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CONTRATOS BAJO SOSPECHA

"Llegaremos hasta el final por la vía política o jurídica": la oposición carga contra los contratos con Sigma Dental

De izquierda a derecha, los portavoces de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos: Juan Lobato, Mónica García y Carolina Alonso.

La oposición parlamentaria en la Asamblea de Madrid redoblará los esfuerzos para arrojar luz sobre los contratos adjudicados por el Ejecutivo regional a la empresa Sigma Dental y atribuidos falsamente por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a una firma con un nombre idéntico afincada en Granada. "No sabemos qué ingrediente de película de gánsteres falta ya alrededor de todos estos contratos relacionados con el coronavirus", apunta en conversación con este diario Mónica García, portavoz de Más Madrid, quien recuerda que el PP "siempre ha usado" la contratación como "herramienta de beneficio personal", ya sea para, como ha ocurrido durante la pandemia, "beneficiar" a familiares como a "empresas amigas" y "empresarios en la órbita de la oposición venezolana". No obstante, deja claro que llegarán "hasta el final". Por cualquier vía. Desde la política hasta la jurídica.

La oposición lleva días con el ojo puesto en estos expedientes. Es un asunto, desvelado por infoLibre, que les huele a "chamusquina". Primero, por el hecho de que el Ejecutivo autonómico atribuyese las adjudicaciones a una clínica dental granadina de nombre similar pero que no tenía absolutamente nada que ver con el beneficiario real de esos contratos. Y segundo, porque en las "facturas proforma" emitidas –el borrador de las definitivas–, firmadas tanto por el empresario venezolano Roger Swidorowicz como por un alto cargo de la administración madrileña, aparece como destinataria final prevista para recibir los casi 40 millones por la compra de material sanitario una firma radicada en el paraíso fiscal de Panamá: Sigma Dental Plan Corp.

"El PP es una máquina de construir todo tipo de vericuetos oscuros, está en su ADN. Y cuando tienes esa necesidad de rodear algo de opacidad, es obvio que hay algo que esconder", señala al otro lado del teléfono la portavoz de Más Madrid, quien lamenta que la región sea "siempre noticia" por "este tipo de escándalos".

El bloque progresista lleva meses alertando sobre el uso que el Ejecutivo autonómico ha hecho de la contratación de emergencia. "Se ha aprovechado de la pandemia para que algunas empresas cercanas al PP hicieran negocio. Para ello, se han saltado todo tipo de parámetros legales", apunta Carolina Alonso, portavoz de Unidas Podemos. Por eso, el de Sigma Dental es "un caso más". "Se ha intentado ocultar que se ha favorecido a una determinada empresa de un opositor venezolano aportando datos fiscales de otra compañía. Una operación en la que estaba previsto que el dinero terminase en un paraíso fiscal. Es una situación lamentable, pero repetida", sostiene quien lleva la batuta del grupo parlamentario.

En la misma línea insiste Pilar Sánchez Acera, portavoz adjunta del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid. "Todos sabemos el tipo de condiciones que Panamá tiene como paraíso fiscal, donde se pierde la ruta del dinero y que habitualmente se utiliza para ocultar quiénes son los verdaderos propietarios de empresas o sus accionistas", apunta la diputada del PSOE.

Con todos estos elementos sobre la mesa, la oposición pretende llegar "hasta el final". "Lo intentaremos por todas las vías necesarias, ya sea la política o la jurídica", apuntan en Más Madrid. El bloque de izquierdas ya puso en marcha hace pocas semanas una ofensiva judicial vinculada a la contratación de emergencia. El punto de partida fue, justamente, la adjudicación de 1,5 millones de euros a la empresa de un amigo de la infancia de los Ayuso para la compra de mascarillas, una operación de la que se benefició el propio hermano de la presidenta por sus gestiones para conseguir los tapabocas y su transporte a España. Sin embargo, en la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción también se han incluido otro tipo de licitaciones, como las vinculadas a la puesta en marcha de la sala de prensa del Hospital Isabel Zendal.

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Las fuerzas progresistas son conscientes de que, a nivel parlamentario, no lo van a tener fácil para indagar alrededor de las relaciones comerciales entre la Administración regional y Sigma Dental. Básicamente, por la mayoría de bloqueo de la que goza la derecha en la Cámara regional. "Cuando somos testigos de un escándalo que afecta a la Comunidad de Madrid y registramos las peticiones de información o preguntas pertinentes para clarificar estos asuntos, todas ellas quedan inadmitidas por la Mesa. El objetivo: bloquear e impedir que cumplamos con nuestra obligación", asevera Vanessa Lillo, diputada de la coalición morada.

Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos registraron la pasada semana una batería de iniciativas centradas en todos estos contratos de los que ha informado este diario. La intención era conocer qué valoración hacía el Ejecutivo de esas adjudicaciones, qué criterios se siguieron en las mismas, cuántos contratos se habían formalizado con dicha compañía o por qué motivo se dio publicidad a un CIF que no se correspondía con la identificación del beneficiario real. En prácticamente todos los casos, la Mesa, en la que el PP tiene mayoría, ha frenado en seco las iniciativas. Y lo ha hecho por varios motivos. En algunos casos, alegando que los expedientes pertenecen a la legislatura pasada, la que finalizó con el adelanto electoral del 4-M. En otros, señalando que la iniciativa contenía "juicios de valor".

Sánchez Acera también denuncia el carácter "obstruccionista" del máximo órgano de control parlamentario. Al fin y al cabo, ya ha tumbado tres veces la iniciativa de la oposición de poner en marcha una comisión de investigación sobre los contratos de emergencia. Un órgano en el que, dice, se podría poner la lupa sobre las licitaciones relacionadas con Sigma Dental. "Desde cómo se contactó con ellos a cómo se realizaron finalmente esas transferencias", apunta. No obstante, seguirán insistiendo en ello. Con un recurso de amparo ante la Mesa y, si resulta necesario, acudiendo al Tribunal Constitucional.

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