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El uso del dinero público

Ayuso gasta en cuatro años más de 400.000 euros por el alquiler de un centro de salud cerrado en 2020

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visita las instalaciones del Hospital Universitario Fundación Alcorcón en mayo de 2020.

Que se sepa, ningún centro de salud de la red pública española está sujeto a las leyes que, por ejemplo, permiten al CNI echarle el candado del secreto a sus decisiones. Pero un centro de salud ubicado desde los años setenta en el municipio madrileño de Alcorcón (171.772 habitantes) está a punto de cumplir cuatro años cerrado sin que desde 2020 la oposición haya logrado respuesta a una pregunta de apariencia sencilla: ¿por qué el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso continúa pagando más de 100.000 euros cada ejercicio –112,037 en 2022, según el inventario oficial de inmuebles–, lo que significa que ya lleva abonados más de 400.000 euros por el alquiler de un local clausurado hace cuatro años y para el que ni siquiera hay fecha de reapertura? Propiedad de una particular cuyo nombre y apellidos –Matilde Vidal Francés– aparecen ligados a la burguesía madrileña a tenor de una nota de sociedad publicada hace 28 años por el diario Abc, algunos medios difundieron en fechas pasadas que uno de sus hijos fue alcalde del PP en otro municipio del área metropolitana. infoLibre no ha logrado aún verificarlo.

A preguntas de este medio, el Gobierno de Ayuso no ha accedido a facilitar el importe exacto abonado desde el cerrojazo de ese centro de salud de Alcorcón hace ya cuatro años ni en qué fecha concreta se produjo la clausura, aunque el diputado socialista Daniel Rubio, que reside en Alcorcón, asegura que ocurrió al inicio de la pandemia. El inventario de inmuebles de la Comunidad de Madrid no ofrece aún datos sobre 2023. Pero sí sobre el trienio previo. Y según el inventario, del que infoLibre ha obtenido copia de sus últimas cuatro ediciones, la Consejería de Sanidad pagó por ese local cerrado 107.233 euros en 2020; 102.425 en 2021, es decir, 5.000 euros menos por razones desconocidas; y 112.037 en 2022. Si esa última cifra se mantuvo inalterable en 2023, año del que todavía no hay datos actualizados, la suma total del cuatrienio asciende a 433,732 euros abonados con cargo al erario madrileño por un local sin uso y de incierto futuro en cuanto a fecha de reapertura.

El diputado Daniel Rubio ha intentado en múltiples ocasiones y sin éxito obtener respuestas detalladas y documentación sobre el fantasmal y caro local de Alcorcón. El jueves, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, le reprochó a la consejera de Economía la pendiente hacia el precipicio que tanto Más Madrid como PSOE e incluso Vox consideran que el PP ha emprendido a marchas forzadas para desbaratar las políticas de transparencia y control al Gobierno de Ayuso.

Además de lanzar un nuevo reproche al PP por colocar bajo su dominio órganos esenciales como el Consejo de Transparencia, el parlamentario esgrimió tres ejemplos de una política que considera marcada por un triple sello: opacidad, nepotismo y arbitrariedad. Uno de esos ejemplos fue justamente el del centro de salud de Alcorcón. Otro, el del subdirector general de Contrataciones de Madrid Digital que es copropietario de una consultoría privada sobre contratos públicos. Y otro más, el del contrato de vigilancia de instalaciones deportivas adscritas a la Consejería de Cultura y Deportes adjudicado a la empresa que capitanea la antigua primera teniente de alcalde del PP cuyo gobierno fichó como cargo de confianza al hoy director general de Deportes.

En su respuesta, la consejera de Economía, Rocío Albert López-Ibor, no mencionó ninguno de esos tres casos, defendió la legalidad de todas las adjudicaciones, retó al PSOE a lograr que en el Congreso haya una comisión de vigilancia de contrataciones y a que el presidente Pedro Sánchez haga público con quién se fue de vacaciones en verano y cuánto costó aquello. Puedes ver el debate entre Daniel Rubio y Rocío Albert pinchando en este enlace y yendo al minuto 00:46:21. La discusión parlamentaria entre ambos finaliza en el minuto 00:51:41.

El PSOE investiga el "probable" parentesco

El silencio de Rocío Albert en sede parlamentaria va en la misma línea que el de los interlocutores de la Consejería de Sanidad a los que el mismo jueves acudió este periódico. Las fuentes tampoco accedieron a confirmar si un hijo de la dueña del local de Alcorcón fue un regidor del PP cuyo nombre y apellidos omite infoLibre. Los socialistas consideran más que "probable" la relación de parentesco a la vista de determinados datos en su poder pero aseguran estar aún investigando. Los intentos por contactar con tal persona han resultado inútiles. Pese a que la telefonista aseguró en dos ocasiones que le transmitiría el detallado mensaje de este medio sobre los motivos del contacto, el exalcalde no ha devuelto las llamadas cursadas a una fundación cercana al Opus Dei a cuyo patronato perteneció hasta 2022. De Matilde Vidal, que firmó el contrato de alquiler en 1977 con 37 años, este periódico no ha averiguado cómo contactar con ella.

A día de hoy, se remontan a 2018 los únicos datos oficiales sobre un caro alquiler vacío en todos los sentidos del término y que se mantiene mientras el presupuesto de 2024 para la atención primaria pública es inferior al destinado a conciertos con la privada. Fue en 2018 cuando el PSOE pidió la relación de inmuebles alquilados por el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) con identificación del arrendador y el precio abonado por la Administración madrileña.

Con una superficie de 870 metros cuadrados, el inmueble de Alcorcón lo había alquilado el desaparecido Instituto Nacional de Previsión a Vidal Francés el 1 de octubre de 1977 por 2.08.130 pesetas al año (12.537,894 euros al cambio sin ponderaciones). En diciembre de 2001, el ya también extinguido Instituto Nacional de Salud se lo cedió a la Comunidad de Madrid indicando, vía BOE, que el precio ya se situaba en 63.871,98 euros. En 2018, y así lo refleja la respuesta del Ejecutivo madrileño a la ya citada petición de información del PSOE, ya costaba 100.122,84 euros al año. Multiplicada por cuatro, el último número de esta serie indica que entre enero de 2020 y febrero de 2024, a la sanidad madrileña le ha costado 400.000 euros en números redondos un centro de salud que dejó de funcionar al estallar la crisis del covid y cuya reapertura como centro especializado en enfermedades de transmisión sexual (ETS) promete el equipo de Ayuso para “esta legislatura”. ¿Abrirá en 2024, 2025, 2026 o en el primer trimestre de 2027? Todavía no se sabe.

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Dado que el contrato original suscrito en 1977 prevé que "la renta será revisada cada dos años, ajustándose en más o en menos a los índices generales y ponderados de vida", los expertos inmobiliarios consultados para esta información dan por hecho que el precio actual no baja de los 105.000 euros anuales. Ahora bien, la revisión programada abre otra incógnita: la de por qué solo se ha hecho público hasta ahora el contrato original de alquiler cuando de algún modo debe documentarse y archivarse cada una de las subidas de renta aplicadas.

El enigma de la “penalización”

Las fuentes de la Consejería de Sanidad a las que infoLibre planteó sus preguntas sobre el porqué de la pervivencia del alquiler de un inmueble que no se utiliza desde 2020 alegaron lo que sigue: “Si la Comunidad de Madrid rescindiera el contrato de arrendamiento del mencionado local en este momento, sin esperar a finalizar los trámites necesarios para utilizarlo al servicio de la sanidad pública madrileña, sufriría además una penalización económica en virtud del contrato de arrendamiento actual”.

A raíz de esa respuesta, este periódico requirió datos sobre el plazo de arrendamiento establecido en el acuerdo contractual vigente y preguntó qué cláusula del acuerdo entre la propiedad y la Comunidad de Madrid prevé una penalización económica. Desde luego, no hay ninguna de esa naturaleza en el contrato original de 1977, el único –como ya se ha expuesto– entregado hasta la fecha por el Gobierno madrileño a la oposición. Lo que ese documento señala es que “en caso de rescisión del contrato por parte del arrendatario deberá ser comunicado al arrendador con seis meses de antelación”. ¿Se modificó en algún momento esa cláusula en beneficio del arrendador de forma que el Ejecutivo madrileño quedase maniatado de manera indefinida o por un periodo de duración ignota? De momento, tampoco hay respuesta.

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