Igualdad

Los permisos iguales e intransferibles que debate el Congreso pondrían a España a la cabeza de Europa en conciliación

La iniciativa a debate plantea un permiso de 16 semanas para cada progenitor.

El Congreso aprobó este martes por unanimidad el inicio de la tramitación parlamentaria de una proposición de ley de Unidos Podemos que prevé una nueva regulación de los permisos de maternidad y paternidad que otorga a cada progenitor 16 semanas que no pueden cederse de uno a otro y remuneradas con el 100% del sueldo. Actualmente, la madre tiene 16 semanas, 6 obligatorias y 10 voluntarias que son transferibles; y el padre, 4 a las que se sumará otra cuando se aprueben definitivamente los Presupuestos Generales del Estado de 2018. En las parejas homosexuales ocurre igual: uno tiene 16 y el otro 4.  

El texto, que emana de una iniciativa de la Plataforma Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA) y que puede sufrir cambios por las enmiendas que presenten los grupos, establece que las dos primeras semanas son simultáneas para ambos y tienen que ser disfrutadas tras el parto o la adopción. Las otras 14 pueden cogerse a largo de un año y de manera alternativa para posibilitar que se alargue el cuidado del menor. En todo caso, esta es una iniciativa que no ha hecho sino iniciar un trámite parlamentario que puede durar muchos meses. Los más inmediato será la presentación de enmiendas por parte de los grupos, donde seguro habrá debate. 

Eso sí, de aprobarse en los términos en los que la proposición fue presentada por la formación morada y sus confluencias, la nueva regulación situaría a España entre los países europeos que más promueven la implicación masculina en el cuidado infantil. De hecho, su objetivo principal es desmontar las asimetrías existentes en la actualidad y evitar que el cuidado de los hijos recaiga de forma mayoritaria sobre las mujeres, lo que acaba por tener efectos negativos en muchos ámbitos. 

Lo cree así Carmen Castro, doctora en Economía e investigadora especializada en Políticas Europeas de Género, que destaca que, de esta manera, se estaría eliminando la "falacia" de la supuesta libre elección, pues lo que ocurre en la actualidad es que las partes transferibles las siguen utilizando las madres de manera muy mayoritaria, lo que hace que la brecha siga existiendo. Los datos de la Seguridad Social confirman que no llega al 2% el porcentaje de parejas que comparten las diez semanas de baja. "Aprobar esta iniciativa nos pondría a la vanguardia de los países que apuestan por la implicación paterna en los cuidados", subraya. 

La experiencia de otros países que ya han recorrido un camino similar deja entrever que una medida como esta tendría consecuencias positivas en diferentes planos. La más inmediata, que se produce muy a corto plazo, es un "cambio de chip" del comportamiento masculino en relación a su ausencia del puesto de trabajo y a la implicación en los cuidados. "En España comprobamos este efecto de manera inmediata cuando se aprobó en 2007 el permiso intransferible de dos semanas para los padres, pues lo empezaron a utilizar más del 75% de los progenitores. Hasta entonces, no llegaban al 2% los que compartían parte del período transferible, como sigue ocurriendo ahora", explica. 

Tradicionalmente, el paradigma de sistema de permisos por nacimiento o adopción plenamente igualitario en términos de género ha sido el islandés. El país nórdico tiene desde el año 2000 permisos iguales e intransferibles de tres meses y otros tres que se pueden ceder. En 2012, a pesar del devastador efecto de la crisis financiera, aprobó por unanimidad llegar de forma progresiva a cinco meses para cada progenitor y otros dos más que se pueden ceder entre sí. Tras varios aplazamientos está previsto que se alcance ese objetivo el año que viene. Con esta regulación no extraña que Islandia sea desde hace nueve años el país con menor brecha de género según el Foro Económico Mundial.

Castro, que también es activista de la PPiiNA, alude precisamente al ejemplo de Islandia para acreditar cómo esta regulación de los permisos puede contribuir a diluir la penalización que tiene sobre el empleo el imaginario simbólico de que la responsabilidad del cuidado recae únicamente sobre las mujeres y de que van a ausentarse para asumir sus responsabilidades. "La consecuencia de ello es que se van reduciendo los indicadores de desigualdad de género", subraya. 

Estereotipos 

Por otra parte, la experta consultada sostiene que este tipo de políticas también pueden contribuir a "diluir el imaginario simbólico basado en la división sexual del trabajo y en estereotipos sexistas en la medida en la que las criaturas se socializan viendo referentes diversos a la hora de asumir las distintas responsabilidades" e incluso, más largo plazo, a "una socialización del cuidado, de la empatía, de tener en cuenta a la otra persona..." que tenga efectos sobre la disminución de la violencia machista

Volviendo a la comparación internacional, Islandia no es el único país que apoya especialmente la implicación de los padres en el que España pueda mirarse. Está el ejemplo de Noruega, o el de Suecia, donde los progenitores cuentan con 90 días intransferibles cada uno, además de otros 480 días transferibles, si bien en el 75% de los casos son las mujeres las que se los cogen. Castro explica que en estos países también se ha visto otro efecto muy positivo: que los hombres que se incorporan a los cuidados infantiles a través de los permisos intransferibles van asumiendo cada vez más responsabilidades de cuidado de personas adultas dependientes. 

En el grupo de países que más apoyan la implicación de los padres también está Portugal, que ha optado por un permiso parental genérico que también ofrece una perspectiva "muy buena", en palabras de Castro. Pasó de un modelo similar al que está en vigor actualmente en España a establecer tres meses para cada progenitor intransferibles y remunerados al 100%. Además instauró otros tres meses también igualitarios, pero remunerados sólo al 25%, lo que no convence de organizaciones como la PPiiNA pues entienden que este tipo de medidas contribuyen a consolidar la división sexual del trabajo. 

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