Financiación del PP de Almería

Moreno mantiene en su Gobierno a la consejera andaluza investigada por una posible caja B del PP

La consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo (PP)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno (PP), mantiene en su Gobierno a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, tras haber sido citada para el mes de abril como investigada por un juzgado de Almería que sigue la supuesta financiación ilegal del partido en la provincia a través de una caja B. Crespo, imputada por sus actuaciones en 2009 como presidenta rotatoria de una asociación de ayuntamientos, afirma que aún no ha recibido el auto y niega cualquier implicación en irregularidades. En su defensa, este martes afirmó que tiene una casa "modesta", pagada con el "sudor" de su "frente". Ciudadanos, que comparte Gobierno con el PP, no exigió el cese ni la dimisión de Crespo, que previsiblemente no llegará a declarar en el juzgado almeriense porque es aforada. El resto de partidos cargó contra el presidente andaluz, que recibió acusaciones de incumplir su acuerdo de limpieza con Cs y de no aplicarse a sí mismo el rasero que aplica al resto.

El acuerdo de Gobierno firmado en diciembre de 2018 por los partidos de Juan Manuel Moreno (PP) y su vicepresidente Juan Marín (Cs) recoge lo siguiente: "Ciudadanos y el Partido Popular se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos en todas las instituciones andaluzas, tanto autonómicas como locales, que hayan sido o sean imputados formalmente por delitos de corrupción, hasta la decisión definitiva del órgano judicial". Al cierre de este texto, ni Moreno ni Marín habían hablado del caso.

El PP andaluz, a través de un portavoz, explicó que, además de las cuestiones de fondo que a su juicio exculpan a Crespo, no hay incumplimiento de dicho pacto porque el juzgado almeriense "no tiene jurisdicción para imputarla, tendría que ser el TSJA [Tribunal Superior de Justicia de Andalucía]". En cuanto a Cs, su portavoz, Edmundo Bal, no pidió el cese ni la dimisión, pero afirmó que "una vez se aclaren los hechos que fundamentan esta investigación", su partido "hará cumplir" el pacto.

Bal dio una de cal y una de arena. Por una parte, ganó tiempo: "En este momento la información con que contamos es que la consejera no ha recibido notificación alguna del juzgado. Desconocemos los hechos que se le imputan. Parece ser que se trata de hechos de un municipio [La Mojonera] y ella lo que está diciendo es que en aquel momento no era alcaldesa. Necesitamos por lo tanto ahondar en estas explicaciones". Por otra parte, avanzó una posición firme de cara al futuro: "En el pacto de gobierno que Cs tiene con el PP está por escrito la necesidad de la limpieza democrática. Nadie con la más mínima sospecha o sombra de duda con respecto a la limpieza de su proceder en los cargos públicos que haya podido desempeñar puede formar parte de un Gobierno del que Cs sea socio. Así que una vez que se aclaren los hechos que fundamentan esta investigación por parte de la justicia penal, Cs hará cumplir el acuerdo".

¿Significa eso que si llega a ser citada por el TSJA pedirá su dimisión? Se verá.

Una supuesta caja b

El caso que afecta a Crespo es una posible financiación ilegal a través de caja b del PP de Almería a través del supuesto pago de comisiones de la constructora Hispano Almería a ayuntamientos gobernados por el partido. La Policía Nacional entregó en 2020 en el juzgado número 3 de Almería dos informes, con 765 páginas en total, sobre la actividad de esta constructora. La Policía repasa 62 adjudicaciones entre 2000 y 2010 [ver aquí información en detalle]. Había, según la UDEF, un sistema de “gratificaciones” por las obras concedidas, que salían de la “caja fuerte” de la empresa en forma de “reintegro físico”, siempre según la Policía Nacional. La Policía Nacional afirma que de la caja B de Hispano Almería salió dinero “para financiar campañas electorales”.

Los hechos investigados podrían ser constitutivos de los delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias , negociaciones prohibidas y organización criminal, según el auto del juzgado almeriense.

La explicación de la consejera

La imputación de Crespo viene causada por su papel como presidenta de la Asociación de Promotores Turísticos del Poniente en 2009, según se desprende de la investigación de la UDEF. Ese año Crespo, siendo también alcaldesa de Adra (Almería), firmó un convenio con el Ayuntamiento de La Mojonera para la construcción del Museo de la Agricultura. La construcción fue adjudicada una UTE de la que formaba parte la empresa investigada. La Fiscalía solicitó en un escrito de 14 de diciembre que se le tomase declaración en calidad de investigada. Ana Belén Vico, titular del juzgado de instrucción 3 de Almería, lo hizo en un auto de 21 de diciembre, adelantado por El País.

La Consejería de Agricultura explica que Crespo recurrirá el auto y que está "tranquila" porque "siempre actuó conforme a la ley y al procedimiento”. "Crespo firmó un convenio con la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía para un plan de acción del Poniente Almeriense. El secretario de la asociación era el alcalde de Vícar (PSOE). Dentro de ese plan estaba la construcción del Museo de la Agricultura en el municipio de La Mojonera. La presidencia de la asociación era rotatoria entre alcaldes de la comarca y Crespo la ocupó circunstancialmente como alcaldesa de Adra. Crespo dejó la Alcaldía de Adra en 2011. Una juez investiga la construcción del Museo de la Agricultura de La Mojonera, que era una de las iniciativas englobadas en el plan turístico. La responsabilidad sobre la adjudicación y la construcción del Museo era del Ayuntamiento de La Mojonera y la de fiscalización, de la Junta de Andalucía, que cofinanciaba el proyecto", expone la consejería, que recalca que, cuando el Ayuntamiento de La Mojonera adjudica la obra, Crespo ya había dejado de ser alcaldesa de Adra y presidenta de la asociación, "por lo que no pudo tener conocimiento de ello ni responsabilidad alguna en lo que se investiga". Concluye el equipo de Crespo: "El asunto no va a ningún lado por el fondo, pero tampoco puede ir a ningún sitio por la forma, ya que Carmen Crespo, al ser diputada y consejera, está sometida a la jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)".

La propia Crespo compareció este martes tras el Consejo de gobierno en rueda de prensa y, antes de las preguntas de los periodistas, se refirió el caso: "Estoy absolutamente tranquila. Muy tranquila [...]. Como todos los andaluces medios, tenemos una casa, soy una afortunada, muy modesta, que la he pagado con el sudor de mi frente, de mi trabajo. Por tanto no tengo nada que esconder".

La consejera explicó que la asociación que ella presidió de forma "rotatoria" e "institucional" no adjudica obras. "Los hechos son contundentes, muy claros. Siempre he actuado conforme a la ley", afirmó Crespo, que señaló que en 2014 la Junta de Andalucía, en la etapa del PSOE, "dio el visto bueno a la construcción del museo y al destino de la subvención". "El señor Marín y el señor Moreno están tan tranquilos como lo está esta consejera", concluyó, ya a preguntas de los periodistas.

Críticas de la oposición

El PP salió a arropar a Crespo cargando contra el PSOE por los casos de los ERE y Faffe. El portavoz adjunto del partido, José Ramón Carmona, afirmó que "es una broma de mal gusto" que el PSOE "se atreva justo hoy a hablar de corrupción”, por ser el día de los Santos Inocentes. El presidente Moreno no se pronunció sobre el caso, que implica una investigación penal que afecta a una consejera del Gobierno que preside.

Todos los partidos fuera del Gobierno cargaron contra Moreno, que tanto en la oposición como en la presidencia ha hecho bandera de la limpieza y ha tratado de contrastarla con el historial del PSOE, afectado por el caso de los ERE.

Vox, aliado parlamentario del PP y Cs durante la primera mitad de la legislatura, hoy en campaña contra ambos partidos pero sin descartar pactos con Juan Manuel Moreno tras las próximas elecciones, subrayó que el mantenimiento de Crespo supone un incumplimiento del acuerdo entre las formas gobernantes. "¿Por qué Moreno Bonilla todavía no ha cesado a su consejera de Agricultura tras haber sido imputada por la caja B del PP en Almería?", preguntó su portavoz, Manuel Gavira. El parlamentario Francisco Ocaña mostró su "preocupación" por la investigación a Crespo por la "caja B del PP de Almería" y exigió a Moreno "elecciones inmediatas", porque los andaluces "merecen un Gobierno sin corrupción". "Ahora empezamos a entender por qué el Gobierno de Juanma Moreno se niega a levantar las alfombras", afirmó.

La oposición de izquierdas cargó unánimemente contra Moreno. El PSOE exigió "explicaciones" al presidente sobre "la Gürtel andaluza". El secretario de Organización del PSOE-A, Noel López, afirmó que Moreno tiene “la oportunidad de no esconderse y de aplicarse el mismo nivel de exigencia en transparencia y ejemplaridad que pide a otros partidos”. López recalcó que "no se investiga a personas particulares que actúan de manera aislada, sino una trama supuestamente ilegal de financiación que a nivel nacional ya ha sido juzgado y que repetiría esquema de funcionamiento”. “De confirmarse estos extremos investigados por la jueza estaríamos ante una Gürtel a la andaluza sentada todos los martes en pleno consejo de Gobierno andaluz. Es una situación muy delicada sobre la que no cabe otra cosa que Moreno Bonilla se coloque al frente y dé todas las explicaciones”, añadió.

Unidas Podemos (PSOE-IU) y Adelante Andalucía, la formación liderada por Teresa Rodríguez, pidieron el cese o dimisión de Crespo. Martina Velarde, líder de Podemos, reclamó al presidente Moreno que "cese de inmediato" a Crespo para "no utilizar la condición de aforada de la consejera para entorpecer la labor de la justicia". En opinión de la líder de la confluencia, "esta imputación no pilla a nadie por sorpresa" al afectar a un partido cuyas "fechorías" incluyen la destrucción de discos duros para ocultar pruebas, el espionaje ilegal y el uso sistemático de sobresueldos y cajas B", afirmó. Toni Valero, coordinador andaluz de IU, también pidió la salida de Crespo: "No hay PP bueno. Moreno Bonilla tiene que dar explicaciones y la consejera abandonar su puesto".

“Nos parece que las personas que tienen bajo su responsabilidad la gestión de dinero público tienen que estar libres de cualquier sospecha del mal uso de fondos públicos y en este caso hay una imputación como acusada por un caso de mala gestión en el ámbito de la agricultura” afirmó Teresa Rodríguez, que sugirió un abandono "temporal" de su cargo.

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