones que dicen una cosa y hacen la contraria. Andalucía está en primera línea del cambio climático y no puede permitirse un Gobierno que utiliza el color verde como maquillaje mientras se degradan sus ecosistemas, se desordena la transición energética y se desprecia a quienes, como el personal del INFOCA, sostienen sobre sus hombros la protección del territorio.

Lo que está en juego no es un eslogan ni una campaña de imagen, sino el derecho de la ciudadanía andaluza a un medio ambiente saludable, a un territorio cuidado y a un futuro digno para las próximas generaciones. Frente a la gran mentira verde de Moreno Bonilla, Andalucía necesita una política ambiental seria y honesta: basada en la ciencia, en la planificación, en el respeto a quienes protegen cada día nuestra tierra y en la convicción de que defender nuestro patrimonio natural no es un freno al progreso, sino la condición imprescindible para avanzar juntos, con empleo digno, con justicia social y con orgullo de pertenecer a esta tierra. 

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José González Arenas es secretario de Medio Ambiente del PSOE de Córdoba.