MIGRACIÓN
El plan inútil de la Comisión Europea para la crisis migratoria en Italia
La isla italiana de Lampedusa vio llegar en un solo día de la semana pasada a más de 7.000 migrantes económicos y solicitantes de asilo. El fin de semana el número de recién llegados superaba a la población de la isla, incapaz de darles los mínimos servicios. Mientras Italia los iba evacuando hacia el continente, la primera ministra Giorgia Meloni pidió a la presidenta de la Comisión Europea Úrsula Von der Leyen que viajara a la isla mediterránea para ver en primera persona la situación.
Von der Leyen prometió ayuda y la Comisión Europea presentó de urgencia un plan de 10 puntos, de los cuales la mayoría son un brindis al sol porque o se basan en políticas que siempre fallaron o chocan con la voluntad de los gobiernos, competentes en política migratoria.
Lampedusa, con apenas 7.000 habitantes, es una de las puertas de Europa cuando eres migrante y pobre, cuando vienes de África o de Oriente Medio. Como Lesbos, como Lanzarote y Fuerteventura. Islas que no quieren convertirse en campos de concentración de los migrantes que no quieren los países europeos pero que siguen llegando. En Lampedusa, Von der Leyen dijo que “la inmigración irregular es un desafío europeo y necesita una respuesta europea”. Pero la respuesta europea es, siendo amables, insuficiente, cuando no un trampantojo que repite las medidas que fallan desde hace décadas si lo que se persigue es evitar que lleguen migrantes.
El plan de 10 puntos, que podrían ser igual 9 que once pero si haces un plan con puntos debes ponerle un número redondo para no parecer falto de ideas, es un refrito de planes pasados que nunca funcionaron. Hay tres tipos de medidas: las meramente administrativas, las que no funcionan y las que funcionan violando derechos humanos.
El punto primero promete reforzar el apoyo a Italia. Se trata simplemente de enviar a Lampedusa más funcionarios de la Agencia Europea para el Asilo y de Frontex para que ayuden a la Administración italiana a procesar a los que llegan: datos personales o si piden o no asilo.
El punto segundo dice que la Comisión Europea apoyará el traslado de migrantes fuera de Lampedusa, “también a otros Estados miembro” usando el mecanismo de solidaridad en vigor y por el que este año se ha reubicado en toda Europa a unas pocas decenas de migrantes y que no ha sido usado por la mayoría de Estados miembro.
El tercero, aumentar la tasa de deportación de quienes son rechazados, lleva sin cumplirse desde hace décadas y siempre está en los planes. Aproximadamente se deporta a entre el 30% y el 35% de quienes reciben una orden de expulsión. El resto se queda de forma irregular, normalmente porque sus países de origen no los aceptan de vuelta. Prefieren que se queden en Europa enviando remesas.
El énfasis se pone también en las mafias, como si hubiera inmigración porque hay mafias y no fueran estas el transporte peligroso e ilegal que hace negocio porque no hay forma segura de llegar a Europa cuando no tienes papeles. Así, se promete aumentar la “prevención de salidas” firmando acuerdos con países de origen y tránsito contra las mafias de migrantes.
La Comisión Europea propone también a los Estados miembro que refuercen la vigilancia aérea en el Mediterráneo e incluso una misión naval ampliada y tomar medidas (en el norte de África, como si la Comisión pudiera) para impedir la logística de los viajes, principalmente impidiendo las cadenas de suministros para construir barcazas o comprar zodiacs.
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Bruselas quiere también poner en marcha campañas de información en el norte de África y en países de origen para que los candidatos a la migración se lo piensen otra vez antes de embarcarse.
O aplicar completamente el “Memorándum de Entendimiento” que Von der Leyen firmó con Túnez sin competencias para ello y que ha molestado sobremanera al Parlamento Europeo y a los ministros de Exteriores.
El servicio jurídico del Consejo Europeo considera que ese acuerdo no es válido porque Von der Leyen no podía firmarlo sin un acuerdo previo de los ministros que nunca hubo. Y hasta Josep Borrell, Alto Representante para la Política Exterior y vicepresidente de la Comisión Europea, reconoció que los gobiernos no habían sido consultados adecuadamente.
