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Radiografía de los castigos a las residencias madrileñas en pandemia: 57 sanciones y menos de un millón de euros

Una residente de una residencia de ancianos de Madrid.

Las residencias fueron la zona cero del azote del coronavirus. Y así lo atestiguan los datos. Casi una de cada tres muertes registradas como consecuencia del covid a lo largo de estos dos últimos años se han producido en los geriátricos españoles. Son centros que ya arrastraban un cúmulo de deficiencias que la pandemia terminó poniendo de manifiesto. Entre otras, en materia sancionadora. Sin embargo, la crisis sanitaria no ha supuesto un cambio radical en este sentido. Al menos, en la Comunidad de Madrid. La región presidida por Isabel Díaz Ayuso apenas contaba a cierre de 2021 con cinco inspectores más que en el año prepandemia. Y no se aprecia un incremento sustancial ni del número de sanciones interpuestas ni de la cuantía media de las mismas. En estos dos últimos años, el Gobierno regional ha impuesto 57. El total de todas ellas no alcanza el millón de euros.

El 2020 fue un año durísimo en los geriátricos de la Comunidad de Madrid. Según los datos revelados en su momento por infoLibre, solo en los meses de marzo y abril fallecieron 9.470 residentes –5.795 con covid confirmado o síntomas compatibles–. El 77% de ellos perdieron la vida en la propia residencia, sin ser trasladados a un hospital. El agujero negro dejó miles de familias rotas, que denunciaban por todos los medios a su alcance la situación de desatención que se vivían en algunos de estos centros. A pesar de ello, las autoridades solo interpusieron durante aquel año 16 sanciones a geriátricos de la región. La cuantía total de todas aquellas multas ascendió a 243.029,80 euros. Es decir, que el apercibimiento medio se situó durante en algo menos de 15.200 euros.

Los datos son oficiales. Y proceden de una respuesta del Gobierno madrileño a una petición de información hecha por la diputada del PSOE Lorena Morales. Sin embargo, el Ejecutivo de Díaz Ayuso evita ofrecer todos los detalles solicitados por la parlamentaria. Por ejemplo, no aporta desglose por centro de las diferentes sanciones impuestas ni tampoco los motivos de cada una de ellas –solo hace un copia y pega de los artículos de la Ley en los que se ponen negro sobre blanco los distintos tipos de infracciones–. Sin embargo, según reveló en su momento elDiario.es, durante aquel año se impusieron castigos por reincidencia, falta de personal, sobreocupación de espacios comunes y dormitorios o por no tener el geriátrico en condiciones adecuadas a nivel de mantenimiento, higiene o salubridad, entre algunas otras infracciones detectadas.

La actividad sancionadora se incrementó, sin embargo, durante el segundo año de pandemia. Al menos, en lo que tiene que ver con el número de multas. A lo largo de 2021, según las cifras del Ejecutivo regional, se impusieron 41 sanciones por un montante de 561.433,80 euros. El castigo medio fue, por tanto, de unos 13.700 euros, algo menos que durante el ejercicio anterior. Medios como El Independiente informaron, entre otras, de una multa de 58.000 euros a la empresa gestora de un geriátrico, acompañada de la inhabilitación por un lustro de su director, por no haber facilitado "información diaria veraz" sobre la situación sanitaria durante la segunda ola de la pandemia. Un castigo, no obstante, que la empresa se mostró dispuesta a recurrir en los tribunales.

Entre los dos años de crisis sanitaria las autoridades madrileñas han impuesto, por tanto, 57 sanciones por 804.463 euros en residencias de la región. Morales se centra, sobre todo, en los datos de 2020. No entiende cómo es posible que durante "aquel terrible año", mientras los familiares acudían "desesperados" ante la justicia, se registrase una cifra tan baja de castigos en los geriátricos. "Una muestra más del abandono de la Comunidad de Madrid hacia las personas mayores en aquellos duros momentos y de porqué la presidenta no permite que se investigue ni quiere depurar responsabilidades sobre lo sucedido en las primeras olas de la pandemia en las más de 500 residencias que hay en nuestra región, un 95% de ellas en manos privadas", sentencia la diputada socialista en conversación con este diario.

3,9 millones desde 2015

No es raro que la cifra de sanciones registrada en el año negro de la pandemia sorprenda a Morales. Al fin y al cabo, es la más baja de los últimos siete años, según los datos facilitados por el Ejecutivo regional. Del mismo modo, tampoco las cifras de 2021 suponen un incremento a destacar respecto a lo que sucedía antes de que llegara el coronavirus. De hecho, forma parte de la tónica habitual. Quitando 2019, con 21 multas, en el resto de años previos el número de sanciones siempre ha rondado la cuarentena: 43 en 2018, 45 en 2017 y 41 en 2016 y 2015. Eso sí, con una diferencia sustancial en estos dos últimos casos: que la sanción media se situó entonces en más de 18.000 euros, frente a los casi 13.700 de 2021.

En los últimos siete años se han puesto, por tanto, 248 sanciones por un importe total de 3,9 millones de euros.

Las multas a las empresas que prestan servicios sociales se recogen tanto en la ley de dependencia estatal como en las diferentes normas autonómicas. En la mayoría de las regiones, los castigos más duros pueden llegar hasta los 600.000 euros. Una cifra que ofrece una sensación de dureza que luego siempre termina chocándose de frente con la realidad. Por lo general, los castigos que terminan imponiéndose en los diferentes territorios no suelen ser contundentes. Según los datos recopilados en el libro ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias (Planeta, 2021), entre 2014 y 2019 el 54,1% de las sanciones no superaban los 6.000 euros, mientras que el 37,2% se movían entre los 6.001 y los 30.000 euros. Por contra, los castigos de más de 60.000 euros apenas representaban el 2,7% del total.

Cinco inspectores más que antes de la pandemia

Otro de los problemas que siempre se han puesto sobre la mesa es el que tiene que ver con la plantilla de inspectores. Hay muy pocos. Y aumentan muy lentamente. En el caso de la Comunidad de Madrid, cerró 2021 con 27 técnicos destinados a inspeccionar los centros y servicios sociales de la región. Son solo cinco más que antes de la pandemia –en 2019 se situaba en 22–. No obstante, a mediados de marzo el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid dio luz verde a la creación de varios puestos de trabajo adscritos a la Subdirección General de Inspección de Centros y Servicios Sociales.

En la era precovid, Madrid estaba entre las regiones con mayor ratio de plazas por inspector, según los datos recogidos en ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias. Entonces, por cada profesional había 2.384, frente a los 1.686 de media a nivel nacional. Solo Extremadura, Galicia y Asturias presentaban, en este sentido, peores datos que la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso: 3.502, 2.788 y 2.469 plazas por inspector, respectivamente.

El refuerzo de las plantillas de inspección es uno de los asuntos que están encima de la mesa en la negociación que el Gobierno, a través del Ministerio de Derechos Sociales, está manteniendo con comunidades autónomas, patronales, sindicatos, asociaciones y expertos del sector para diseñar un nuevo modelo de cuidados. En el borrador de febrero, el Ejecutivo propuso fijar un inspector por cada 25 residencias, en lugar de por cada treinta. Un mínimo que, sin embargo, ha desaparecido de la última propuesta planteada, donde se expone que "las administraciones competentes contarán con servicios públicos de inspección suficientemente dotados". Un cambio, desvelado por El País, que se introduce tras las reuniones mantenidas con las diferentes regiones. ¿El motivo oficial? Que el control no solo se realiza a través de los inspectores.

El Gobierno oculta el protocolo

La diputada socialista también quiso indagar en el tema de los protocolos. En concreto, solicitó al Gobierno madrileño "todos" los destinados a las residencias de mayores "emitidos tanto desde la Consejería de Sanidad como desde la Consejería de Familia, Juventud y Política Social" desde marzo de 2020 hasta enero de 2022. El Ejecutivo le ha remitido cerca de medio millar de páginas con documentos en los que se aborda desde cómo debían actuar los conductores y trabajadores de transporte y rutas de los centros sociosanitarios hasta cómo tenían que comunicarse los fallecimientos o realizarse las pruebas diagnósticas en los geriátricos.

Pero el Gobierno oculta en su respuesta el protocolo que en plena primera ola de la pandemia prohibió trasladar a hospitales a determinados residentes. Entre los criterios impuestos en ese documento, desvelado por infoLibre, se incluyeron algunos relacionados con la discapacidad física o mental. El Ejecutivo de Ayuso siempre defendió que aquel documento no era más que un borrador. Sin embargo, el hecho de que aquel protocolo esté firmado por un alto cargo del Gobierno regional y que fuera enviado a varios centros sociosanitarios tiran por tierra esa teoría. Igual que los datos. Los tres días con menos traslados fueron el 20, 21 y 22 de marzo, justo después de la aprobación del Protocolo.

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