Perelló presiona a los vocales del CGPJ para que obvien la paridad en dos puestos clave del Supremo

La presidencia de la Sala Penal del Supremo, la que juzga a los políticos y demás aforados, y la de lo Contencioso-Administrativo, la que puede anular los actos del Gobierno y otras instituciones del Estado, como el propio Consejo General del Poder Judicial. Son los dos nombramientos de más alto rango que tiene que afrontar el CGPJ. El sector conservador los mantiene bloqueados tras haber conseguido colocar a sus dos candidatos en ambos puestos –Andrés Martínez Arrieta en la Sala de lo Penal y Pablo Lucas en la de lo Contencioso– por la vía de los hechos, al cubrir las vacantes por ser los magistrados más veteranos de cada una de ellas. Pero para cumplir la ley de paridad, al menos uno debe ser ocupado por una mujer. Los progresistas apoyan a dos magistradas: Ana Ferrer para la Penal y Pilar Teso para la de lo Contencioso. Pese a ello, la presidenta del órgano, Isabel Perelló, ya se ha pronunciado a favor de los candidatos de los conservadores en contra del criterio de la comisión de igualdad del Consejo. Y presiona a los vocales para que les den su apoyo.

Los diez vocales a propuesta del PP se niegan a ceder a los diez progresistas la designación de al menos una de las dos presidencias más trascendentes del alto tribunal, pese a que los procesos previos en los que se preseleccionaron los candidatos a cada una de ellas ya están concluidos y a que les correspondería proponer al menos una por mera aritmética en el órgano. Al apoyar a Martínez Arrieta y Lucas en esos procesos previos, los conservadores obviaron la ley que exige, desde agosto, que de las cinco presidencias de sala del Supremo, al menos dos sean ocupadas por mujeres para cumplir con el reparto equitativo entre sexos (40%-60%), según la interpretación sobre la norma que ha hecho el CGPJ.

La Sala de lo Civil y la de lo Militar están presididas por hombres, mientras que la de lo Social la dirige desde la semana pasada una mujer. Los vocales tienen el imperativo legal de nombrar para la de lo Penal o para la de lo Contencioso (o para ambas) a otra mujer. En caso de que finalmente se designara a dos hombres para ambos puestos en contra del mandato legal, ambos nombramientos podrían ser recurridos ante la Sala de lo Contencioso del Supremo, que, en su caso, podría anularlos, según fuentes progresistas.

Desde su llegada a la presidencia del CGPJ, Isabel Perelló ha mantenido el criterio de llevar solo al Pleno los nombramientos que ambos sectores hayan pactado previamente. Pero en el caso de las presidencias de la Sala de lo Penal y de lo Contencioso, ha anunciado a los vocales su intención de incluirlas en orden del día del próximo cónclave, que se celebrará el día 19, sin que haya acuerdo entre ambas sensibilidades. Los vocales a propuesta del PSOE y Sumar consideran que, con esa decisión, la presidenta busca únicamente meterles presión para aceptar el nombramiento de los candidatos de los conservadores. Aunque al nombrarlos el Consejo esté vulnerando la ley de paridad según el criterio de aplicación establecido por el órgano de gobierno de los jueces en diciembre.

El órdago de Perelló de llevar al Pleno los nombramientos sin estar pactados tiene, además, una segunda derivada que también perjudicaría al sector progresista. Si un candidato a un puesto es votado tres veces en el Pleno sin llegar a los tres quintos de votos necesarios (13 vocales), el nombramiento decae y el proceso debe empezar de nuevo desde el principio con una nueva convocatoria de la plaza a la que pueden concurrir nuevos candidatos. Si eso ocurriera con las presidencias de lo Penal y lo Contencioso, los conservadores podrían, esta vez sí, postular a mujeres para ambos puestos y superar el escollo que, para su estrategia, supone haber defendido la elección de dos hombres que ahora, con su bloqueo, mantienen en esos cargos en funciones. La Sala de Gobierno del Supremo ha calificado de "excelentes" a los cuatro candidatos (Ferrer, Arrieta, Lucas y Teso) con lo que dejar desiertas ambas vacantes tendría difícil explicación.

Fuentes del Consejo aseguran que la presidenta ha trasladado ya a algunos vocales su preferencia por los dos candidatos conservadores. Entre sus argumentos a favor de ellos está un supuesto pacto entre los magistrados de cada una de las salas para que Arrieta y Lucas fueran los únicos postulantes, un acuerdo tácito que Ana Ferrer y Pilar Teso, las candidatas progresistas, habrían incumplido al presentarse, según ese relato. Pero la decisión de quién ocupa la presidencia de cada una de ellas solo compete al Consejo y cualquier magistrado que cumpla con los requisitos legales puede postularse.

La comisión de igualdad del CGPJ aprobó el pasado diciembre un informe que establecía que la presencia equitativa de sexos que impone la ley de igualdad debía aplicarse al conjunto de presidencias de sala de cada tribunal y a los integrantes de cada una de esas salas. Sin embargo, Perelló encargó otro estudio a los órganos técnicos del Consejo que dictaminaron que la paridad debía aplicarse al conjunto total de nombramientos que realice el órgano de gobierno en sus cinco años de mandato.

Este martes, durante la inauguración de las jornadas anuales de presidentes y presidentas de tribunales superiores de justicia en Palma de Mallorca, Perelló defendió la labor del Consejo en la presencia equitativa de hombres y mujeres en la cúpula judicial. La presidenta recordó que el órgano ha realizado hasta la fecha 67 nombramientos “con un altísimo nivel de consenso y aplicando de manera eficaz criterios de paridad”, entre ellos los de 21 magistrados y magistradas del Tribunal Supremo, los de los presidentes de las Salas Primera y Cuarta del alto tribunal y los de los presidentes y presidentas de cuatro tribunales superiores de justicia.