Organizaciones de la UE batallan para erradicar los tribunales de arbitraje en los tratados de libre comercio

Organizaciones sociales europeas se han propuesto combatir a los tribunales de arbitraje que contemplan los tratados de libre comercio. El pasado 22 de enero más de 150 entidades pertenecientes a 18 países europeos se coaligaron en la campaña Paremos a las multinacionales. Stop ISDS. Es esta, precisamente, la figura que pretenden derrotar. Se denomina así por sus siglas en inglés (Investor-State Dispute Settlement) y consiste, exactamente, en lo que su propio nombre indica: se trata de un mecanismo incluido en muchos acuerdos comerciales y de inversión que sirve para solucionar las disputas que puedan originarse entre los Estados y los inversores extranjeros. Pero el problema es que este mecanismo consiste en un arbitraje y no en un litigio dirimido por los tribunales ordinarios de justicia. Por eso luchan contra él. Y es que esta herramienta, critican, "otorga el derecho a las empresas multinacionales a demandar a los gobiernos si consideran que están obstaculizando sus beneficios económicos".

Lucía Bárcena es portavoz de Ecologistas en Acción y coordinadora de la campaña. Y lo tiene claro. Estos tribunales deben desaparecer, dice en conversación con infoLibre. En primer lugar, porque pone al mismo nivel a un Estado y a un inversor y, en segundo, porque es un "mecanismo paralelo" a la justicia ordinaria "donde se garantiza la seguridad económica para las empresas". "Es una amenaza", llega a afirmar. 

Santiago González, economista de la Secretaría Internacional de la Unión Sindical Obrera (USO) —otra de las organizaciones que forman parte de la campaña—, se manifiesta en el mismo sentido. Incluso va más allá. Pide que ni siquiera se denominen como tribunales, sino como "despachos" o reuniones de abogados creadas ad hoc para solucionar los conflictos entre las multinacionales y los países en los que invierten. "Utilizan la palabra tribunal porque tiene una connotación de imparcialidad" que, denuncia, no es tal. 

Según denuncian los dos expertos consultados, los Estados tienen casi todas las de perder. Según los últimos datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), hasta 2017 se iniciaron al menos 855 procesos en un ISDS. Los inversores habían ganado alrededor del 60% de los casos. 

Las 150 organizaciones ven motivos más que de sobra para batallar estos tribunales. Han comenzado con una recogida de firmas y, en poco más de una semana, ya han conseguido más de 270.000 apoyos, según informa González. "Por el momento, la campaña ha sido un éxito", celebra. Pero no acabarán ahí. "Estaremos en la calle", asegura. Por ahora, el próximo 12 de febrero —cuando el Parlamento Europeo debata el acuerdo comercial con Singapur—, enviarán una carta a todos los parlamentarios europeos para que sean conscientes de que existe una fuerte oposición a este arbitraje y que, además, constituye una contradicción. "Plantean que la globalización tiene que estar regulada y firman cosas que consiguen todo lo contrario", critica. 

Lo que demandan es "la eliminación de estos tribunales en todas sus formas, salir de los tratados de comercio e inversión que contengan el ISDS u otro mecanismo parecido, y no firmar nuevos tratados de este calado en el futuro". Además, quieren "promover el establecimiento de un tratado vinculante de las Naciones Unidas sobre empresas transnacionales con respecto a los derechos humanos, así como establecer leyes europeas y nacionales para poner fin a la impunidad corporativa".

Tribunales opacos nacidos en los 60

¿Cómo funcionan? Imaginemos una multinacional energética registrada en un país A que tiene negocios en un país B. Ambos países firmaron un tratado de libre comercio y de inversión —o un acuerdo solo de inversiones — en el que se recoge el mecanismo ISDS. El país B decide de manera soberana legislar para abandonar la energía nuclear y la empresa, al cambiar las condiciones, decide demandar al Estado. Este ejemplo —el más sencillo, puesto que los acuerdos también pueden ser multilaterales— es real. Vattenfall, una multinacional sueca, ha demandado a Alemania dos veces, una vez por aplicarle medidas ambientales en una central de carbón y otra por su decisión soberana de salir de la energía nuclear, lo que podría costar miles de millones de euros a los contribuyentes alemanes. Este año se conocerá la sentencia. 

Pero lo cierto es que este mecanismo no es nuevo. "Surgen en la década de los 60, en los primeros acuerdos bilaterales de inversión", explica Bárcena. Muchas antiguas colonias de países occidentales comenzaban a independizarse y a reclamar su propia soberanía, pero los Estados que hasta entonces las controlaban se negaban a perder sus inversiones y, para protegerlas, crearon este sistema de "justicia paralela", según Bárcena. Las compañías argumentaban que no regía el Estado de derecho en estos territorios y querían una protección contra la expropiación, explica la plataforma ISDS. "Hoy día, los inversionistas y algunos Estados argumentan que los sistemas nacionales de justicia, tales como los tribunales, carecen de independencia", añade la web. 

Pero la denuncia de las organizaciones es radicalmente la contraria. Quienes carecen de independencia no son los tribunales ordinarios, sino estos arbitrajes. Y es que estarán formados por "expertos que podrán hacer o de abogados del Estado en cuestión unas veces o de las multinacionales otras", critica González. Técnicamente, según la norma, están formados por tres árbitros: uno nombrado por el Estado demandado, otro por la empresa y otro acordado por ambas partes. 

Los promotores de la campaña creen que, además, son innecesaros. Ya existen mecanismos de control. Los países tienen sus propios tribunales y sus propias leyes, "que deben ser respetadas por encima de todo", afirma Bárcena. "Además, hay tribunales europeos e incluso el propio Banco Mundial tiene seguros" para proteger a las multinacionales, aclara. 

Hay, además, otro problema: los Estados pueden ver limitada su capacidad legislativa. "Para no ser demandados, los Estados pueden no legislar por miedo a afectar a los acuerdos" de comercio o inversión firmados con otros países. Estos tribunales "ponen en un brete continuo a los países, que empezarán a temer legislar", añade González. 

Por supuesto, estos tribunales también tienen defensores. José Antonio Zamora, economista, defendió la existencia de los ISDS en una tribuna publicada en el diario El País en 2016. Según aseguró entonces, las críticas son "exageradas". Y es que siempre existieron, pero comenzaron a ser cuestionados cuando empezaron las negociaciones sobre el TTIP (el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos). "Si no se les ha prestado atención durante décadas cabe deducir, por lo tanto, que no han hecho en general daño", aseguró. En su opinión, funcionan como una seguridad al inversor y, en ningún caso, menoscaban la capacidad legisladora de los Estados, que no tienen por qué retirar la norma demandada. 

Uno de los aspectos más criticados del CETA

Los ISDS fueron, de hecho, el aspecto que más se criticó en la fase previa a la aprobación del CETA, el tratado comercial entre la Unión Europea y Canadá que este mes de febrero cumplirá dos años. Técnicamente, el acuerdo no contempla la figura de los ISDS. Pero de facto sí. Lo que incluye el CETA, en realidad, se denomina Sistema de Tribunal de Inversiones (ICS, por sus siglas en inglés).

El funcionamiento es parecido: se trata de un tribunal de arbitraje que resolverá las disputas entre inversores y Estados sin necesidad de acudir a los tribunales ordinarios. Según se recoge en el tratado, será elegido por un Comité Mixto formado por representantes de las dos partes, pero estará formado por 15 miembros y no por tres: cinco de los Estados de la UE, cinco de Canadá y otros cinco de terceros países. Pero en esencia, dicen los expertos, es lo mismo. "Tan sólo introdujeron la palabra corte para darle más imagen de tribunal", denuncia Bárcena. 

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De hecho, 15 organizaciones europeas publicaron en el año 2016 un informe en el que concluían que "el ICS no es más que la versión zombi del ISDS". "Cambiar las siglas. Esa es la principal estrategia de la comisaria europea de Comercio, Cecilia Mamström, para tratar de conseguir que uno de los apartados más polémicos del TTIP pueda salir adelante", aseguraron. Y es que estos tribunales fueron uno de los aspectos más conflictivos del tratado de comercio con Estados Unidos, que finalmente no se aprobó.

Fuentes del Parlamento Europeo, en cambio, aseguran a infoLibre que este sistema "debe ser un sistema similar a un tribunal ejecutable únicamente en condiciones específicas y compuesto por jueces que sigan procedimientos transparentes". "Es un sistema de resolución de disputas de inversión efectivo y más rápido que prevé normas para hacer el sistema más accesible a las pequeñas y medianas empresas", añadieron.

"Lo que queremos es que dejen de existir estos privilegios exclusivos de las multinacionales y haya mecanismos que les obliguen a cumplir con los derechos humanos, sociales, económicos y ambientales", sentencia Bárcena. Y es que, según recuerda su organización, "321 defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales fueron asesinados en 2018 por oponerse a abusos corporativos".