Nace una plataforma en Madrid para buscar "verdad y justicia" en lo sucedido en las residencias
"Tras casi dos años esperando verdad y justicia sobre las residencias de mayores, ni una ni otra llegará si no es por la presión de la sociedad". Por eso nace la plataforma Verdad y Justicia en Madrid, una nueva asociación formada por vecinos de la Comunidad "a título particular" que, acompañados de las organizaciones sociales que quieran unirse, buscarán conocer qué ocurrió en las residencias de mayores en la primera ola de la pandemia, cuando murieron 7.291 personas en los propios centros sin ser trasladados a un hospital para recibir atención médica, 5.795 de ellos con covid. La plataforma se presenta este miércoles 18 de mayo a las 11.00 horas en la librería Traficantes de Sueños, en Madrid, y el acto será presentado por Victoria Zunzunegui, epidemióloga; Manuel Rico, director de investigación de infoLibre y autor del libro ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias; Mercedes Huertas, familiar de una persona fallecida, y Rosa María García, trabajadora de una residencia.
La propuesta de creación de la organización, según explican en la convocatoria de la presentación, proviene de otras que ya llevan parte del mismo camino andado, como Marea de Residencias; otras que tienen experiencia en la lucha por su colectivo, como la Plataforma de Afectados por Hepatitis C (PLAFH); y otras sanitarias como el Movimiento Asambleario de Trabajadores de Sanidad (MATS). Verdad y Justicia está amparada, además, por Amnistía Internacional, que ya documentó en distintos informes la vulneración de los derechos de los mayores usuarios de residencias durante la primera ola. Por ejemplo, la ONG denunció, en diciembre de 2020, que los ancianos vieron vulnerados su derecho a la salud, a la vida, a la no discriminación, a la vida privada y a una muerte digna. Además, a pesar de la gravedad de los hechos, 9 de cada diez investigaciones penales de la Fiscalía han sido archivadas.
Por eso se constituyó la plataforma. Y porque la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid no salió adelante por el veto del PP y la abstención de Vox. "Ni por lo político ni por lo judicial se están investigando unos hechos tan graves. Por eso constituimos Verdad y Justicia", explica Javier Cordón, jubilado y miembro de la plataforma. "Queremos dirigirnos a la sociedad, porque si desde las instituciones no se investiga, tendremos que presionar para que esto avance", añade.
Esos son sus planes: primero, que la justicia y la política se pongan manos a la obra. Que no se archiven las querellas y que la comisión de investigación salga adelante. ¿Y si no ocurre? Lo harán ellos mismos. "Si no logramos que se investigue, seremos los ciudadanos los que hagamos esa comisión para investigar lo que pasó", dice Cordón, que añade que, no obstante, esperarán. "Preferimos que lo hagan las instituciones", dice.
Por ahora, la organización cuenta con el apoyo, a título particular, de 112 personas, entre las que se encuentran el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña; la periodista Maruja Torres; los actores Alberto San Juan y Victoria Peña; el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, y otros sanitarios, trabajadores de residencias y familiares de mayores fallecidos durante las peores semanas de la pandemia de covid.
Un 'Protocolo de la vergüenza' y una situación que vuelve a ser la de antes
¿Qué quieren que se investigue? En primer lugar, la existencia del Protocolo de la vergüenza desvelado por infoLibre. "Los días 18, 20, 24 y 25 de marzo de 2020, la Consejería de Sanidad de Madrid emitió unos protocolos por los que se impidió trasladar de las residencias de mayores a los hospitales a las personas más vulnerables. [...] Hechos tan graves, ni han sido investigados ni, en su gran mayoría, juzgados", relata la convocatoria de la presentación de la asociación. "Ninguna sociedad sana puede pasar página o dejar de reaccionar. La gravedad de lo sucedido es doble: por su falta de ética y por sus consecuencias prácticas. No se podrá conseguir una atención humana y digna en las residencias mientras no se depuren responsabilidades", añaden.
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El Gobierno madrileño siempre ha ocultado ese protocolo. La diputada socialista Lorena Morales solicitó al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso "todos" los destinados a las residencias de mayores "emitidos tanto desde la Consejería de Sanidad como desde la Consejería de Familia, Juventud y Política Social" desde marzo de 2020 hasta enero de 2022. El Ejecutivo le ha remitido, como publicó infoLibre, cerca de medio millar de páginas con documentos en los que se aborda desde cómo debían actuar los conductores y trabajadores de transporte y rutas de los centros sociosanitarios hasta cómo tenían que comunicarse los fallecimientos o realizarse las pruebas diagnósticas en los geriátricos.
Ninguna mención al Protocolo de la vergüenza. El Ejecutivo de Ayuso defendió inicialmente que aquel documento no era más que un "borrador". Sin embargo, el hecho de que aquel protocolo esté firmado por un alto cargo del Gobierno regional y que fuera enviado a los responsables de aplicarlo en los hospitales tiró por tierra esa teoría. Igual que los datos. Los tres días con menos traslados a hospitales de Madrid fueron el 20, 21 y 22 de marzo, justo después de la aprobación del Protocolo.
"Lo que queremos conseguir con la plataforma es un asunto del pasado, porque queremos que se aclare todo lo que ha pasado, pero también un asunto del futuro. Si no hay cambios ni humanización en las residencias, seguirá todo igual", sentencia Cordón.
