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Desahucios

La PAH de Madrid ve positivo el pacto PP-PSOE contra los desahucios pero avisa de que sólo es "un parche"

Luis de Guindos, ministro de Economía, y Pedro Saura, portavoz de Economía del PSOE, en el Congreso.

Ibon Uría

El Gobierno del PP y el PSOE han vuelto a pactar, en esta ocasión contra los desahucios. Conservadores y socialistas han decidido prorrogar por tres años más la moratoria de lanzamientos consecuencia de ejecuciones hipotecarias ya existente desde 2013 y ampliar los supuestos en los que se aplica. La PAH de Madrid, que había reclamado este paso, ha recibido con satisfacción el anuncio, pero advierte de que si no se adoptan con decisión más medidas contra la "estafa hipotecaria" esto no será más que "un parche".

La prórroga de la moratoria antidesahucios se aprobó este viernes en el Consejo de Ministros en forma de decreto-ley. El texto tiene garantizada su convalidación en el Congreso de los Diputados, toda vez que el PSOE ha anunciado que votará a favor. Fuentes del grupo parlamentario socialista argumentan que, fruto de la negociación que ha conducido el diputado Pedro Saura, han logrado que el PP acepte mejorar el texto vigente, que data de 2013 y se prorrogó 2015, de modo que en ausencia de una nueva extensión habría caducado el 15 de mayo de este año. "Este decreto responde al interés general", argumentó este viernes el portavoz de la gestora, Mario Jiménez.

Las principales novedades son dos: en primer lugar, la prórroga será ahora de tres años –hasta el 15 de mayo de 2020– y no de dos. Esta primera medida ya fue reclamada por la mayoría parlamentaria del Congreso de los Diputados, que el pasado 7 de marzo aprobó una proposición no de ley a iniciativa del PNV para instar al Ejecutivo a aprobar esta extensión de la moratoria. En segundo lugar, se amplían los supuestos en los que una familia es considerada vulnerable y tiene, por tanto, derecho a que se paralice el lanzamiento hipotecario: podrán beneficiarse las unidades familiares en las que el deudor esté en situación de desempleo –antes se exigía que hubiera agotado todas las prestaciones por desempleo–, aquellas donde haya un menor de edad –hasta ahora sólo se paraban los desahucios de familias con hijos menores de 3 años– y las monoparentales con hijos –con la norma actual sólo se paralizaba el lanzamiento si tenían al menos dos hijos–.

Además, el Ejecutivo también se compromete a proponer, en el plazo de ocho meses, medidas destinadas a que los deudores considerados vulnerables a los que se les haya ejecutado la hipoteca sobre su vivienda habitual puedan recuperar la propiedad del inmueble. El decreto, sin embargo, no precisará cómo se regulará ese mecanismo ni en qué condiciones se podría recuperar la titularidad sobre la vivienda, sino que se limitará a subrayar que se garantizará "un precio equitativo en la recuperación de la vivienda" y que "los acreedores compartan las pérdidas con los ejecutados", siempre según fuentes parlamentarias socialistas.

Finalmente, el Código de Buenas Prácticas al que están adheridas de forma voluntaria 93 entidades financieras contemplará a partir de ahora la opción de que los deudores en situación de vulnerabilidad que hayan perdido la propiedad de su vivienda puedan alquilársela al nuevo propietario, es decir, a la entidad financiera. El precio máximo anual del alquiler será del 3% del valor de tasación del inmueble, y el arrendamiento se extenderá por cinco años prorrogables hasta un total de diez, si existe acuerdo entre las partes

El ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó este viernes que confía en que el texto coseche un "apoyo muy amplio" en su convalidación en la Cámara baja y destacó que el número de desahucios ha caído en los últimos años. Según su departamento, desde la puesta en marcha de la moratoria se han beneficiado de ella 78.600 familias, de las que 24.000 han visto paralizado un lanzamiento, 45.600 se han acogido al citado Código de Buenas Prácticas y han visto restructurada su deuda (38.500) o aceptada su petición de acogerse a la dación en pago (7.000), y 9.020 han recibido una vivienda del fondo social de vivienda.

Un buen paso, pero insuficiente

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid recibió con satisfacción el anuncio de la prórroga, pero considera que es insuficiente y que hacen falta más medidas. En declaraciones a infoLibre, Feli Velázquez, una de las portavoces de la PAH de Madrid, se dijo aliviada porque "muchas personas que se habían acogido a la moratoria" podrán seguir beneficiándose de ella, lo que calificó de "excelente noticia". Velázquez agregó que el coste de no haber prorrogado la moratoria habría sido "tremendo", porque se habrían reactivado muchos procesos de desahucio que, por ahora, están paralizados y que afectan a familias que están "en situaciones de gran vulnerabilidad". Además, celebró como un "gran avance" que la moratoria se extienda a todas las familias con hijos menores y no sólo a las que tengan descendientes de menos de tres años.

Pero los activistas antidesahucios recuerdan que queda mucho por hacer. Velázquez detalló que entre los objetivos de la PAH de Madrid está una reforma integral de la ley hipotecaria para adaptarla a las sentencias de la justicia europea y para evitar que vuelvan a repetirse casos de "estafa hipotecaria", como los ocurridos con las cláusulas abusivas, las cláusulas suelo o el vencimiento anticipado –que en la mayoría de casos permite a los bancos reclamar el pago inmediato del total de la deuda tan pronto como el consumidor deja de pagar una cuota del préstamo–. "Eso sería una solución real", expresó Velázquez, que advirtió de que en ausencia de otras reformas, la extensión de la moratoria será sólo "un parche": "Si el Gobierno no hace nada más, esto se va a quedar en pan para hoy y hambre para mañana", resumió.

La portavoz de la PAH de Madrid señaló igualmente que es necesario acelerar al máximo la aprobación de medidas para que los consumidores que han perdido su vivienda puedan recuperarla. "La gente a la que se le ha ejecutado una hipoteca o que ha sido desahuciada ha sido, en la inmensa mayoría de casos, víctima de una estafa sin precedentes, y es prioritario que pueda recuperar su vivienda, que el Gobierno reconozca que no puede volver a suceder algo así y que haya juicios y castigos para los responsable", señala la activista, que no descarta que la plataforma organice "nuevas movilizaciones" para presionar al Ejecutivo en esta dirección.

Por último, pide medidas para quienes no pueden acceder a la compra de una vivienda y recurren al alquiler. Entre otras, la creación de "verdaderos parques de vivienda pública en alquiler" a precios "razonables en función de los ingresos", de modo que nunca se destine más del 25% de la renta al pago del inmueble, o la adopción de medidas de protección, similares a la moratoria que rige para los deudores hipotecarios, para estos consumidores, porque "han subido mucho los desahucios por alquiler".

Ligero descenso de los desahucios

Aunque como señala la propia Velázquez los desahucios "ocupan ahora mucho menos espacio en los medios de comunicación" y "parece que ya no existen", las cifras reflejan que "siguen siendo una realidad" y que la situación, en opinión de la portavoz de la PAH de Madrid, sigue siendo de verdadera "emergencia social".

La estadística sobre ejecuciones hipotecarias publicada por el INE refleja que en 2016 hubo un total de 41.129 procesos de ejecución hipotecaria sobre viviendas, lo que representa un 31,5% menos que en 2015, cuando se registraron 60.032. En ese ejercicio también se produjo una bajada con respecto a 2014, el primer año completo de la serie histórica, cuando hubo 70.422 procesos de ejecución hipotecaria.

De los 41.129 procesos iniciados en 2016, 11.581 se dieron en Andalucía, la comunidad que lideró esta clasificación, seguida de la Comunitat Valenciana (7.638), Cataluña (6.956), Comunidad de Madrid (3.498) y la Región de Murcia (2.582). La inmensa mayoría de ejecuciones fueron sobre viviendas de segunda mano (35.726) frente a las viviendas nuevas (5.403), y en aproximadamente dos tercios de los casos el titular de la vivienda era una persona física (26.954 ejecuciones, el 65,5%) y una una persona jurídica (14.175 ejecuciones, el 34,4%).

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En cuanto a los desahucios practicados, la estadística que publica el Consejo General del Poder Judicial no diferencia si el inmueble afectado es una vivienda o una propiedad de otro tipo. En todo caso, en 2016 se registraron 63.037 lanzamientos, un 6,4% menos que en 2015, cuando hubo nu total de 67.359. Por comunidades, los mayores descensos interanuales se dieron en Euskadi (-16,3%), Canarias (-16%) y Castilla-La Mancha (-11,3%), mientras que aumentaron en dos comunidades: Murcia (+11,4%) y Extremadura (+3,7%). Desde 2013, cuando se realizó por primera vez esta estadística, la cifra de desahucios anuales siempre ha estado entre los 60.000 y los 70.000: 67.189 en 2013, 68.091 en 2014, 67.359 en 2015 y los ya mencionados 63.037 en 2016.

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Nota: tras la publicación de esta información, representantes de la PAH estatal se pusieron en contacto con infoLibre para resaltar que la PAH de Madrid no forma parte de los encuentros estatales de la plataforma y que en la actualidad no guarda relación alguna con esta.

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