Más Madrid propone blindar la transparencia en la publicidad institucional tras la investigación de infoLibre

Dos meses después de que infoLibre publicara la investigación Ayuso parte y reparte, que reveló la falta de criterios objetivos y la sobrerrepresentación de los medios de derechas en el reparto de la publicidad institucional de la Comunidad de Madrid, Más Madrid ha registrado una propuesta para cerrar el agujero legal que permite esa discrecionalidad.

La investigación de infoLibre documentó que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso destinó 23,96 millones de euros en 2024, la cifra más alta desde que existen registros, con un reparto que favorece de forma sistemática a los medios conservadores. De ellos, ABC y El Debate fueron los que más crecieron —un 67,7% y un 80,6% respectivamente frente a 2023—, mientras que medios progresistas como infoLibre, La Marea o CTXT volvieron a quedarse fuera del reparto, a pesar de superar en audiencia a otros medios que sí recibieron publicidad. 

En cuanto a las radios, esRadio y Radio Intereconomía fueron, en proporción a su audiencia, las más beneficiadas, mientras las emisoras de PRISA recibieron menos dinero que las de la Conferencia Episcopal pese a tener dos millones más de oyentes. El Ejecutivo de Ayuso también multiplicó por diez respecto a 2020 el dinero destinado a la cadena pública Telemadrid, convirtiéndola en la principal receptora de fondos de todo el plan de medios e impidiendo así que cerrara con pérdidas el ejercicio económico. El Gobierno de Ayuso destinó a Telemadrid 2,52 millones de euros, más de lo asignado en los anteriores cuatro años juntos y más del doble que lo destinado a El Mundo, el segundo medio del ránking en 2024. 

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La iniciativa registrada por Más Madrid plantea modificar la Ley 10/2019 de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid para obligar al Ejecutivo autonómico a publicar con detalle los criterios de reparto, el impacto y los beneficiarios finales. El texto incorpora por primera vez la obligación de difundir los informes finales de cada campaña publicitaria —que ahora no se publican— con las impresiones estimadas y alcanzadas y una evaluación del impacto logrado. También exige publicar los criterios que justifican la inclusión o exclusión de medios y una identificación del receptor final del presupuesto asignado.

Según el borrador, toda esta información deberá ofrecerse “de manera accesible, interoperable, editable y reutilizable, veraz y gratuita”. Se trata de un nivel de transparencia que hasta ahora no existe en la Comunidad de Madrid, donde los planes de medios se publican de forma dispersa y sin criterios de reparto. Esto impide conocer con qué parámetros se destinan los fondos públicos y facilita que la cercanía ideológica de ciertos medios con el Gobierno reemplace a los criterios objetivos, como ocurre en el caso de Libertad Digital, el periódico de Federico Jiménez Losantos, que en 2024 recibió cuatro veces más dinero que eldiario.es a pesar de tener una tercera parte de su audiencia. 

Pablo Padilla, el diputado de Más Madrid que firma la propuesta junto a la líder de la formación, Manuela Bergerot, traslada a infoLibre que la reforma busca poner fin a la opacidad y el uso partidista de los fondos públicos destinados a publicidad institucional. El grupo sostiene que su propuesta permitirá fiscalizar “cada euro” destinado a los medios de comunicación de la Comunidad de Madrid, con la obligación de detallar quién lo recibe, para qué se utiliza y cuál es su impacto. Según explican, la iniciativa pretende garantizar un reparto “justo, objetivo y transparente” y evitar que la publicidad institucional pueda emplearse como herramienta de presión o de recompensa política.

Dos meses después de que infoLibre publicara la investigación Ayuso parte y reparte, que reveló la falta de criterios objetivos y la sobrerrepresentación de los medios de derechas en el reparto de la publicidad institucional de la Comunidad de Madrid, Más Madrid ha registrado una propuesta para cerrar el agujero legal que permite esa discrecionalidad.

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