'Caso Moix'

Moix: tres meses en el cargo y cuatro graves escándalos

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix.

El descubrimiento de la sociedad panameña del fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, es el último de una serie de graves escándalos que han marcado los tres meses que lleva en el cargo. Intentó frenar parte de la Operación Lezo que acabó con el expresidente madrileño Ignacio González en la cárcel. Impidió hasta en tres ocasiones, como fiscal superior de Madrid, que se investigase la trama societaria creada por González. Su nombre, muy cuestionado desde el primer momento, ha aparecido en una conversación telefónica entre el expresidente madrileño y el exministro Eduardo Zaplana como la opción preferida del primero para liderar Anticorrupción. infoLibre repasa los cuatro principales escándalos de Moix.

1. 'Operación Lezo' y rebelión de fiscales

La primera gran intervención del fiscal jefe se produjo dos meses después de su nombramiento. El 19 de abril, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevan a cabo la Operación Lezo, unmacrooperativo policial, ordenado por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, en torno a las oscuras operaciones internacionales de la mayor sociedad pública de Madrid, la empresa de aguas Canal de Isabel II. La operación termina con la detención del expresidente madrileño Ignacio González, además de su hermano y otra decena de personas más, y una extensa lista de entradas de los agentes en empresas y domicilios en busca de documentación.

Sin embargo, lo que parecía un éxito del Ministerio Público, que llevaba un año investigando el caso, se convirtió en apenas unas horas en la primera gran tormenta de Moix al frente de la Fiscalía. Sólo un día después del operativo policial, se conoció que el jefe de Anticorrupción se había opuesto a que los agentes de la Guardia Civil accedieran a las dependencias del Canal de Isabel II, donde se encuentran los documentos de Inassa, la filial colombiana de la empresa pública madrileña que articuló la compra de algunas de las sociedades que centran la investigación.

Con la decisión tomada, Moix se la trasladó al fiscal general del Estado y ordenó a los fiscales que llevaban el caso, Carmen García Cerdá y Carlos Iañez, que frenasen esa parte del operativo. Ninguno estaba de acuerdo con el paso atrás y, amparándose en el Estatuto del Ministerio Fiscal, plantearon la cuestión a la Junta de Fiscalía. Los fiscales Anticorrupción se reunieron a pocas horas del inicio de la operación y, después de escuchar los argumentos de las dos partes, procedieron a la votación. Iañez y Cerdá recibieron el respaldo de la mayoría de sus compañeros. El resultado fue abrumador, según informó en su momento El Español: 20 de 22 se opusieron a la orden, uno la respaldó y el último se abstuvo.

No fue el único enfrentamiento que mantuvieron en los días previos a la operación fiscales y jefe Anticorrupción. Según reveló a mediados de mayo eldiario.es, Moix también se opuso en un primer momento a controlar las llamadas de Ignacio González durante los cuatro días previos a la Operación Lezo. La última prórroga terminaba el día 15 de abril y las detenciones estaban previstas para el 19. Moix consideraba que las escuchas, una medida excepcional que afecta a un derecho fundamental, se estaban alargando demasiado, pero Iañez y Cerdá le advirtieron de que era necesario mantener los móviles pinchados el día del operativo policial para facilitar la localización de los que posteriormente serían detenidos. El juez Velasco prorrogó la intervención de comunicaciones hasta ese mismo día.

2. Archivos en 2007, 2009 y 2010

Sin embargo, no era la primera vez que Moix ponía trabas en investigaciones relacionadas con el expresidente madrileño. Tal y como desveló infoLibre, un par de semanas después de Lezo, Moix impidió hasta en tres ocasiones que se investigase la trama societaria creada por González y su familia para lucrarse con la construcción y explotación del campo de golf del Canal Isabel II. Una adjudicación que, tal y como contó este diario, permitió a la empresa controlada por la familia de González, Tecnoconcret, quedarse con una comisión de 600.000 euros, según los datos de la investigación abierta en la Audiencia Nacional.

En 2007, los vecinos de Chamberí, el barrio madrileño donde se construyó el polémico campo de golf, presentaron un escrito ante la Fiscalía en el que pedían la apertura de una investigación que aclarase si González había cometido alguna ilegalidad al no haberse abstenido en la reunión del consejo de administración del canal que decidió la adjudicación de la explotación del campo de golf. Tras llegar la denuncia a la Fiscalía del TSJM, Moix, que entonces era fiscal superior de Madrid, sólo tardó tres días hábiles en archivarla a través de un decreto de sólo 11 líneas.

Después de que el diario Público desvelase en febrero de 2009 que el hermano y el cuñado de González habían entrado en el accionariado de Tecnoconcret, la asociación Parque Sí en Chamberí presentó una segunda denuncia, acompañada de documentación oficial del Registro Mercantil, y en la que acusaba al expresidente madrileño de prevaricación, malversación de caudales y tráfico de influencias. Además, solicitaban a la Fiscalía una sencilla diligencia que hubiera destapado la trama corrupta. Sin embargo, Moix decide dar carpetazo a la nueva denuncia, sin practicar la simple indagación, al considerar que no existía "indicio o rastro alguno que permita, siquiera, la más leve sospecha".

Y un año después, en 2010, la Fiscalía de Madrid que dirigía el actual jefe de Anticorrupción se opuso a la admisión a trámite de una querella, presentada también por la asociación Parque Sí en Chamberí, en la que se acusaba al entonces vicepresidente madrileño de cuatro delitos, entre ellos prevaricación y fraude. "Por los mismos hechos se presentó denuncia ante esta Fiscalía por la actual entidad querellante, lo que determinó la incoación de las diligencias de investigación nº 2/09, las cuales concluyeron en archivo tras la práctica de las diligencias que se consideraron esenciales para clarificar los hechos denunciados", sostuvo el teniente fiscal, Carlos Ruiz de Alegría Madariaga, en referencia al decreto de archivo de 2009.

3. González: "Un tío serio y bueno"

Moix desembarcó en Anticorrupción procedente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Su nombre no estaba exento de polémica. Como fiscal superior de Madrid, también intentó prohibir la divulgación de los correos secretos de Miguel Blesa, cuyo contenido ayudó finalmente en la investigación sobre las preferentes de Caja Madrid y las tarjetas black, al considerar que existían indicios de delitos de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos. Sonaba como un fiscal cómodo para un PP acorralado por los escándalos de corrupción.

Y su nombre parecía gustar, sobre todo, al exlíder del Ejecutivo madrileño. El mismo día que se conocía que Moix trató de frenar parte de la operación Lezo, también se conoció que el verano pasado la Guardia Civil había una conversación entre González y el exministro Eduardo Zaplana hablando sobre el posible nombramiento de Moix. Durante la charla, según publicó El Español, el expresidente de la Comunidad de Madrid definió al actual fiscal Anticorrupción como "un tío serio y bueno". "Yo creo que va a ser él, si sale es cojonudo", añadió González.

De todos los candidatos a ocupar el puesto, Moix era el único ajeno a esa más que sensible fiscalía especial. Sin embargo, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, terminó designándolo. Y lo hizo a pesar de que la Unión Progresista de Fiscales (UPF)le había alertado de que circulaba un rumor sobre el actual jefe de Anticorrupción: un sumario abierto en la Audiencia Nacional que incluía conversaciones grabadas que le señalaban por ejercer un supuesto trato de favor al PP.

4. La sociedad panameña de los Moix

Tras las continuas polémicas, la UPF decidió pedir la destitución de Moix en la reunión que el Consejo Fiscal celebró a comienzos de mayo, una petición que fue respaldada por los tres miembros de la asociación progresista pero rechazada por el resto. Una semana después, el Congreso de los Diputados reprobó, con los votos a favor de todos los grupos, salvo el PP, al ministro de Justicia, al fiscal general del Estado y al propio Moix por "poner el Ministerio de Justicia al frente de una estrategia de defensa de los corruptos del PP". Los tres continuaron en su puesto.

Sin embargo, ahora el fiscal se enfrenta a una nueva polémica. El pasado lunes infoLibre desveló que Moix es dueño desde el año 2012 del 25% de la sociedad panameña Duchesse Financial Overseas –el resto de acciones pertenecen a partes iguales a sus hermanos Margarita, Pilar y José María–, creada por los padres del jefe de Anticorrupción en 1988 y propietaria de un chalé en el municipio madrileño de Collado Villalba valorado en 550.000 euros. La sociedad fue constituida por varios de los principales testaferros del paraíso fiscal, entre ellos, por ejemplo, Aida May Biggs, una mujer de 93 años que en abril de 2016 figuraba como testaferro en 17.539 empresas.

Moix, en declaraciones a los medios, ha intentado defenderse utilizando tres argumentos: que la compañía estaba "inactiva"; que no la habían podido disolver por "motivos económicos" ya que los "gastos de liquidación" no podía asumirlos alguno de los hermanos; y que se enteraron de la existencia de dicha sociedad en 2008. Ninguno de los tres era cierto: Duchesse Financial Overseas sigue con el status de "vigente" en el Registro Mercantil panameño; liquidar este tipo de sociedades cuesta entre 400 y 500 euros; y una de las hermanas de Moix entró como apoderada en la compañía en enero de 1988. Además, tal y como ha desvelado este miércoles este diario, asistió hace diez años a su padre en relación con el uso de la sociedad panameña.

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